La situación del departamento del Chocó no deja de ser la del terruño abandonado y al mismo tiempo súper-explotado, depredado digamos mejor, de siempre, por un Estado que sólo mira en el modo de saquear sus riquezas pero no en la manera de resolver las necesidades de su población. Aquí, la institucionalidad ha perdido toda legitimidad, en la medida en que esta se gana y se mantiene según se asuma o no la atención de las comunidades para darles, como diría Bolívar Libertador, la mayor suma de felicidad posible.
Abordemos el tema solo con algunos ejemplos elocuentes como el de la aguda crisis generada por la pandemia de la COVID 19 que ha elevado a términos de desastre el sistema sanitario que ya era precario, colapsándolo por completo. Vuelve a la mente con esto, la prometida construcción del hospital de tercer nivel pactado en el Acuerdo por la dignidad del pueblo chocoano en el marco del paro de 2017. Entonces, en vez de ver una novedosa infraestructura que permitiera paliar las ya endémicas necesidades de los chocoanos, a lo que se ha asistido es a la reciente intervención en junio pasado, del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, lo cual refleja la profunda crisis que padece el sistema de salud pública en el Departamento.
Pero este no es un asunto aislado sino parte del grave problema estructural de la miseria secular de este departamento comprometiendo aspectos de carácter socioeconómico, ambiental y humanitario que se pueden evidenciar con un simple paseo por cualquier de sus municipios, o desde cualquier oficina releyendo el decreto girado por el Ejecutivo Nacional en 2017, en el cual formula la creación de un comité intersectorial para la superación de la crisis. Todo en el papel es muy claro, pero las acciones de solución siguen ausentes mientras se multiplican la pobreza y el hambre, empujando a sus gentes hacia una economía sustentada esencialmente en negocios que se enmarcan en la ilegalidad: minería y narcotráfico, principalmente.
Al respecto, el fallido intento del tránsito de una economía ilegal hacia una legal, consignado en el Acuerdo final para el fin del conflicto pactado entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, quedó sepultado por la persistencia del Régimen, en su fracasada estrategia consistente en privilegiar la erradicación forzada en detrimento de la sustitución de cultivos de uso ilícito. La minería con retroexcavadoras sigue siendo el método de explotación aurífera hegemónico. La minería de bareque y la pequeña minería artesanal en general, parecieran ser cosa del pasado, profundizando todo ello la crisis ambiental que ha llevado después de tatas luchas tan solo a que nuevamente en el papel se consigne la sentencia de la Corte Constitucional T-622 de 2016 que declara al Río Atrato sujeto de derechos. ¿Pero cuales derechos si todo va de mal en peor por la ruta de la miseria que se les impone a los chocoanos?
Tal sentencia sufre el calvario del incumplimiento; en consecuencia la gestión hacia la recuperación del río al que supuestamente está obligada la casi totalidad de la institucionalidad, es solo un decir y uno de los más claros indicativos de la debilidad política e institucional existente. Y si queremos más indicadores concluyentemente digamos que en una tierra de pescadores, no existe coherencia en cuanto trazar una política pública pesquera que potencie el sector, tanto en cuencas como en ciénagas y en el mar pacífico.
Si vamos a un análisis más detallado, todo lo que aparecen son más y más expresiones de abandono: el Estado no promueve la construcción de las vías que interconecten las subregiones del Chocó, el mal estado de las vías Quibdó-Medellín /Quibdó-Pereira, da vergüenza y desesperación, agregando que la insólita falta de una salida al mar Pacífico en un territorio costero, atenta contra las posibilidades de un desarrollo integral del mismo partiendo de sus grandes potencialidades naturales.
Si queremos un punteo rápido que nos hable de otros déficit complementarios, podemos incluir que la industria turística se intenta fortalecer con proyectos que aún no despegan ni se ve que lo harán pronto; en materia de educación la característica reinante es el bajo nivel académico del estudiantado en todos los niveles, pero particularmente resalta el de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) que aunque ubicada en Quibdó, capital del Departamento, tiene la misión de extender su influjo hacia todo el territorio aledaño, a la región del Pacífico, al Eje Cafetero y a municipios del Departamento de Antioquia inclusive. Pero el abandono del Estado a la UTCH es tal, que la poca competitividad de sus egresados es hecho inocultable en un mercado laboral extremadamente exigente que prefiere discriminarlos a buscar soluciones para cualificar.
Por el lado del Sistema Judicial lo que encontramos son escandalosos fallos que se profieren en función de los intereses político de los clanes que hegemonizan la vida política del Chocó; es decir, el de los Sánchez Montes de Oca y el Cordobismo. Y a propósito de clanes valga anotar que una tercería política no termina de vislumbrarse en un escenario político departamental, excluyente y corrupto, en el que la izquierda institucional brilla por su debilidad y las expresiones organizativas desde lo social son tenidas a raya por la fuerza de la violencia política y la guerra sucia, obligando a sus pocas expresiones, entre ellas las sindicales, a sobrevivir entre la zozobra de la represión y la muerte, pues ninguna garantía hay de respeto a los derechos humanos en un escenario en el que la Policía Nacional está llena de funcionarios comprometidos con grupos delincuenciales. Donde lo más suave que ocurre es el matraqueo que deben soportar los rapimoteros.
En síntesis, la institucionalidad no muestra capacidad de frenar el asesinato de jóvenes en el marco de la puja entre diversas estructuras de la criminalidad, tal como ocurre con las llamadas Autodefensas Gaitanistas, Clan del Golfo o Urabeños, que innegablemente existen disputándole a los raizales chocoanos el acceso a recursos y el control territorial en un entorno donde imperan las “economías ilegales”.
Sin duda, ya del narcotráfico, ya de la minería, derivan relaciones sociales de producción esencialmente capitalistas engarzadas con las economías legales. Todo ello, dentro de un conjunto de procesos de alcances corporativos y trasnacionales para nada desligados de las acciones de despojo, desplazamiento forzado, alienación de las comunidades, desarticulación de sus formas organizativas tradicionales, en todo lo cual la mano del Bloque de Poder Dominante está metida asegurándose el manejo geo-espacial estratégico en función de la apropiación de las riquezas naturales. Con lo cual las comunidades no pasan a ser más que víctimas de un orden de dominación capitalista perverso impuesto a sangre y fuego en la región, respecto al cual apenas si logran intentar formas de resistencia.
Las pobrerías chocoanas y la misma clase media, tienen que redoblar esfuerzos por recomponer el tejido social, insistir en la convergencia hacia una alternativa de cambio radical de las costumbres políticas, vincular con determinación a las juventudes, dando rienda suelta a sus potencialidades y a su creatividad, ganar la calle como espacio de protesta, de movilización, de lucha. Reivindicarla como espacio de culturización, de generación de alegría, de felicidad y por consiguiente de mejoramiento del nivel de cultura política y de conciencia social. Lo que se exija en la calle es el reflejo de un profundo conocimiento de las particularidades de las problemáticas que asisten a cada territorio.
Es urgente y necesario promover la construcción de un pensamiento crítico, desde múltiples escenarios, que soporte una mentalidad insurrecta, de desobediencia civil que implique la exigibilidad de derechos, el no pago de los servicios públicos privatizados, impulsar la objeción a los medios de comunicación oligárquicos mentirosos; convertir lo artístico, lo cultural, lo deportivo en herramientas axiológicas, de construcción de valores, de conciencia social, de mejoría del nivel de cultura política, y de debate.
El llamamiento de la Resistencia Afro al grueso de la sociedad chocoana (negros, indígenas, chilapos y blancos de bien que no comulguen con la segregación y el racismo) es a que respalden y se unan a la lucha por la defensa del territorio, de los recursos naturales y riquezas, por la abolición de nuevas formas de esclavitud, por la dignidad y la paz de las gentes del Chocó, rechazando como ya en otros pronunciamientos se ha dicho, cualquier pretensión de actores al servicio de las oligarquías y las trasnacionales, como los Urabeños, de habilitar nuevamente sus abusos y la criminal práctica del desplazamiento para luego enriquecerse con el despojo, el desmembramiento del territorio ancestral, el saqueo de las riquezas naturales y el sometimiento de las comunidades de nuevo a la humillación de la era de los Castaño Gil, racistas criminales al servicio del establecimiento que sembraron el terror y el espanto de que son artífices hoy las tristemente célebres Autodefensas Gaitanistas que ahora pretenden someter a los chocoanos.
¡Desde Marquetalia hasta la victoria!
¡Juramos vencer y venceremos!
FRENTE RESISTENCIA AFRO CHOCÓ INSURGENTE
Julio 18 de 2020.