Las ciudades se han convertido poco a poco, en la otra cara olvidada del conflicto que vive Colombia desde el siglo pasado. A lo largo de más de cincuenta años, más de siete millones de desplazados víctimas del conflicto, más el despojo de tierras en el campo y la extinción de la vida campesina, han […]
Las ciudades se han convertido poco a poco, en la otra cara olvidada del conflicto que vive Colombia desde el siglo pasado. A lo largo de más de cincuenta años, más de siete millones de desplazados víctimas del conflicto, más el despojo de tierras en el campo y la extinción de la vida campesina, han servido para engrosar los «cinturones de miseria» que rodean las ciudades colombianas. Se trata de verdaderos «guettos», donde el Estado y las cámaras de la televisión no llegan, donde reinan la violencia, la miseria y la exclusión.
En el actual cese al fuego bilateral, temporal y nacional, pactado entre el gobierno de Santos y el Ejército de Liberación Nacional, cabe pensar ¿cómo llevar la paz y los «alivios humanitarios» a las ciudades? Lo que implica erradicar el ataque a los líderes sociales, el tratamiento de guerra a la protesta social y la criminalización de la pobreza. Sin embargo, existen grandes obstáculos a enfrentar.
La degradación humana en las urbes
Al igual que el campo colombiano, en las ciudades es impactante la ausencia del Estado, lo que causa una guerra que se vive en calles, barrios y comunas urbanas. Las periferias de las ciudades el Estado no garantiza derechos básicos para la población, como empleo digno, educación, salud y vivienda; allí todos sobreviven por debajo de la línea de pobreza.
Según el último informe de ONU Hábitat:
«América Latina es la región más desigual del mundo; los países de peor desempeño fueron Colombia, Costa Rica y Ecuador, y la ciudad de Colombia con una mayor distancia entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre fue Medellín» [1].
La ciudad capitalista neoliberal tiene dos caras, una la de las elites, privada, para consumo de una minoría, con centros comerciales, parques, y zonas exclusivas; mientras que, en la otra, la de los barrios populares y asentamientos ilegales sobreviven las grandes mayorías de la población.
De la limpieza social a la limpieza política
El conflicto armado y el narcotráfico son determinantes en la vida de los pobladores urbanos, a través de bandas locales que vienen funcionando como franquicias de grandes mafias nacionales e internacionales, como el ahora llamado Clan del Golfo o Urabeños, Águilas Negras, la Terraza o la Oficina de Envigado y miles de bandas locales, usadas todas por el Estado como su brazo paramilitar. En los últimos años el llamado Clan del Golfo viene expandiéndose desde Urabá, a ciudades como Medellín, Cali y Buenaventura enfrentando a otras bandas o anexionándolas, en un proceso de confederación similar al que llevó a la creación de los ejércitos paramilitares de hace 20 años.
El negocio principal es el narcotráfico, el micro-tráfico, el cobro de extorsiones y otro tipo delitos menores; por su gran poder económico y militar la criminalidad de los bajos fondos, ha subordinado las instituciones locales y regionales, ejerciendo como arma eficiente para controlar el territorio y su población. El desbordamiento de estas bandas en las principales ciudades ha llevado a una difícil situación humanitaria con persecución, asesinatos, reclutamiento, extorsiones, e imposición de fronteras invisibles.
En el Distrito de Agua Blanca en Cali, vive el 30 por ciento de los 2,1 millones habitantes que tiene esta, la tercera ciudad de Colombia; sus comunas figuran entre las más violentas, existiendo allí 3 mil jóvenes involucrados en 150 pandillas al servicio de la mafia, guerra que produce cientos de muertes al año, y hace que los jóvenes que allí viven, mueran antes de los veinte años [2].
En la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, presenta similares problemas, donde resalta la llamada «limpieza social», que oculta de fondo el fascismo y la criminalización de la pobreza, impulsada por las agencias represivas del Estado. Allí han sido asesinadas por lo menos 5 mil personas desde los años 80, y recientemente en Bogotá, se registran 189 casos, con 346 homicidios producto de esta modalidad criminal del Estado, donde un 28 por ciento de los casos ocurre en Ciudad Bolívar [3].
Medellín presenta por igual altos niveles de violencia, y es, además, una de las ciudades más desiguales de Colombia, a pesar de ser catalogada como «ciudad innovadora», ¿en qué? Es el resultado de la penetración del paramilitarismo, en una amalgama de carteles del narcotráfico y elites locales, con las que penetraron las instituciones estatales. A pesar de la supuesta desmovilización de los paramilitares hecha por Uribe, hoy Medellín es el mejor ejemplo de cómo funciona, la simbiosis de exclusión, narcotráfico y paramilitarismo, para ejecutar limpieza social y limpieza política.
Los herederos del paramilitarismo en Medellín mueven negocios por 40 mil millones de pesos mensualmente. ¿Cómo lo hacen?: Por el sistema financiero; Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda, dicen los investigadores de Kavilando [4]. De esta manera se articulan los negocios ilícitos con la ciudad capitalista, y al mismo tiempo el crimen organizado y las elites regionales.
No solamente las ciudades más grandes de Colombia vienen sufriendo los vejámenes del conflicto y el abandono estatal, pequeñas cabeceras y ciudades intermedias como Buenaventura, Tumaco, Quibdó y Río Sucio sufren los mismos problemas al convertirse en centros estratégicos de los corredores del narcotráfico, afectando totalmente la vida de sus pobladores. Los cuales abandona su territorio, costumbres y tradiciones para ser empleados y víctimas de esta gigantesca industria ilícita.
Disputa territorial
La presencia de bandas delincuenciales al servicio de grandes carteles, con un importante poder económico y control territorial, se constituyen en claros obstáculos para la movilización y la organización social; además del micro-tráfico y otros negocios ilícitos, estas ofrecen servicios contrainsurgentes y paramilitares, funcionales a los intereses del gran capital. Al ser caracterizadas como solamente «bandas criminales», el Estado no reconoce el móvil político en los asesinatos a líderes sociales, y sólo los cataloga como delincuencia común.
Raul Zibechi afirma que la elite dominante después de ganar la pelea en:
«las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa, pero con otros actores, como las pandillas que actúan sobre el legado de miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares…imponiendo orden patriarcal, racista, capaz de regular los mínimos intersticios de la vida cotidiana» [5].
El territorio es el principal objetivo en disputa, por lo que la población es la principal afectada, pero la que vienen cayendo mayoritariamente en la espiral de violencia, es la población joven. Recientemente vienen aumentando los asesinatos de líderes sociales y dirigentes de Juntas de Acción Comunal, como estas lo manifestaron el pasado 12 de noviembre, en una jornada nacional de protesta y movilización en rechazo de los crímenes contra líderes comunales y sociales.
Retos de una paz urbana
Las cifras demuestran cómo crece el empobrecimiento y la exclusión de las mayorías nacionales. El desempleo juvenil en Bogotá, es el más alto que el promedio de la ciudad: 15,1 frente a 9,3 por ciento. La informalidad juvenil, es decir empleo de baja calidad, supera el 24 por ciento. En cuanto a la educación 4 de cada 10 jóvenes no logran ingresar a la universidad, y cerca del 42 por ciento de los que terminan el bachillerato, no pueden ingresar al año siguiente a formación técnica, tecnológica o profesional. El Departamento nacional de estadística ha establecido que un universitario puede tardar hasta siete meses en conseguir un empleo [6].
La crisis del embarazo precoz se agrava a diario. Cuando llegan a los 20 años de edad, el 25 por ciento de las mujeres han estado embarazadas al menos una vez; mientras que el 11 por ciento quedó encinta antes de los 14 años y el 14 por ciento, entre los 15 y los 19. Son jóvenes las principales víctimas de homicidio: entre el 30 y el 40 por ciento [7].
El aumento de la delincuencia, la drogadicción y la prostitución significa que estamos en una sociedad y unas ciudades que tiene grandes deudas con sus niños y jóvenes; por la falta de oportunidades, de educación, salud y empleo, principales obstáculos estructurales por enfrentar, componente fundamental de este inmenso problema que vive Colombia y en especial el país urbano [8].
Notas