Volvieron. La semana pasada llegaron a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badajoz seis familias de uno de los barrios con más viviendas sociales de la Junta de Extremadura en la ciudad. El típico barrio de las afueras, humilde, lleno de víctimas del destierro social que supone la gentrificación. Llegaron […]
Volvieron. La semana pasada llegaron a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badajoz seis familias de uno de los barrios con más viviendas sociales de la Junta de Extremadura en la ciudad. El típico barrio de las afueras, humilde, lleno de víctimas del destierro social que supone la gentrificación. Llegaron con cartas como las que la Junta de Extremadura enviaba hace tres años.
En aquella ocasión vinieron dos mujeres en representación de los vecinos de otro de los barrios de las afueras con cientos de cartas a cientos de familias. O pagaban la mitad de lo que debían por impagos de su alquiler social en el plazo de un mes, o les echaban a la calle.
El PP había ganado las elecciones y, después de dos décadas en las que la administración del PSOE apenas había reclamado esas deudas -según las familias-, comenzó la política de desahucios masivos de la Junta de Extremadura. Éramos novatos. La PAH de Badajoz había comenzado a andar un par de meses antes y apenas habíamos ido a bancos a negociar, pero fuimos elaborando un plan de acción:
Colapsar los registros de la Administración. Los quincemayistas teníamos reciente la acción «DoRiYakiTú» -con la que intentamos colapsar la administración a base de reclamaciones en las elecciones generales del 20N-. Así que hicimos dos escritos, uno para recoger todas las firmas de las familias y de gente que mostraba su apoyo, y otro documento tipo, para que cada afectado lo rellenara individualmente. Los recopilamos todos y los presentamos a la vez en los registros de Fomento. Fuimos a los barrios más afectados, celebramos asambleas con todos los vecinos para explicarles qué había que hacer, movilizándoles para que se unieran. «Si estáis juntos en esto, la policía no os echará a ninguno», les decíamos. Ganamos tiempo con aquel colapso.
Coordinación regional. El problema nos sobrepasaba a nivel territorial. Éramos la única PAH en Extremadura, teníamos que empezar a tejer la red. Hablamos con compañeras de Cáceres que aún no habían dado el paso y les ayudamos a montar la PAH allí. Con ellas recabamos información sobre familias amenazadas de desahucio por la Junta en la ciudad y les pasamos material de la recogida de firmas de la ILP estatal para que pudieran darse a conocer. Nos imaginábamos que Aldea Moret sería uno de los barrios más afectados. Nos lo confirmaron. Hablamos con el colectivo de referencia en Mérida para todo tipo de luchas sociales: La Trastienda, (aún no existían los Campamentos Dignidad). Fuimos también a los pueblos, y encontramos miles de familias vulnerables, amenazadas de desahucio precisamente por quien debe garantizar el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada en Extremadura: la Junta. Pasamos los escritos para colapsar los registros de la Junta a Cáceres y Mérida y acordamos movilizaciones en las tres ciudades el mismo día, a la misma hora, con las mismas proclamas y el mismo mensaje, sumando miles de personas.
Hablamos con gente de los tres partidos con representación, a los tres niveles. Cuando es un banco el que quiere desahuciarte, puedes negociar con él una reestructuración de la hipoteca, una dación en pago, la condonación de la deuda restante, un alquiler social… Cuando es la Administración la que quiere desahuciarte, no puedes negociar con los funcionarios: la decisión no está en su mano y la situación es especialmente grave porque pierdes el derecho a solicitar otra vivienda social durante dos años. El problema es de voluntad política. Y era un problema regional, así que la solución tenía que salir del Parlamento Extremeño. El PP había ganado las elecciones autonómicas por mayoría simple. Teníamos que hablar con PP, PSOE e IU y convencer, al menos, a dos de ellos.
La propuesta de la PAH
Remitimos a los tres partidos un escrito en el que se proponía que la Asamblea de Extremadura instara a la Junta a paralizar todos los desahucios en viviendas sociales, así como una moratoria y un procedimiento de pago que partiera de analizar las circunstancias personales y económicas de las familias.
Más de un mes después, llevaron la propuesta al Pleno. El día de la votación, el 26 de Julio, convocamos una concentración frente a la Asamblea de Extremadura. Cuando salieron de la Asamblea con la propuesta aprobada, la gente estalló en lágrimas de alegría. Todas las familias afectadas concentradas allí, toda la gente que había estado ayudando sin descanso durante más de tres meses, moviendo cielo y tierra, todos los que se esforzaron pasando noches sin dormir… lo habíamos conseguido. Habíamos realizado la acción antidesahucios más grande del país.
¿Por qué no saltó la noticia a la plana nacional y fue celebrada como uno de los logros más grandes del Movimiento Stop Desahucios?
Por miedo. La Junta de Extremadura podía reactivar los desahucios en viviendas sociales cuando quisiera. Las familias se sentían amenazadas y tuvieron miedo de airear esta victoria social y que esto fuera interpretado por el PP como un pulso que les incitara a reanudar los desahucios, desoyendo al Parlamento Extremeño. Y la PAH decidió respetar a las familias por mucho que nos pidiera el cuerpo gritarlo a los cuatro vientos.
Sabíamos que era un parche. Cuando me encontraba con ellas, me sonreían pero después de un rato hablando me decían que tenían miedo a que la pesadilla volviera a empezar al día siguiente. Siempre les dije que no les iba a pasar nada, que si la Junta volvía a cargar contra ellos, los pararíamos todos juntos otra vez. Vivían con la espada de Damocles sobre la cabeza. Nunca se sabe cuándo va a llegar otra orden de desahucio. La Asamblea de Extremadura se había convertido en un laboratorio de donde salían experimentos sociales que empobrecían la región y la gente en Extremadura es humilde y soñadora, inocente y demasiado castigada como para frenar a la Junta cada vez que provoca la miseria en muchos para beneficio de unos pocos.
Y sucedió de nuevo. El lunes pasado nos vimos obligados a ponernos en marcha para frenar, otra vez, los desahucios masivos de la Junta de Extremadura. Las cartas que les habían llegado también eran reclamaciones del Organismo Autonómico de Recaudación (OAR), previas al inicio del procedimiento. Con la ley en la mano y mirando plazos, podrían ser reclamaciones para evitar, simplemente, la prescripción de las deudas y no perder el derecho de reclamarlas en un futuro. Y de paso, meter un poco de miedo y que la gente humilde soltara los pequeños ahorros que tuvieran para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Lo preparamos todo y recuperamos los contactos de hace tres años con el mismo mensaje: tenemos que volver a hacerlo.
La guerra del último contra el penúltimo. Los argumentos miserables que han utilizado se centraban en estigmatizar y criminalizar a quienes apenas tienen para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, que no habían pagado el alquiler de su vivienda social. Se les ha tildado de sinvergüenzas que no pagaban una cuota tan baja porque no querían, cuando la gran mayoría de las familias tenían impagos desde el 2007 hasta ahora, es decir, desde que comenzó la crisis, siendo los más vulnerables los primeros en sufrir sus consecuencias. Han intentado tapar estos datos, diciendo que muchas de estas familias tenían deudas que venían de más atrás, llegando a superar los 7.000 euros. En realidad son pocas y querían utilizar a esas pocas para hacer que pagaran justos por pecadores: las cartas que tuve en mis manos el lunes pasado reclamaban deudas inferiores a los 3.000 y 2.000 euros. El argumento es más macabro: «hay que dejar en la calle a los sinvergüenzas que no pagan su cuota de las viviendas sociales de la Junta para darle esas casas a las familias honradas que estaban pagando la hipoteca hasta que no han podido más y los bancos las han echado». Buscar la guerra entre gente en riesgo de exclusión social ya es bajo, pero lo es más aún cuando es la Administración Pública la que está siendo utilizada para provocar esta confrontación. La Junta de Extremadura, que está obligada por Tratados y Jurisprudencia Internacional a prever una alternativa habitacional a toda persona que es desalojada de su vivienda habitual, bien por hipoteca, bien por vivienda social, bien por alquiler privado, es la entidad que más ha desahuciado en Extremadura durante esta legislatura. Más que ningún banco.
Hemos vuelto a pararlos
El jueves pasado, la Asamblea de Extremadura aprobó instar a la Junta a la paralización de todos los procedimientos abiertos. Pero es otro parche. Siguen aprobándose medidas transitorias, pero el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada no es un derecho transitorio, sino permanente, y necesita, por tanto, garantías permanentes que sólo se consiguen con una Ley.
Hay que acabar con el miedo. Las familias en riesgo de exclusión social viven atenazadas por la deuda, con el corazón encogido porque saben que deben más dinero a la Administración del que van a poder conseguir nunca. Por eso no levantan cabeza y por eso muchas ven la economía sumergida como única forma de cubrir sus necesidades básicas. Como tienen una deuda perpetua, si cobran legalmente, la Administración les embargará parte de la nómina.
Estas familias necesitan una segunda oportunidad y eso implica volver a empezar de cero. El Gobierno ha perdonado la crisis a quienes la causaron. Tenemos que perdonarle la crisis a los inocentes, a sus víctimas directas, a los humildes. La única oportunidad que tienen las familias que viven en riesgo de exclusión social en Extremadura es perdonarles la deuda de sus alquileres sociales, y concederles una Renta Básica de verdad. Es la única manera de conseguir su reinserción en el mercado laboral y su integración social. Es la única manera de que dejen de somatizar la depresión y el estrés que causa cargar con una deuda de por vida, reactivar sus actividades y vivir, por fin, con dignidad.
Ahora
La gente de Extremadura está pidiendo que se respeten y se garanticen los Derechos Humanos, y están dando grandes pasos para conseguirlo. En las últimas semanas, Olivenza ha sido declarada municipio libre de desahucios por unanimidad del pleno de su Ayuntamiento, aprobando la propuesta de la PAH de la localidad. La Corrala Solidaridad Almendralejo, después de haber sido paseada políticamente por la Asamblea de Extremadura sin más solución, según la portavoz de la Corrala, que una palmadita a la espalda a las 16 familias que forman esa Obra Social de la PAH desde hace más de un año. Y que se vayan a los Servicios Sociales, a ver si tal. La PAH de Almendralejo se ha movido y, con la ayuda de varios abogados que participamos en la PAH, han conseguido suspender el desahucio que estaba programado para hace un par de semanas, reanudar las negociaciones con el SAREB y trabajar en llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Éstos son solamente algunos de los logros que consiguen cada día, con muchísimo esfuerzo y con horas de dedicación, miles de personas humildes, la mayoría sin estudios superiores, la mayoría afectadas por la crisis y gente que se interesa por acabar con la lacra social de los desahucios y se siente útil cuando ve cómo, con sus propias manos, colabora en parar injusticias. La tragedia sigue en sus máximos, las estadísticas indican una media de siete desahucios al día en Extremadura, pero con gente así y con gente como la que día a día viene nueva a las asambleas de los colectivos y movimientos que defienden el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada en Extremadura, uno se levanta con más ganas de pelear cada día. Y con muchísima admiración por todas las compañeras y compañeros, porque demuestran una y otra vez que sí se puede.
José Luis Murillo Peláez es abogado, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badajoz y secretario general de Podemos Badajoz