Un ambiente orquestado que evidencia la intención de desviar los procesos de reivindicaciones de tierras ancestrales que sostienen varias comunidades Mapuche en el centro sur de Chile y llevarlo a un escenario de mayor polarización, mayor represión, negación de derechos y a su vez, en la misma línea, de ampliar modelos donde grupos de poderes […]
Un ambiente orquestado que evidencia la intención de desviar los procesos de reivindicaciones de tierras ancestrales que sostienen varias comunidades Mapuche en el centro sur de Chile y llevarlo a un escenario de mayor polarización, mayor represión, negación de derechos y a su vez, en la misma línea, de ampliar modelos donde grupos de poderes fácticos basan sus economías de lucro como es la industria forestal, energía y en menor medida la agroindustria.
En el marco de la caravana de la patronal forestal y del latifundio colonial, la que es dirigida por los sectores más conservadores del País, se destituyó al intendente de la Araucanía Francisco Huenchumilla, en momentos donde las temáticas que disputaban la agenda política eran: El levantamiento comunicacional por parte de sectores de la ultra derecha sobre vinculaciones Mapuches – Farc – terrorismo, junto a la seguidilla de atentados principalmente a camiones madereros con modus operandi de dudosa procedencia. Por otra parte, los procesos de reivindicaciones de tierras llevado por varias comunidades, principalmente de zonas de Malleco quienes alegan que llevan más de 14 años de espera, donde se ha agudizado la presencia de fuerzas policiales militarizadas y actos violentos estatales; y, la sigilosa instalación por parte de sectores políticos y empresarios para intentar prorrogar el decreto ley de la dictadura militar, 701, que está en curso en el parlamento chileno y que tiene como propósito expandir las plantaciones forestales de pinos y eucaliptus.
Ya en la Araucanía, los lineamientos por establecer criterios más autónomos con respecto a decidir libre y de acuerdo a derecho sobre los proyectos de energía por parte de las instancias púbicas regionales, terminó con un abrupto quiebre y la intervención directa del Ministerio de Energía con posterioridad al 21 de mayo del presente año, a favor de los intereses empresariales. Fue el primer coletazo que sacudió a la intendencia y que ha hecho que el gobierno regional se alinee nuevamente al centralismo y a sus políticas de colusión empresarial, consideradas neoliberales.
El ex intendente Huenchumilla dijo en cada momento que sus planes y programas tenían el pleno respaldo de la presidenta Bachellet y se refirió a una agenda sobre reparaciones de tierras, de respeto a territorios ante hidroeléctricas y de límites a las forestales, sin embargo en este último caso, de acuerdo al plan propuesta de Huenchumilla que se señaló en estos días y que desconoció el Ministro Burgos, uno de los planteamientos no era cambiar el modelo forestal para la Región, sino suspender el Decreto Ley 701, establecer una consulta, definir una nueva legislación forestal y fomentar la participación de gananciales en términos locales.
En medio de las campañas levantadas y presiones al gobierno desde la denominada multigremial, Francisco Huenchumilla fue reemplazado por Andrés Jouannet Valderrama, de 48 años, proveniente del Staff directo del Ministro Burgos, descendiente de colonos, nacido en Temuco, quien estudió en la Universidad de la Frontera Historia y Geografía y tiene estudios de post grado en la Universidad de Chile y en Alemania. Asimismo, fue gobernador de Cautín en el gobierno anterior de Bachelet y su hermano (David) es actual director de CONAF y uno de los que asume la promoción del DL 701.
Hoy, este sector «gremial» de poder donde convergen poderes fácticos en Chile, con control pleno de la mayoría de los medios masivos y comerciales, ha tenido además logros para sus propósitos, además de influir en los cambios regionales en la Araucanía, logra intervenir la agenda nacional y subordinar al alicaído gobierno chileno, levantando la prohibición de paso a Santiago de los camiones luego haber propiciado el caos con cortes en diversas rutas del centro y centro sur de Chile, dejando sensaciones de ingobernabilidad y mantener la atención y control del efecto informativo en la opinión pública, instalando su agenda, reagrupando a sectores de la extrema derecha, en unidad, logrando considerables muestras de apoyo y de copar la cobertura de prensa, cuyo objeto de responsabilidad se endosa al «conflicto mapuche» enmarcándolo en actos delincuenciales, cuyas víctimas son los camioneros y agricultores, no así el conflicto forestal ni tampoco el latifundio colonial por acaparamientos de tierras y sistemas feudales.
Mientras camiones eran recibidos en Santiago en la tarde noche de este 27 de agosto y la fuerzas públicas despejaban las rutas para su llegada y recepción de carta en la Moneda, cientos de personas se agrupaban en la Plaza Italia en el denominado «banderazo Mapuche», quienes fueron violentamente reprimidas por fuerzas especiales de carabineros, bajo un enorme cerco policial. Los medios comerciales dieron cobertura total a las versiones de los sectores de la multigremial, no así a las versiones de las concurridas manifestaciones contrarias.
El mensaje del latifundio colonial
La caravana tuvo como hitos la intervención en Temuco el 24 de agosto, en Santiago este 27 de agosto y los cortes de ruta que hicieron en algunos accesos del centro y centro sur, esto, mientras el Senador Hernán Larraín, timonel de la UDI, asume la vocería de la situación, hablando incluso de desabastecimiento.
Para dimensionar el ambiente que promueven ciertos sectores, el latifundista Juan de Dios Fuentes, señalaba en un acto declamativo realizado en la Plaza de Armas de Temuco el día 24 de agosto en el marco del inicio de la caravana de los camiones quemados, lo siguiente: «Todo comenzó cuando se ideó la Ley indígena, cuando se crearon las granjerías de la Ley Indígena, cuando todos los parlamentarios que conocemos y que están sentados en el congreso nacional aprobaron el Convenio 169 por unanimidad. ¿Dónde estaban pensando estos señores? ¿No estaban pensando en nosotros? No señores, hoy día es muy fácil sentarse aquí, como el señor Tuma que hace algunos meses hablaba de expropiaciones. Vemos como un gobierno y otro gobierno y de otro lado y soluciones ni una. No quieren entender que la única manera de terminar con este conflicto y que deje de producir efectos colaterales como es la quema de camiones, los atentados a los predios, los asesinatos de personas, es terminar el fondo de tierras, no se puede comprar más tierras y regalar las tierras con el fondo de todos los chilenos. Señores, en esto no hay ni un centímetro que ceder. Ni un minuto que perder. No podemos seguir entregando nuestros predios en base a la extorsión«.
Frente a esta declaración aclamada por sus huestes «patrióticas», cabe consignar que buena parte de los actuales conflictos se desprenden de los periodos de despojo del territorio Mapuche por parte del estado chileno desde fines del siglo 19 y parte del siglo 20 a través de acciones bélicas, entregando gratuitamente y con parte importante de esas tierras a colonos extranjeros provenientes principalmente de países como Alemania, Italia, Francia, Suiza. En el presente, una buena parte está bajo el control y acaparamiento de empresas forestales. El Pueblo Mapuche con una estimación de un millón quinientas mil personas en Chile no tiene más de 600.000 hectáreas de superficie entre el sur del Bio Bio, Araucanía y las décimas de los Ríos y Los Lagos (En la región de la Araucanía, el 20 % aproximado es superficie de comunidades) y a modo de comparación, dos grupos económicos del rubro forestal: Angelini (Forestal Arauco) y Matte (Forestal Mininco) con 1,200,000 y 750,000 hectáreas respectivamente en el centro sur de Chile, más los millones de hectáreas bajo el control del latifundio.
Las tierras de las comunidades además, han servido históricamente para la recepción de los basurales urbanos, las plantas de aguas servidas, el emplazamiento e impacto de las forestales y ahora, con mayor agudeza, la invasión de proyectos energéticos que además se emplazan en la Araucanía sobre las últimas reservas naturales, donde se evidencia la profunda violencia estructural en Chile a familias y a la naturaleza, arrojando también varios asesinatos, principalmente de jóvenes Mapuche en el marco de conflictos por tierras en los últimos años.
En tema presupuestario, se estima que del erario nacional se destina un 0,3 % para políticas públicas en materia indígena, mientras el estado viene subsidiando en diversas áreas los intereses del sector forestal, con subsidios que vienen desde 1975 hasta el presente en costos de producción, desarrollo biotecnológico, investigación de universidades públicas, instituciones públicas (INFOR, Conaf y centro de biotecnología), fuerzas públicas, situación similar para la agroindustria cuya base en el centro sur la controlan sectores ligados al latifundio colonial, beneficiados con cientos de miles de millones de pesos de cargo fiscal, destinada a los intereses de los grupos más ricos de Chile.
El «patriotismo» que promueven estos sectores, que abrazan causas de paz, son la base de la explotación de la tierra con monocultivos forestales, de contaminantes celulosas, de la depredación de los territorios, del empobrecimiento de la vida rural a campesinos y reducciones mapuche. La misma postura, tal cual lo dijo Fuentes, que no tolera el reconocimiento de derechos a los Pueblos indígenas y su existencia, que no es capaz de establecer mecanismos de paz para la solución de demandas de tierras y que la única forma de relación que quieren establecer con comunidades, es desde la perspectiva del «patrón» con el «peón».
Chile tardó casi veinte años en ratificar el Convenio de la OIT 169, que es el piso mínimo del estándar de derechos para los Pueblos Indígenas, básico en derechos humanos y colectivos, siendo uno de los últimos países en incorporarlo a su legislación y que sistemáticamente se está violando, sin aplicar las herramientas que podría otorgar para la resolución de conflictos, sin embargo, este instrumento junto a la declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas, pretende ser aniquilado por sectores ultras y por otra, por un gobierno complaciente, que no respeta su alcance, manipulando temas de consulta y vulnerando derechos base como las prioridades de desarrollo de las comunidades, la protección de lugares sagrados.
Resulta sorprendente que en estos tiempos, se haga reflotar fantasmas del pasado por ciertos grupos soberbios que mantienen e intensifican la manipulación de la realidad, promoviendo profusas divisiones y odiosidades y haciendo ver como bandera de lucha, que el gran problema es «el conflicto Mapuche» y sin lugar a dudas ese contexto, ha sido facilitado por las torpezas, ambigüedades, titubeos y complicidades de sectores del poder gubernamental, que no ha sido capaz de establecer lineamientos claros en materias de reparación y respeto a los derechos de los Pueblos indígenas en Chile y particularmente del Pueblo Mapuche.