El pueblo mapuche tiene una larga historia de lucha en defensa de su territorio. Durante la conquista española su población decayó estrepitosamente desde 1 millón a 200 mil personas, a raíz de enfermedades, masacres y enfrentamientos que se prolongaron por más de un siglo y medio. En 1641, ante la imposibilidad de someter a los […]
El pueblo mapuche tiene una larga historia de lucha en defensa de su territorio. Durante la conquista española su población decayó estrepitosamente desde 1 millón a 200 mil personas, a raíz de enfermedades, masacres y enfrentamientos que se prolongaron por más de un siglo y medio.
En 1641, ante la imposibilidad de someter a los indígenas, la corona española decide hacer las paces con los mapuche, celebrándose un gran parlamento a orillas del río Quilín, donde estuvo presente el gobernador del Reino de Chile Francisco López de Zúñiga y Meneses y el jefe mapuche, toqui Lientur. En este parlamento se acordó que el río Biobío sería la frontera entre mapuche y españoles, reconociéndose por parte de estos últimos la soberanía de los primeros sobre los territorios que se encontraban al sur de este río. Los conquistadores además se comprometieron a destruir una fortificación que mantenían en el ahora reconocido territorio mapuche.
Por contraparte, los mapuche se comprometieron a liberar algunos cautivos españoles y a dejar ingresar misioneros que acudirían a cristianizarlos. La Araucanía se convirtió en un espacio fronterizo en el que se producían tanto intercambios comerciales como nuevos significados y conocimientos a partir del mestizaje. En este periodo también tuvieron lugar otros parlamentos para pautear esta convivencia, así como también hubo dos grandes alzamientos mapuches (1723 y 1766-1774). No obstante, hubo relativa tranquilidad por un periodo de 200 años. La corona española mantuvo lo acordado en Quilín, hasta su definitiva derrota en manos de los criollos que lograron la independencia de Chile después de una lucha que duró ocho años y culminó en 1818.
El pueblo mapuche continuó viviendo en relativa paz hasta que en 1861 el gobierno de José Joaquín Pérez decidió invadir militarmente los territorios del sur del río Biobío, iniciando una prolongada guerra y ocupación del territorio mapuche a cargo del general Cornelio Saavedra, la que duró más de 20 años. La organización social mapuche basada en el parentesco y la unidad territorial del lof fueron suprimidas y los indígenas provenientes de distintos lof fueron reagrupados y confinados a pequeñas reservas denominadas reducciones. Entre 1884 y 1929 se establecieron cerca de tres mil reducciones donde fueron ubicados alrededor de 90 mil mapuche. A comienzos de la década de 1930 los mapuche habían perdido cerca del 95% del territorio que poseían antes de la invasión militar chilena de 1861. La situación empeoró con la promulgación de la Ley Agraria de 1928, a través de la cual ciudadanos europeos fueron subsidiados para colonizar las tierras mapuche, previamente apropiadas por el estado.
Levantamiento de obreros y mapuche en Ranquil, 1934
Durante la primera mitad del siglo XX, los colonos desarrollaron en el sur de Chile actividades agrícolas y forestales que fueron reemplazando el bosque nativo por ciudades, pastizales y grandes praderas. La intensificación de la explotación de la madera a partir de 1931, y el reemplazo del bosque nativo por plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento atrajo a una importante masa de obreros forestales, quienes en alianza con los mapuche y a raíz de las precarias condiciones en las que vivían, iniciaron un periodo de tomas y huelgas en los fundos forestales, las que fueron constantemente reprimidas hasta la década de 1960.
Posteriormente, en las décadas de 1960-1970 tiene lugar en Chile en proceso de Reforma Agraria impulsada por el gobierno y por la Alianza para el Progreso, con el fin de contener posibles estallidos sociales como los que ocurrían en otras partes del continente. Este periodo significó también un momento crucial para las comunidades mapuche que esperaban que sus tierras usurpadas fuesen restituidas. Durante este periodo obreros, campesinos y mapuche participaron juntos en las populares «corridas de cercos», que permitieron a los mapuche recuperar más de 70.000 ha usurpadas en las provincias de Malleco, Arauco, Cautín y Valdivia. No obstante, una vez recuperadas las tierras los objetivos de trabajadores y campesinos eran diferente a los objetivos de algunas comunidades mapuche, las que continuaron luchando por el derecho ancestral a sus territorios sin apuntar a un proyecto productivista en alianza con el movimiento social emergente.
Finalmente, el golpe de estado de 1973 puso fin al proceso de redistribución de la tierra, y en los años posteriores se restituyeron las tierras a los colonos usurpados y en algunos casos, cuando eso no ocurrió, las tierras fueron transferidas a partidarios del régimen pinochetista. La contrarrevolución neoliberal impuesta durante los años de la dictadura de Pinochet, significó la creación de marcos legislativos experimentales orientados a expandir los espacios de desregulación y privatización. A raíz de lo anterior, se crea en 1974 el decreto forestal 701, a través del cual empresarios forestales reciben una bonificación que cubre casi completamente ( entre 75%-90%) los costos asociados a la producción de madera, basada fundamentalmente en plantaciones de especies exóticas (pino y eucaliptos) que han ido erosionando el suelo y agravando la escasez hídrica entre las regiones del Bío Bio y Los Lagos.
Recuperación fundo labranza, 2013. Fotografía: Felipe Durán
En la actualidad, académicos, comunidades mapuche y ambientalistas han planteado una correlación entre los altos niveles de pobreza de las comunidades mapuche rurales y el modelo forestal actual. Por ejemplo, la región de La Araucanía es la que ostenta el mayor índice de pobreza ( 27,9%) y la mitad del suelo productivo de la región (22%) está destinado a la explotación forestal. Muchos de los predios ocupados por empresas forestales son reclamados por las comunidades mapuche como territorio ancestral, quienes han llevado a cabo diferentes estrategias de presión como la ocupación de estos terrenos, violentamente reprimidas por la fuerza pública, así como también polémicos atentados incendiarios (1).
Desde 2001, autoridades mapuche, y partidarios de su causa, han sido juzgados en el contexto de protesta social bajo la Ley antiterrorista creada en dictadura, la cual permite el uso de testigos sin rostro, extiende los periodos de prisión preventiva, y establece el criterio de secreto de investigación. El uso de la ley antiterrorista sobre los mapuche ha sido cuestionada reiteradamente por relatores de derecho indígena de la ONU como un acto de grave discriminación.
Por otra parte, durante el periodo de reformas neoliberales se dicta en 1981 el Código de Agua, en el cual se establece una división entre la propiedad de la tierra y la propiedad del agua, creando un mercado independiente en el cual se pueden transar derechos de agua -consuntivos (de consumo) y no consuntivos (no consumo)- los cuales fueron inscritos gratuitamente, a perpetuidad, y sin declaración de uso principalmente por parte de empresas mineras, silvoagropecuarias, energéticas, y especuladoras. En el caso de los derechos de agua no consuntivos, estos fueron acaparados en manos de tres grandes corporaciones – Endesa, AES Gener y Colbún que hoy manejan el 40% de todos los derechos constituidos. Desde 2005, las reformas orientadas a revertir la monopolización de los derechos han impulsado la entrada de nuevos actores al mercado hidroeléctrico.
Asimismo, entre los compromisos que han hecho los sucesivos gobiernos democráticos para enfrentar el fenómeno del cambio climático, se cuenta la diversificación de la matriz energética, altamente dependiente de importación combustibles fósiles (65%) por fuentes de energías renovables no convencionales. Lo anterior ha significado la expansión de iniciativas de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas desde la región del Bío Bio al sur. Sólo en la Región de la Araucanía se han aprobado 14 proyectos hidroeléctricos, y otros 29 se encuentran en evaluación. El gobierno asegura que para el fin de su periodo 100 pequeñas centrales hidroeléctricas habrán sido aprobadas en la región. En consecuencia, la demanda por la recuperación de las aguas se ha ido instalando progresivamente en el discurso de reivindicación.
IV Marcha Plurinacional por la Defensa de las Aguas y de los Territorios. Fotografía: Mauricio Durán
En este contexto, el 23 y 24 de abril de este año tuvo lugar en Temuco, Región de La Araucanía, el IV Encuentro y Marcha Plurinacional por la Defensa de las Aguas y los Territorios donde participaron más de 4.500 personas de todo el país. Se eligió esta ciudad con el fin de respaldar a las diversas organizaciones que defienden sus territorios de proyectos forestales, energéticos, acuícolas, agroindustriales y mineros impulsados por el estado y el sector privado en toda la región. En la asamblea desarrollada en la Universidad de la Frontera, se expuso la preocupación por la pérdida y/o contaminación del agua asociada a los impactos de industrias extractivas en todo el país. Finalmente, como el objetivo era respaldar a las comunidades afectadas por proyectos de diversa índole, se desarrollaron actividades en la cordillera de los Andes donde se concentra la mayor cantidad de población mapuche rural de la región, quienes están en resistencia fundamentalmente ante la expansión hidroeléctrica en sus territorios.
A pesar de la creación de instancias orientadas a incluir nuevos actores en la discusión de la política energética (ej. Estrategia Energía 2025), así como del apoyo al discurso de reparación por las actos de violencia cometidos contra el pueblo mapuche que ha ido ganando terreno en la arena política nacional (2), hasta ahora los mapuches siguen sin tener reconocimiento constitucional, y junto con ello, en la práctica cuando el pueblo mapuche y las demandas ambientales se oponen a los intereses industriales, prima el legado de la dictadura pinochetista y las agencias del estado se ponen del lado de las compañías privadas, contra los intereses expresados por las comunidades indígenas, ambientalistas y la sociedad civil en general. No obstante, como se ha indicado anteriormente, sigue habiendo resistencia y movilización por parte del pueblo mapuche por el derecho a la autodeterminación, el reconocimiento constitucional, la restitución de sus tierras y aguas, y el respeto a los convenios internacionales en materia de derecho indígena (Convenio 169 OIT).
Notas:
- Durante los últimos años ha tenido lugar una serie de atentados incendiarios contra empresas forestales (quemas de camiones, y maquinaria) y fundos agrícolas localizados en territorio indígena. Se ha acusado fundamentalmente a comuneros mapuches como autores de dichos atentados, quienes han sido condenados bajo la ley anti-terrorista, en muchos casos, sin pruebas suficientes. Por otra parte, se ha demostrado que en otros casos trabajadores de las empresas realizan los atentados con la finalidad de cobrar los seguros asociados a los daños, así como también han tenido lugar montajes policiales con testigos encubiertos. Emerson (2014) señala que entre 2008-2012 la falta de evidencia significó que de los 843 caos presentados ante el Ministerio de Defensa, sólo 0.59% fueran atendidos bajo este marco normativo
- Cuando Francisco Huenchumilla, Intendente de la Región de Araucanía entre febrero de 2014 y agosto de 2015, asumió en su cargo señaló: «El estado se equivocó y cometió error tras error y hasta la fecha no ha hecho la reparación (…) en mi condición de intendente vengo a pedir perdón al pueblo Mapuche por la usurpación de sus tierras por parte del estado chileno y también a los colonos que vinieron de lejos, porque el estado chileno los llevó al lugar equivocado en el momento equivocado». Su declaración fue apoyada por la presidenta Michelle Bachellet.
Fuente: Diario de Nuestra América Mayo 2016
http://www.investigaction.net/es/y-ahora-vienen-por-el-agua/#sthash.JSkOMUT4.dpuf