El movimiento feminista uruguayo convocó una multitud sin precedentes. A pesar de que más de 300 mil personas sacudieron las calles, la reverberación parece no haber llegado a los despachos de la casta política que, por el momento, valora con timidez el impacto de la manifestación popular.
En cambio, irrumpió una multitudinaria e histórica marcha. «Yo que vos, hoy no hablaría de las muertes por tabaquismo», advertía una de los cientos de pancartas. Pese a sus dimensiones, el acontecimiento no fue motivo de reflexión en las sedes partidarias ni en los pasillos del Parlamento. ¿Qué significó para los partidos políticos que alrededor de 300 mil personas formaran otro «río de libertad»? El movimiento social logró una convocatoria que hoy ningún partido político es capaz de reproducir. Sin embargo, no parece que sus dirigentes se sientan interpelados. «Es un buen ejemplo de la sordera», sintetiza Gerardo Caetano.
Teléfono partidario
El estamento político fue tímido a la hora de dar respuestas. El Frente Amplio (FA), en un comunicado institucional, arriesgó una primera autocrítica: «Ahora tenemos mucho para pensar y escuchar, ¿qué derechos están siendo limitados?, porque ahí se erige una agenda emergente». Sin embargo, en el grueso de la interna frenteamplista así como en los partidos tradicionales no hubo demasiado lugar para la introspección. La tibieza fue el denominador común. Desde el Mpp (Movimiento de Participación Popular), por ejemplo, no ven en la marcha una alerta. Lo que sucedió el 8 de marzo «no me interpela -reflexiona la legisladora Ivonne Passada- porque me siento parte» del reclamo.
En la misma dirección, Lucía Topolansky opina que las problemáticas expuestas ese día pertenecen al «orden cultural» y no deben reducirse al sistema político: «‘No esperemos nada más que de nosotros mismos’, dice el lema artiguista, y eso fue lo que las mujeres dijeron». No sólo se marchó por la violencia de género y los femicidios. También por la igualdad salarial y laboral, el reconocimiento del trabajo no remunerado, el acoso callejero y los obstáculos judiciales, religiosos y médicos a la autonomía de las mujeres que, aunque rompen los ojos, se han incorporado de manera subsidiaria a la agenda de los partidos.
El analista Leo Harari profundiza en la brecha entre las demandas de los representados y la traducción en acciones por parte de los representantes. Explica cómo la política, organizada en una democracia representativa, ha perdido la capacidad de cumplir su función y «aparece cada vez menos relevante para la vida de los pueblos».(1) Hace tiempo que cobra fuerza la idea de que los partidos ya no logran encantar. Y en esa misma línea es que el politólogo Adolfo Garcé opina que la histórica convocatoria habla de la necesidad de una parte de la sociedad uruguaya de participar en «causas que entusiasmen», en «consignas y objetivos en los cuales se pueda creer». En un intento por tomar distancia de la apatía de algunos de sus correligionarios, Constanza Moreira cree que luego de este 8 de marzo el FA carga con el desafío de repensarse. Pero advierte que en torno a este tema existe «mucha hipocresía», ya que si bien muchos marcharon, al levantar la mano para votar acciones afirmativas que permitan a las mujeres acceder a los cargos de representación «nadie está de acuerdo con la paridad» en materia de representación partidaria.
Jerarquía de luchas
En los últimos años la sensibilidad por la agenda de derechos ha ganado espacio en las bancas de los más jóvenes del FA. El diputado socialista Gonzalo Civila considera que la multitud convocada se traduce en una «interpelación profunda» a los partidos políticos, y reconoce que la izquierda institucional tiene aún estructuras «muy machistas». Estas configuraciones, que subsisten en la actualidad, tienen que ver con el reclamo histórico que le han hecho los feminismos a la izquierda: ¿por qué subordinar la lucha por la igualdad de género a la lucha de clases? Hace unas semanas el representante de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, afirmó a Brecha (2) que el común denominador de las desigualdades estructurales es el sistema capitalista: el patriarcado viene después. Para Civila «las luchas no se pueden reducir unas a las otras».
La lucha por la igualdad de género -agrega- es un tema prioritario y «la gran interpelación de la marcha es poder estar a la altura». Sin embargo, la apropiación dificultosa de las causas por la igualdad de género no es de exclusividad de la izquierda. La senadora del Partido Nacional (PN) Beatriz Argimón reflexionó a título personal que las personas dijeron «esto no da para más» y que los partidos deberían cuestionarse su significado, pero reconoció que, hasta el momento, el directorio nacionalista no consideró el asunto. Es una interrogante el camino que tomará el PN, de cepa tradicionalista, de cara a las próximas elecciones y al terreno que ha ganado la denominada «agenda de derechos». Según Garcé, «ningún partido gana votos alejándose de sí mismo», ya que los cambios bruscos generan, a su entender, problemas de reputación.
En diálogo con Brecha y reforzando esa afirmación, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, tomó distancia de algunos temas de la agenda de derechos. Explicó que si bien en el caso del matrimonio igualitario las resistencias del PN eran de forma, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo son de contenido, ya que consideran que es «medio contradictorio defender la vida de unos y no de otros». El dirigente concluyó que las «cuestiones filosóficas» tienen que estar por encima de las «conveniencias políticas, siempre». Andrea Maddalena, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Colorado -una formación con menos influencia de la Iglesia Católica que el PN-, entiende que la adhesión de algunos políticos a la marcha se enmarca en lo «políticamente correcto», pero después en el Parlamento las acciones que se toman «no tienen nada que ver con la promoción de la igualdad».
En su visión existe una distancia entre lo que la sociedad grita y lo que los parlamentarios deciden escuchar. Para Topolansky las problemáticas que tienen que ver con las desigualdades de género no se solucionan con «leyesitas». Su correligionaria Moreira opina que el tratamiento de la ley de cuotas -y la resistencia que hubo el miércoles para aprobar un texto más ambicioso-, así como la falta de acuerdos dentro de la bancada oficialista para aprobar la ley integral contra la violencia basada en género, dejan al descubierto la «hegemonía patriarcal» que invade el terreno político del que el FA es parte. Muchas de las tensiones del Parlamento tienen que ver con qué lugar se le da a la lucha por la igualdad de género en las agendas partidarias.
El último 8 de marzo el teléfono no sólo sonó para el FA, sino para todo el sistema partidario, que no derrocha encanto ni convocatoria. Mientras en el contexto regional las luces del progresismo se vienen apagando, por estos lados el partido de gobierno debería evaluar cuál puede ser el alcance de su distancia ante estas manifestaciones históricas.
Notas:
1) «Réquiem para la democracia representativa», en Brecha del 6-X-16.
2) «No es nuestra meta ser el voto cincuenta», en Brecha del 13-I-17.