Los resultados del Plebiscito Constituyente no lograron conmover a la clase política. Es decir, ésta no obtuvo lecciones de ese casi ochenta por ciento de ciudadanos que le dijo NO a la actual Constitución y sumara otro NO rotundo a la posibilidad de que el Gobierno y el Parlamento se encargaran de redactar una nueva Carta Básica.
A los pocos días de aquel evento electoral, La Moneda y el Poder Legislativo siguen honrando el legado institucional de Pinochet, y tanto el oficialismo como su autodenominada oposición hacen lo posible por torpedear la posibilidad de que la futura constituyente resulte integrada por representantes genuinos del pueblo, dícese soberano. Al grado que unos y otros convinieron que la representación en ella de nuestros pueblos autóctonos se haya acotado a un porcentaje muy inferior al número de integrantes efectivos de nuestras etnias en la sociedad chilena. Junto con negarse a reconocer a los africanos descendientes, a los que desde nuestra Independencia se reconoció como negros, mulatos y zambos. Y que en estos últimos años han aumentado considerablemente gracias a los nuevos procesos de inmigración.
Lo que se aprecia ostensiblemente es el esfuerzo de los partidos políticos por cerrarle el derecho a los independientes de competir con un mínima ecuanimidad en las elecciones para elegir a los constituyentes. Para ello se valen, justamente, de la Constitución y las leyes electorales vigentes que resguardan el monopolio de las colectividades políticas, hacen prácticamente imposible las postulaciones de los líderes y agrupaciones sociales, así sea que la abstención vuelva hacerse masiva y amenace la legitimidad de éstos y otros comicios.
Es notorio cómo los chilenos más calificados para redactar una nueva Constitución se ven forzados a mendigar cupos en las nóminas partidarias o arriesgarse a un inminente fracaso electoral por su falta de recursos, espacios informativos y tiempo para exponer sus propuestas.
La aplanadora ideológica de la televisión, por ejemplo, favorece abrumadoramente a los mismos de siempre o incluso a esos políticos que ya habían sido abucheados por las movilizaciones sociales, como por el peso de su fracaso en treinta años de posdictadura y burla a los derechos políticos y sociales de nuestra población.
Al mismo tiempo, observamos la frustración de los numerosos cabildos ciudadanos en todo el país con tantas dificultades para nominar a sus candidatos a causa de las trampas de los trámites de inscripción en el Registro Electoral, entidad que vela cotidianamente para que nada, en realidad, pueda alterar los privilegios de las castas gobernantes. Así como desde el Tribunal Constitucional se obstruye, mediante la mayoría retardataria de sus integrantes, la posibilidad de un cambio certero o una interpretación más democrática de los derechos ciudadanos. Puede parecer muy extemporáneo decirlo dentro de nuestra fingida democracia, pero ¡qué falta nos haría un tribunal popular, más que constitucional, por encima de un sistema tan reñido con los fundamentos y prácticas republicanas!
En efecto, viene la elección de los constituyentes pero también de los gobernadores, alcaldes y concejales y, otra vez, en el mundo de la política están en ebullición las divisiones, los pactos cupulares, las ficticias primarias como las autoproclamaciones de quienes, solo por sí mismos, se proponen para llegar o mantenerse en el Parlamento y los municipios. O agarrar, ahora, un título de mandamás regional, en un país extremadamente centralista, en que las provincias y comunas tienen limitadísimos ámbitos de decisión.
Bochornoso resulta, asimismo, el espectáculo que nos brindan los presidenciales a un año de una nueva contienda. La desfachatez de candidatos y candidatas que hasta por solo un destello de acierto se atreven a plantear su derecho a sentarse en el sillón de O´Higgins (como tan habitualmente se dice). Además de aquella triste pretensión de quienes, valiéndose de la mala memoria o candidez de los pueblos, hacen caso omiso de sus fracasos anteriores y hasta su nula acogida en los sondeos.
¿Qué importa, pensarán, si con dinero y el aplauso de unos cuantos esbirros y operadores políticos es posible llegar a los medios de comunicación y dar rienda suelta a sus ambiciones personales, mientras Chile cuente con empresarios dispuestos a financiarlos y hacerse servir por ellos! Total qué más da si, salvo algunos contratiempos mediático judiciales, los fraudes al fisco, el cohecho y otras corrupciones retornan al camino de la impunidad.
En la fiebre electoralista, el llamado “servicio público” está completamente en entredicho con aquellos legisladores en constante rotativa, que saltan al gabinete presidencial o retornan apresuradamente a los “aparatos” de sus partidos. Lo mismo que alcaldes y concejales que se le suponía abnegados en sus tareas y que, al primer campanazo de una diputación o senatoria, dejan abandonados sus cargos en medio de la pandemia y las acuciantes demandas de sus comunas.
¡Qué poca vocación social tenían estos personajes de discurso encendido en su juventud y que se ponen paulatinamente conservadores a la hora de su connivencia con los poderosos empresarios! O la actitud del presidente del Banco del Estado que hasta ayer aseguraba que nada podía complacerlo más que servir a los atribulados y endeudados chilenos desde la principal institución crediticia del país… Cómo se ve que la Banda Presidencial también lo ha cazado.
A ver si alguien nos explica la supuesta diferencia ideológica entre las distintas tendencias o “sensibilidades” del Frente Amplio, más allá de sus indisimulados apetitos de poder. Qué marcaría la distancia entre los dos postulantes presidenciales del PPD, ambos ex ministros de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Es posible que en la derecha, además de las propias ambiciones de sus líderes, pueda haber matices de diferencia entre los criptopinochetistas y los más deslenguados partidarios del ex dictador.
Ni qué decir con la seguidilla de renuncias de militantes en busca de un paraguas electoral más promisorio, de un pacto que les ofrezca un mejor futuro personal o, simplemente, más dinero en esto tan asumido de que “un político pobre es un pobre político”. ¡Qué importa el Presidente de la República tenga ya apenas un siete por ciento de adhesión! ¡Qué podría ocasionar que los que sufraguen en las próximas elecciones vuelvan a ser menos que los que se quedan en sus casas! Siempre piensan, seguramente, que habrá derroteros para burlar el malestar de las calles, además de ejercer la brutal represión que finalmente unos y otros practican y vienen consintiendo. En un país que viola a diario los Derechos Humanos y esconde sus presos políticos entre los miles de reos comunes encarcelados.
Y si no se quiere abrir las arcas públicas y recurrir a los fondos soberanos, ya se sabe que el mundo de los necesitados y oprimidos hasta aplaude que las soluciones se financien de sus propios fondos para una jubilación que se sabe indigna como se viene constatando. Ello, antes de imponerle a los multimillonarios un tributo en favor de los más pobres y segregados. Cuando ya sabemos que un tercer o cuarto retiro de las reservas previsionales puede darles más dividendos electorales, todavía, a quienes se adelanten sin pudor a otros en plantearlo. Ya sea de derecha o izquierda dentro de esta agitada epifanía electoral.
Lo penoso, es el candor de los que creen que una Convención Constituyente, ya maniatada por los quórums concordados previamente y la exclusión del mundo social, podría llevarnos a un buen puerto democrático. Entre tanto trámite y esperanza frustrada, más valdría reforzar organización para defender lo que el pueblo ya decidió. Esto es, para hacerle imposible la colusión a los que resulten ilegítimamente elegidos e impuestos por las “transacas” electoralistas de los eternos cómplices del “orden establecido”. O por los hipócritas llamados de los predicadores de la paz que siempre pululan cuando estallan las demandas políticas y sociales.