La entrevista publicada en el diario argentino Clarín que gatilló la salida de Miguel Otero de la embajada en Argentina fue solicitada por él mismo para desmentir un hecho publicado previamente en el mismo periódico: que como fiscal general de la Universidad de Chile, después del golpe de 1973, había liderado una razzia para expulsar […]
La entrevista publicada en el diario argentino Clarín que gatilló la salida de Miguel Otero de la embajada en Argentina fue solicitada por él mismo para desmentir un hecho publicado previamente en el mismo periódico: que como fiscal general de la Universidad de Chile, después del golpe de 1973, había liderado una razzia para expulsar a alumnos y académicos por sus ideas políticas. En esta columna, escrita antes de la renuncia del embajador, el abogado Álvaro Varela, entonces presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, revela -por primera vez- el rol de Otero en su expulsión y el mensaje que éste le envió: «Mientras yo exista, juro que Álvaro Varela no se titulará de abogado en Chile». Aunque lo consiguió, Varela obtuvo finalmente su título en España y se convirtió en un abogado clave desde la Vicaría de la Solidaridad en la búsqueda de justicia para los abusos del régimen militar.
Ingresé a estudiar la carrera de Derecho en el año 1969 en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, después de haber cursado la enseñanza escolar en The Grange School. Al momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, yo era estudiante del último año de la carrera y tenía el cargo de presidente del Centro de Alumnos, elegido por votación de todos los estudiantes, en mi condición de militante del MAPU. Los dos anteriores presidentes estudiantiles, Carlos Portales y Claudio Grossman, habían pertenecido igualmente al MAPU.
A la fecha del golpe militar sólo me faltaba rendir los exámenes finales de cuatro asignaturas para egresar. Además, me desempeñaba desde el año 1972 como alumno ayudante del Departamento de Derecho Público en la cátedra de Derecho Constitucional, cargo que había obtenido por concurso público.
El día del golpe militar yo tenía 22 años
En esa misma época se desempeñaba como profesor de Derecho Procesal Miguel Otero; no fui alumno suyo ni lo conocí personalmente. Sí tuve muchas referencias de él en esa época por relatos de distintas compañeras de curso con quienes el profesor de Derecho Procesal se relacionaba de manera particular, de modo que ellas sí lo conocían muy bien. De ellas escuché que se trataba de un profesor extraordinariamente cercano, muy preocupado e interesado por los estudios de esas alumnas, de sólidos conocimientos de las normas del proceso, duro defensor del Estado de Derecho y de gran simpatía.
La Escuela de Derecho de la Universidad de Chile fue una de las primeras en reiniciar las actividades académicas una vez ocurrido el golpe -los primeros días de octubre de 1973- por lo que yo me reincorporé de inmediato con la finalidad de dar los exámenes y egresar, consciente de que vendrían tiempos muy difíciles. La represión ya se había desatado en todo el país, por la persecución a todos quienes habíamos apoyado el gobierno constitucional. Ya esos mismos aires soplaban en la universidad. De esta forma rendí y aprobé en pocos días los cuatro exámenes y obtuve la calidad de egresado de la Escuela de Derecho, lo que me fue certificado en el documento respectivo entregado por la secretaría de la facultad, con no pocas dificultades.
Lo anterior lo hice contra el tiempo, puesto que ya se había convocado a los miembros de todos los estamentos de la Escuela de Derecho a efectuar denuncias, las que se recibían sin necesidad de que el denunciante se individualizara. Se sabía que toda persona denunciada sería sometida a un sumario y que una vez iniciado éste, el denunciado quedaba automáticamente suspendido de toda actividad que se realizare en la escuela. Entonces, si no completaba los exámenes simplemente no egresaba y evidentemente que ante los hechos futuros que se avecinaban, no tener la calidad de egresado de la carrera era muy desventajoso; en cambio, la calidad de egresado, esto es, de haber cursado completamente la carrera, me permitía visualizar la posibilidad de titularme en otro país.
Para efectos de completar los exámenes y de que se practicaren los registros administrativos correspondientes que me permitiesen obtener el certificado de egresado, conté con el decidido y valiente apoyo del profesor Máximo Pacheco Gómez, quien vivía sus últimos días como decano de la facultad, y quien tenía muy claro que una vez sumariado no tendría siquiera la posibilidad de obtener certificado alguno, puesto que se había enterado de que semejante estado significaba ser excluido, por completo, de toda actividad de la facultad, es decir, ser considerado como si nunca hubiere estado allí.
La conducta del decano Máximo Pacheco es más relevante aún considerando que habíamos tenido serias diferencias políticas en el último período, pero él asumió la protección y defensa de los jóvenes alumnos, aún a riesgo de su propio futuro. Poco tiempo después fue destituido.
Como estaba anunciado, los primeros días de noviembre de 1973 aparecieron en las paredes del tradicional edificio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, las listas de los sumariados y, como era de suponer, dada mi condición de presidente del Centro de Alumnos de Derecho, yo aparecí en ellas.
De acuerdo con el diseño formulado por las autoridades de la dictadura en la universidad, se me incluyó en lo que se denominó «público y notorio», lo que significaba que los cargos que se me hiciere por cualquier persona en forma anónima, se entendían verdaderos y yo no tenía derecho a refutarlos. Esta categoría de proceso a que se me sometía, se debía a la circunstancia de haber sido presidente del Centro de Alumnos.
No se me notificó la resolución que me sometió a sumario y que me dio un plazo fatal de 24 horas para responder. Me enteré de la resolución a última hora de ese día y por información entregada bajo secreto por una funcionaria de la escuela, lo que me permitió redactar durante la noche un escrito que presenté al día siguiente, fecha de vencimiento del plazo, y solicitar diligencias probatorias. La petición fue rechazada, dado que la condición de «público y notorio» de mi situación, daba por probados los hechos por la sola circunstancia de la presentación de la denuncia anónima.
No fui el único alumno que estuvo en esa situación; fueron muchos en la Escuela de Derecho y fueron miles en la Universidad de Chile. También fueron miles los académicos y administrativos de la Universidad de Chile que estuvieron en la misma situación. Yo, al menos, tuve la fortuna de contar con una funcionaria de la universidad que me dio cuenta de que se me habían formulado cargos y de que estaba corriendo el plazo para responder. Sólo fue un consuelo, puesto que ninguna de mis argumentaciones y fundamentos, fueron acogidos y ninguna de las diligencias probatorias que solicité fueron dispuestas.
El «proceso» al que fui sometido en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, concluyó con una «sentencia» que disponía mi expulsión de la misma de por vida, incluido mi cargo académico. El principal cargo que se me formuló y que me llevó a la expulsión de la universidad, fue el de haber sido presidente del Centro de Derecho. Esta «sentencia» pronunciada en la Escuela de Derecho significaba que yo no podría realizar gestión alguna en esa casa de estudios, ni mucho menos, completar lo que me faltaba para titularme luego de haber cursado la carrera completa, esto es, la memoria y la licenciatura.
No está de más recordar que en esos días previos a la expulsión un miembro de mi familia recibió una directa propuesta de negociación, consistente en que yo entregara una nómina de determinados alumnos y a cambio de ello se moderaría mi sanción. De esto me enteré por el relato posterior de mi familiar, quien había respondido en forma inmediata que por dignidad no me transmitiría semejante propuesta, puesto que estaba seguro de que yo la rechazaría y él me apoyaría plenamente en esa actitud. Eso aún cuando se trataba de un familiar de signo político opuesto al mío.
En esos duros días, muchos amigos, familiares y cercanos hicieron intentos por salvar mi situación. Uno de ellos, un médico del Hospital Militar, muy amigo de Miguel Otero, concurrió a hablar con él, oportunidad en que se enteró de que Otero desempeñaba la función de «fiscal general de la Universidad de Chile», es decir, era quien adoptaba las decisiones. Le explicó el vínculo que tenía con mi familia, que me conocía desde niño, y le rogó que hiciera algo para que yo no me viere impedido de titularme de abogado. Con una enorme tristeza nos comunicó posteriormente que Otero le cerró toda posibilidad: «Mientras yo exista, te juro que Álvaro Varela no se titulará de abogado en Chile». Nada más.
No hubo explicación ni justificación alguna, por lo que ese médico militar debió retirarse abatido.
Con las referencias que obtuve, logré determinar que Otero había instalado su cuartel central como fiscal general de la Universidad de Chile (cargo que entiendo él se encargó que no se formalizara, para efectos de la historia), en una casa en calle Miguel Claro, al llegar a Eliodoro Yáñez, donde hoy funciona la radio de la Universidad de Chile, recinto que nunca fue conocido ni reconocido como tal, al igual como ocurrió luego con otro tipo de recintos secretos: los de tortura.
Impresionado con el relato del médico militar tomé la decisión de hablar personalmente con Otero, para conocer directamente de él las razones de su conducta y por qué me condenaba definitivamente a la imposibilidad de titularme de abogado en Chile.
Los últimos días de enero de 1974, alrededor del día 22, en horas de la tarde, concurrí al cuartel general de Otero en calle Miguel Claro. Pasé los controles y guardia establecidos invocando el nombre del referido médico militar, y logré llegar hasta la oficina de su secretaria, ante quien me presenté. Le expliqué que aquel médico militar había hablado con él acerca de mi situación y que ahora me interesaba a mí hacerlo, por lo que le pedí que le preguntara si me recibía. La secretaria ingresó a la oficina de Otero y salió muy pronto con su respuesta: no, no me recibía.
Sabía que me sería muy difícil volver a traspasar la guardia y control de ese recinto, por lo que le insistí y le dije que no importaba que no me recibiera en ese momento, pero que yo estaba dispuesto a volver el día y hora que él me dijera, cualquiera que fuera, puesto que para mí era muy importante poder conversar con él. Gentilmente la secretaria ingresó nuevamente a la oficina de Otero, y luego de permanecer también un corto plazo en su interior, salió y me dijo: «el señor Otero dice que con mucho gusto lo recibe el día 22 de enero de 1994 a las 17.00 horas». Obviamente comprendí el sentido de la respuesta, pero le agradecí y le dije: «Ese día y a esa hora estaré aquí nuevamente».
Fui expulsado de la Universidad de Chile bajo la acción directa de Miguel Otero Lathrop.
La circunstancia de haber completado los estudios y encontrarme egresado de la universidad, me permitió más tarde dar la licenciatura en la Universidad de Barcelona y obtener el título de abogado. El Convenio de Reconocimiento de Títulos, Grados y Estudios celebrado entre el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva y el Gobierno de España, en 1969, me ha permitido ejercer como abogado en Chile.
Esta es una apretada síntesis de lo ocurrido, de un hecho que significó mucho dolor para mí y para mi familia. Sin embargo, a pesar de la dictadura, a pesar de Otero, obtuve mi título de abogado.
http://ciperchile.cl/2010/06/09/yo-si-senti-la-dictadura-y-tambien-a-miguel-otero/