Recojo de la prensa: «El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra siete autoridades del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad por dirigir desde el […]
Recojo de la prensa:
«El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra siete autoridades del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad por dirigir desde el pasado 10 de marzo un ataque «generalizado y sistemático contra la población tibetana», que acabó con 203 muertos, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.
Entre los investigados hay dos ministros chinos, el de Defensa, Lian Guanglie, y el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, además del responsable del Partido Comunista chino en el Tibet, Zhang Qingli
También se encuentran en este grupo otros altos cargos del Politburó, como el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
Pedraz estima que la Justicia española tiene competencias para investigar los hechos que pueden constituir delito de lesa humanidad, previsto en el artículo 607 bis del Código Penal.
De acuerdo con el auto emitido por el juez, a sólo tres días del inicio de los juegos Olímpicos, la población tibetana es «un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional».
La Audiencia Nacional se declaró en 2006 con competencias para investigar el genocidio al no poder ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional. El también magistrado de la Audiencia, Ismael Moreno, tiene abierta desde ese año una causa en la que investiga el supuesto genocidio del Gobierno chino en el Tíbet durantelas décadas de los ochenta y de los noventa».
¿Pero es posible tamaña tomadura de pelo en nuestros días Sr. Santiago Pedraz?
1.- Desde el año 1975 el Sáhara Occidental se halla ilegalmente ocupado por Marruecos. Desde esa fecha, las tropas marroquíes ocupan un territorio que invadieron por la fuerza, negándose a cumplir las resoluciones aprobadas por la ONU y la UA, al tiempo que violan masivamente los derechos humanos en las zonas ocupadas.
Como potencia descolonizadora, España es responsable política y legalmente del origen de esta guerra colonial y, por ende, de la situación de injusticia y de sufrimiento del pueblo saharaui. Nuestro país abandonó precipitadamente el Sáhara frente al chantaje que supuso la Marcha Verde, incumpliendo todos sus compromisos respecto a la descolonización de su última colonia, actitud que se mantiene en la actualidad, a pesar de seguir siendo la potencia administradora según Naciones Unidas.
¿Desde cuándo la Audiencia Nacional española se ha interesado por un problema tan cercano, tan de incumbencia suya, cuándo ha sentado en el banquillo de la acusación a los concretos irresponsables de este juego por parte de los distintos gobiernos españoles, ante tan gran desamparo de un pueblo, ante tantas muertes ocasionadas, ante tan reiteradas violaciones de derechos a la puerta de su casa?
2.- Como afirma David Segarra en L´Avanç: «Múltiples testimonios implican al gobierno de Aznar en el apoyo al golpe de estado en Venezuela de 2002. La visita del presidente venezolano Hugo Chávez sacó a la luz la política exterior del gobierno Aznar. Las acusaciones del ministro Moratinos implicando al anterior presidente en el apoyo al golpe de Estado en Venezuela provocaron una agria polémica.
Pero no son unas simples declaraciones interesadas de un adversario político, sino que detrás de ellas nos encontramos ante las numerosas conexiones entre el gobierno español, el PP, la CEOE y el Opus Dei en el reconocimiento y la colaboración con un golpe de estilo pinochetista. La colaboración entre los gobiernos de Washington y Madrid no se tradujo solamente en la guerra de Irak, el ataque a las democracias progresistas fue un eje de la política internacional. Estas acusaciones se basan en numerosos testimonios y pruebas que demuestran cómo la actuación del gobierno español reconoció los golpistas como gobernantes legítimos. El informe realizado por José Manuel Fernández, asesor parlamentario de Izquierda Unida afirma que «en retrospectiva, si hacemos un paralelismo entre el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, admitida como fue la participación de la CIA, vemos una similitud pasmorosa. Lo nuevo es que el gobierno de Aznar se sumó a aquella estrategia».
¿Cuándo espera la Audiencia Nacional española sentar en el banquillo al gobierno español de entonces por participar en la trama del golpe de estado contra el gobierno legítimo de Venezuela?
3.- La plataforma ‘Juicio a Aznar’ anunció hace ya un tiempo la presentación de una segunda querella contra el ex presidente del Gobierno, Sr. Aznar, y los miembros de su Gabinete por su responsabilidad en la Guerra de Iraq , basada en la sentencia por los atentados del 11 de marzo de 2004. ¿Ante el millón largo de muertos, genocidio criminal ocasionado, en parte, por la intervención activa y mendaz del Sr. Aznar, ha pensado la Audiencia Nacional admitir a trámite esta querella, más cuando tiempo atrás el Sr. Aznar se ha vuelto a ratificar en la justeza de la intervención española en Irak: «no se arrepiente de haber involucrado a España en la guerra de Irak porque fue «uno de los momentos más influyentes de la historia» del país»? ¿O se practica la justicia de: bravucones fuera y con los enemigos y perros falderos en casa y con los amigos?
4.- En el proceso de Nuremberg el fiscal general, Jackson, pronunció lo siguiente en 1945: «La civilización moderna ofrece a la humanidad medios incalculables de destrucción… Buscar refugio en una guerra, sea la guerra que sea, es querer salvarse por unos medios esencialmente criminales. La guerra es irremisiblemente una cadena de muertes, de abusos, de pérdidas de libertad y destrucción de bienes propios y ajenos… El sentido común exige que la justicia no se contente con castigar los delitos menores de que se hace culpable al hombre de la calle. La justicia ha de llegar hasta aquellos hombres que se arrogan un gran poder y que, basándose en el mismo y después de previa consulta entre ellos, provocan una desgracia que no deja inmune ningún hogar de este mundo… El último recurso para impedir que las guerras se repitan periódicamente y se hagan inevitables por ignorancia de las leyes internacionales es hacer que los estadistas sean responsables ante esas leyes… Esta ley vamos a aplicarla aquí primeramente contra los agresores alemanes; pero establece ya, si ha de servir de alguna utilidad, una enérgica condenación de los ataques que puedan desencadenar otras naciones, sin excluir las que ahora se sientan aquí para juzgar».
Pero Javier Ortiz denunciaba días atrás en Publico que: «Al ex presidente de la República Serbia de Bosnia, Radovan Karadzic, se le acusa de la matanza de 7.000 personas en Srebrenica, a las que hay que añadir las víctimas del asedio de Sarajevo, que causó la muerte a 10.000 de sus habitantes.
Los carniceros de Dresde nunca fueron procesados: los vencedores tienen bula. Karadzic será juzgado y condenado como criminal de guerra: los perdedores están para eso. [Por cierto, el bombardeo de Dresde en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Royal Air Force (Gran Bretaña) y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos -cuatro ataques aéreos consecutivos, que se realizaron entre el 13 y el 15 de febrero de 1945- destruyó la mayor parte de la ciudad de Dresde, incluyendo industrias e infraestructuras militares y causó la muerte de quizá 350.000 personas].
Karadzic es una mala bestia, no me cabe ninguna duda, pero ¿qué no decir, por ejemplo, del ex secretario de Estado norteamericano Henry A. Kissinger? Resumamos su trayectoria: está documentada su participación en los sangrientos golpes de estado militares de Chile, Uruguay y Argentina; se sabe que fue inspirador y consejero en las operaciones de «desaparición» de miles de militantes de izquierda del Cono Sur; se conoce su implicación personal en los bombardeos secretos de Laos y Camboya, que facilitaron el acceso de los jemeres rojos al poder (dos millones de muertos); fue claro su respaldo a la dictadura indonesia de Suharto cuando ésta masacraba timorenses…
A esa escoria humana, arquetipo del criminal de guerra de cuello blanco, le concedieron el Nobel de la Paz. Jamás se lo han retirado».
5.- ¿Pero, y lo más grave, ante las reiteradas actuaciones de la Audiencia Nacional española, tribunal de excepción de lustros y décadas, violador de derechos humanos, amparador reiterado de torturas, qué categoría y qué credibilidad cabe otorgarle en materia judicial? Recordemos a modo de ejemplo: El 24 de octubre hará un año, ocurrió en aquel juicio masivo 18/98 contra el independentismo vasco. Entre los peritos por parte del gobierno socialista de Zapatero un guardia civil torturador. Y el torturado, Mikel Egibar, uno de los acusados, estaba presente. Se levantó airado y denunció públicamente al guardia civil torturador, y la presidenta-juez, Ángela Murillo, le espetó -no al verdugo sino al torturado-: «¡Siéntese! ¡Cállese!».
Les recuerdo que no es ficción, ni novela. Ocurrió el 24 de octubre de 2007 en una sala ampliada de la Audiencia nacional -Casa de Campo- ante tres magistrados. También denegó un careo entre Nekane Txapartegi, violada con el caño de una pistola, y los agentes. «Era imposible que la Audiencia Nacional aceptara esas peticiones; hacerlo supondría reconocer que hay una persona torturada y que la tortura existe».
Porque el gobierno, el de Franco y el de Zapatero, niegan que haya tortura, al igual que niegan que haya presos políticos vascos.
Y es que la Audiencia Nacional española debiera dejar de tomarnos el pelo y por el bien de la justicia y los derechos humanos jubilarse. Y si a alguien le queda aún alguna duda que lea a este respecto el excelente libro «El final de estado de derecho. La lucha antiterrorista: del estado de excepción a la dictadura» de Jean-Claude Paye (Hiru).