Zonas de Reserva Campesina: Forma Alternativa de Poder y Soberanía

Entrevista a César Jerez, Miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC, desde 1998 y coordinador del equipo nacional dinamizador de la Asociación Nacional de las Zonas Reservas Campesina, Anzorc.

FSJ: El próximo punto a discutir en la Habana es el de las drogas ilícitas. Durante el foro de drogas ilícitas, Anzorc propuso el reconocimiento de las zonas campesinas como punto básico antes de implementar la sustitución de cultivos. Esto no está pasando. El Catatumbo, sin ser aún reconocido como Zona de Reserva Campesina, está trabajando en un proyecto piloto, producto de negociaciones con el gobierno, con 400 familias para la sustitución de cultivos. ¿Cuál es el futuro de este tipo de acciones?

CJ: Las zonas de reserva campesina serían el marco territorial adecuado para solucionar el problema social en torno al fenómeno de los cultivos declarados ilícitos y agravado durante los años 80 a causa de la violencia, el despojo, la apertura económica y los tratados de libre comercio. Además, habría que discutirse a un nivel más internacional la regularización del consumo de drogas, otro aspecto de este tema.

Con respecto al Catatumbo, tras la celebración de la asamblea de cocaleros del Catatumbo recogimos el mandato del acuerdo regional de los cocaleros y el programa de sustitución está incluido en el plan de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina.

También en el foro de drogas ilícitas, Anzorc planteó como objetivo la concertación entre el Estado y los cultivadores de la hoja de coca para decidir cuáles áreas destinar al cultivo y en cuáles sustituir. ¿No es idealista pensar en esto en un país donde los indígenas no reconocen al campesinado como herederos de esos saberes originarios. Campesinado que, además también tiene sangre indígena y afro?

Este es un tema que vemos en el horizonte, apostándole a la regularización como solución al tema del narcotráfico. Bolivia y Perú son dos ejemplos del manejo de la compra estatal de la hoja de coca, que también son vendidas a empresas farmacéuticas y otras compañías de bebidas refrescantes.

Creemos que hay que defender el uso ancestral de los cultivos; regularizar ese uso para darle su reconocimiento cultural y político, además constituir alianzas en las cuales los campesinos aprendan, de comunidades indígenas como la Nasa, los múltiples usos no ilícitos de la hoja de coca.

¿En qué va la demanda contra la constitucionalidad de la Ley 160 que le dio vida jurídica a las zonas de reserva campesina y presentada por un representante de los indígenas?

La demanda está en curso. No hemos sido invitados formalmente por la Corte Constitucional. Lamentablemente, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, presentó una ponencia en contra de las zonas de reservas campesinas. La ONIC comete un gran error al ponerse de lado de intereses de la grandes empresas que hacen oposición de la territorialidad en zonas de reserva campesina.

En el peor de los casos, si la demanda prosperara, ¿Cuál sería el panorama social en las zonas de reserva y, específicamente, en el Catatumbo?

La caída de la Ley 160 sería un retroceso, una pérdida para las pretensiones de las zonas de reserva porque es el único marco de exigibilidad de territorial existente.

Las 54 zonas de reserva campesina son el inicio de la reforma agraria que requiere el país y para promover el desarrollo que necesita el campo. Nuestra exigencia es avanzar para defender la tierra y el territorio, con una nueva institucionalidad compartida con los campesinos.

¿Será esta demanda contra la constitucionalidad del articulado de la Ley 160 que dio vida a las zonas de reserva campesina uno de los temas a discutir en la Cumbre Agraria del 12 y 13 de diciembre en Bogotá?

La Cumbre Nacional Agraria se erige como una forma de organización más contundente, en pro de la unidad programática y de acción para revisar el balance de las mesas instaladas tras el Paro Nacional Agrario. Esperamos la participación indígena de las dignidades cafeteras y paperas en este encuentro multitudinario en Bogotá.

Esta demanda contra las zonas de reserva campesina será un tema central.

¿Son los proyectos mineros y el potencial minero de estas zonas de reservas campesinas uno de los obstáculos para su consolidación? 

Empresas con intereses en la explotación de carbón, oro, generación de energía eléctrica, caña de azúcar, se oponen a la existencia de las unidades agrícolas familiares, UAF, porque éstas impiden la acumulación de tierras, impiden el acaparamiento de baldíos.

En el Catatumbo, el agro negocio, la palma aceitera, el proyecto de minería a cielo abierto y la infraestructura son orientadas hacia esos intereses, desconociendo que allí hay resguardos indígenas, zonas de reserva campesina, parques naturales y zonas de reserva forestal que deben ser protegidos.

¿Cómo es la relación de los catatumberos con la compañía minera canadiense Greystar en la región?

Las compañías canadienses lideran la explotación aurífera. Rechazamos el modelo minero energético y hemos pedido suspender las iniciativas mineras en la zonas de reserva campesina.

¿Cómo puede ser el Catatumbo un laboratorio de Paz si personas como usted tienen que exiliarse, estigmatizados, y cinco campesinos están en la cárcel tras su participación en el paro?

Es un elemento grave porque no hay garantías. De hecho, los campesinos son encarcelados usando montajes judiciales por eso hemos exigido un marco de garantías.

Juan Manuel Santos podría aprovechar la crisis del Catatumbo para realizar una propuesta modelo, que sirva de referencia en todo el país. Siempre hemos dicho que promovemos la participación campesina en nuevas instituciones y el establecimiento de una mesa de cooperación internacional, que saque adelante el proceso de construcción de paz en el Catatumbo.

Si el objetivo de las negociaciones entre representantes del Catatumbo y el gobierno es que la protesta social se respete como mecanismo fundamental de la democracia. ¿Cuándo liberarán a los cinco campesinos presos luego del reciente paro en esa región? 

No se ha tomado ninguna decisión al respecto de eso montajes judiciales. Se estima que hay aproximadamente otros 400 campesinos encarcelados a causa del cultivo de la hoja de coca, de la criminalización del cultivo por parte del gobierno y al tratarlos a los cultivadores como narcotraficantes. El gobierno criminaliza un problema de carácter social y económica que aqueja a personas sin opciones.

¿No es un fracaso la negociación que se lleva a cabo entre catatumber@s y el gobierno puesto que las 400 familias no han recibido lo esperado, tampoco se logró la aprobación del hospital de tercer nivel en Tibú y en algunos momentos han recurrido a la caridad de la iglesia para evitar una emergencia alimentaria. No es este proceso un fracaso?

Ha sido muy difícil. El gobierno se opone a resolver el problema de la salud en el Catatumbo, a veces argumentan que el hospital de tercer nivel no es necesario y, a veces, que no hay dinero.

En el proceso de negociación hay limitantes de carácter técnico, voluntad política y dinero. Sin embargo, creemos que es importante que se lleguen a acuerdos parciales; el gobierno aún tiene tiempo para cumplir, queda lo que resta de este año y del gobierno Santos para responder a estas demandas. Para ello es importante que el gobierno desmilitarice el Catatumbo y dejar de asumir posturas doctrinales del Ministerio de Defensa.

El gobierno le tiene miedo a la autonomía campesina. No puede argumentar incapacidad para gestionar el territorio, hay motivaciones de orden político que deben dejarse atrás. El mandato es cumplir la ley, cumplirla independientemente de los diálogos.

Ese tema lo desarrollamos en el foro agrario y desarrollé un taller de un día en la Habana para los delegados de paz de las Farc. Un acuerdo parcial en material territorial, no soluciona el problema tierra.