Ausente del debate en una legislatura marcada por el continuismo con la etapa del PP, la política económica asoma en la precampaña electoral. Rajoy promete, directamente, «la rebaja fiscal más importante de la democracia». El PSOE le sigue de cerca, y a la rebaja del impuesto de sociedades y del IRPF de su última reforma […]
Ausente del debate en una legislatura marcada por el continuismo con la etapa del PP, la política económica asoma en la precampaña electoral. Rajoy promete, directamente, «la rebaja fiscal más importante de la democracia». El PSOE le sigue de cerca, y a la rebaja del impuesto de sociedades y del IRPF de su última reforma fiscal suma ahora la eliminación del impuesto de patrimonio. Estos anuncios se producen pese a que el gasto social español se sitúa a la cola de Europa. Tampoco se señala la merma en recursos públicos. En las últimas dos legislaturas, las rebajas supusieron una pérdida potencial de 13.800 millones de euros.
Dos diferentes tipos de datos ocupaban las páginas de información política la semana pasada: uno, la intención de voto de cara a las elecciones de marzo. El segundo, toda clase de promesas de reducción de impuestos. A este ritmo, si la campaña durase otros tres meses, cabría imaginarse una España convertida en paraíso fiscal.
Por el momento, el anuncio más sonado lo daba Mariano Rajoy. El 18 de noviembre, como traca final para la convención del Partido Popular, el candidato prometía eximir del impuesto de la renta (IRPF) a todas las personas que ganen menos de 16.000 euros. Pero el PP no se dirige sólo a los ‘mileuristas’. Con algo menos de bombo, unos días antes el líder popular prometía una reducción de tres puntos en el tipo máximo (el de las mayores rentas) y de diez en el impuesto de sociedades (para empresas). Pobres, ricos, empresarios… para el PP, todos ganan. Es más, según la idea neoliberal por la que al bajar los impuestos se reactiva la economía, el número dos del partido, Ángel Acebes, aseguró que la reforma «no tiene ningún coste». Al día siguiente el Gobierno recordaba los costes. Fue el propio ministro de economía, Pedro Solbes, quien cifró la merma de ingresos en no menos de 5.000 millones de euros. No obstante, a las dos semanas Zapatero daba su propio golpe de efecto. En unas jornadas organizadas por la revista-biblia del neoliberalismo, The Economist, el presidente anunciaba la supresión del impuesto de patrimonio. Pocos días antes, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre había prometido la reducción de ese impuesto. Otras comunidades también se han apuntado. En Galicia, Emilio Pérez Touriño prometió la exención del impuesto de sucesiones. Y el entusiasmo con las rebajas llega al punto que el PSOE retiró de su programa el céntimo ecológico, ante el temor de parecer excesivamente recaudador.
Menor gasto público europeo
Detrás de los aplausos de los mítines, han sido poco escuchadas sin embargo las voces que señalan cómo, paradójicamente, todas estas promesas se dan en una economía cuya presión fiscal está en los últimos puestos de Europa. Según datos de Eurostat, la suma de todos los impuestos fue de un 34,8% del PIB.
La cifra es inferior en más de cuatro puntos a la de los países europeos de la zona euro, incluso menor que el de las nuevas incorporaciones. El sistema económico español es, junto con el de Portugal, el que menos invierte en gasto público por habitante de los 15 primeros miembros de la Unión Europea. El dato no se corresponde al nivel de riqueza. El PIB per cápita español está en el 90% de la media europea, pero el dinero que se invierte en recursos públicos (sanidad, educación, servicios sociales…) por habitante apenas llega al 62% del promedio europeo. Un aspecto ilustrativo de estas semanas fue ver cómo medidas que reducirán el gasto público se anunciaban al mismo tiempo que se producen manifestaciones por el mal estado de las infraestructuras en Cataluña. O cuando el informe PISA sobre educación sitúa a los alumnos españoles a la cola en comprensión lectora. No en vano, Finlandia, uno de los países con mayores gastos sociales, se encuentra en cabeza.
Estas cuestiones resultan poco relevantes en las líneas de las grandes políticas macroeconómicas. El pasado octubre, así lo denunciaba un informe del gabinete técnico del grupo parlamentario de Izquierda Unida- ICV, en el que se cifra que el coste de las últimas rebajas fiscales del PSOE supusieron una pérdida de recaudación de ingresos potenciales de «no menos de 6.000 millones de euros anuales». Unido a las reformas del período 1996-2003 del PP -cuantificadas en 7.800 millones de euros anuales-, IU calcula que las «reformas regresivas del PP y el continuismo de las del PSOE suponen una pérdida potencial de recursos de 13.800 millones de euros anuales. Y ese camino seguirá tras las elecciones. «Parece que el camino elegido», ha escrito el economista Daniel Raventós, «ha sido el de caminar al grito de ‘menos impuestos’. Que lo haga la derecha era predecible y hasta ‘normal’, que lo haga la izquierda, una parte de ella al menos, es un gran error. Atrapar votos no lo justifica todo».
Los efectos cotidianos del subdesarrollo social
Más allá del debate sobre cifras, el reducido gasto social se observa en el día a día. En salud, de los 15 primeros Estados miembros de la UE, el español es el que menos dedica al gasto público sanitario: un 5,4% del PIB. Y, de ese dinero, sólo un 15% se dirige a atención primaria. Harían falta 342 euros más por habitante para situarse en la media europea. Consecuencias: centros de salud masificados, largas listas de espera y un menor tiempo de consulta médica (un médico de cabecera recibe un 40% más de visitas al día que en la UE-15). En servicios sociales, sólo un 2% de ancianos son atendidos en sus domicilios, frente al 15% en Europa. El gasto en exclusión social es aún menor. Para mejorar estas marcas, según cálculos que maneja Izquierda Unida, «un superávit del 0,1% del PIB (en vez del 0,3% programado para 2008) permite liberar 2.240 millones de euros (370.000 millones de pesetas) para políticas públicas». Sería algo mínimo y se mantendría el superávit, pero entre los ortodoxos liberales, la idea equivale a despilfarro.
«Sólo la gente corriente paga impuestos»
El ritmo de la subasta fiscal entre PP y PSOE no ha llevado a detenerse en otros datos, como es la tendencia a bajar impuestos directos (progresivos) y aumentar los indirectos (regresivos). En la misma línea, si bien Rajoy anuncia que se beneficiarán las clases menos pudientes, la senda económica de los últimos diez años señala en otra dirección. Según indica Daniel Raventós, entre 1995 y 2006, el salario real medio de los españoles cayó un 4%. En ese mismo periodo, de acuerdo con el INE, los salarios han pasado de representar el 49% del total a significar el 36%. Todo ello no evita que las rentas saláriales representan el 80% del IRPF y los asalariados declaren de media casi 6.000 euros más que el promedio de lo que declaran los empresarios y profesionales en el tributo. «El IRPF muestra de forma indirecta que el enorme fraude fiscal que hacen los ricos es impresionante», escribe Raventós, quien recuerda la conocida frase de la millonaria hotelera Leona Hemsley: «Sólo la gente corriente paga impuestos».