Sabino Cuadra Lasarte

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En las últimas semanas, varias resoluciones de nuestras más altas instancias judiciales han evidenciado el verdadero carácter de éstas.

Fue Felipe González quien afirmó aquello de que “el Estado de Derecho se defiende desde las cloacas”. Se refería a la guerra sucia del GAL, pero ahí no acababa todo, pues el problema era la red al completo de desagües y alcantarillado del régimen, apenas reformada desde su instalación en 1936.

Primero fue el acuerdo sobre pensiones Gobierno-CEOE-CCOO/UGT, de junio de 2021, y su correspondiente Ley. Lo siguiente, la reforma laboral recién aprobada estos días.

La cosa viene de atrás. Antes de que el gobierno de Rajoy aprobase su reforma laboral de 2012, su predecesor Zapatero ya había desbrozado el terreno aprobando en junio de 2010, con alevosía y veraneo, otra previa. Bruselas (BCE, Comisión Europea) le presionó para ello y el PSOE dijo amén.

Lo acaba de afirmar la relatora especial de la ONU, señalando que en la judicatura española existe un “patrón estructural” debido al cual las denuncias “de violencia de género contra la madre y de serias alegaciones de abuso sexual infantil no son tenidas en cuenta por los tribunales.

Junio de 2021. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, comparen en rueda de prensa para anunciar la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno español.

Yolanda y Enrike, una pareja amiga, me enviaron un correo hace unos días contándome que al pasar por Santoña habían visto en su paseo marítimo un monumento a Carrero Blanco, natural de esa localidad, de 40 metros de altura. Me escribían sorprendidos por semejante apología de quien fue delfín del genocida y pata negra del más rancio franquismo.

Es lo que tiene el corcho, que aunque lo sumerjas una y mil veces en agua, siempre vuelve a salir a flote. Obedece así al principio de Arquímedes, ése que habla de la fuerza que empuja a los cuerpos sumergidos a emerger.

Hace ya ocho meses, en septiembre de 2020, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un mes después, en el Encuentro estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo (un par de cientos de grupos participaron en el mismo) se dio un repaso a su contenido.

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