A mediados de mayo de 2026, los tribunales de Kiev dictaron prisión preventiva de sesenta días para Andréi Yermak (ex jefe del gabinete de Zelenski durante seis años), un hosco personaje que pasaba por ser, tras el presidente, el segundo hombre más poderoso del gobierno. Yermak está acusado de blanquear nueve millones de euros con una urbanización de lujo, y ya estuvo implicado en 2025 en otra operación corrupta que blanqueó 86 millones de euros de la compañía Energoatom, que opera las centrales nucleares ucranianas. No era el único: con él, aparecían el ex ministro de Energía, Herman Halushchenko, y Oleksiy Chernishov, que hasta julio de 2025 fue viceprimer ministro y disponía de una red corrupta junto a diputados del partido de Zelenski. Yermak evitó días después la prisión preventiva con una fianza de tres millones de dólares, una cifra inalcanzable para cualquier ucraniano en un país donde el salario mínimo mensual es de 195 euros y el salario medio de unos 675 euros.
Con ellos está también implicado el empresario Timur Míndich, aliado y socio de Zelenski en la productora cinematográfica Kvartal 95, que abandonó el país tras las primeras detenciones para establecerse en Israel. Entre las operaciones corruptas tramadas por ese círculo tan cercano a Zelenski está la privatización del Sense Bank, uno de los bancos más importantes de Ucrania, y de Karpatneftekhim, la mayor planta petroquímica del país, hoy bajo control judicial del Estado, además de una urbanización de lujo, con casas construidas para Yermak, Míndich, Chernishov y una mansión para el presidente ucraniano aunque, tentándose la ropa, los responsables de la investigación no citaban a Zelenski. No es extraño que lo hiciesen así, porque los organismos anticorrupción y la policía están llenos de ladrones y corruptos, aunque siguen investigando por la presión de Washington y Bruselas que no quieren que una parte de sus ayudas millonarias acaben en las oscuras tramas de la corrupción. Ahora, el presidente ucraniano simula no tener nada que ver con Yermak, pero en el enfermizo mundo de intrigas, saqueos y corrupción que rodea al gobierno de Kiev está también implicada la esposa de Zelenski: en ese ambiente de nepotismo y depravación, Elena Zelenska y Yermak son los padrinos del hijo del fugado Chernishov. Para completar el delirio de esa corte de los milagros, de ladrones y estafadores, el siniestro Yermak tenía contratada a una adivina y astróloga, Veronika Anikiévich, para lanzar maldiciones de magia negra sobre el organismo anticorrupción y sobre periodistas entrometidos, y era consultada por Yermak incluso para nombramientos de ministros del gobierno.
La Oficina anticorrupción de Ucrania, NABU (que nació en 2015 bajo los auspicios de Estados Unidos y la Unión Europea tras el golpe de Estado del Maidán, y donde participan el FBI y la CIA) acusa a esos personajes del círculo de Zelenski de blanqueo de capitales, soborno y abuso de poder, y dispone de grabaciones de conversaciones telefónicas donde los miembros de esa red corrupta maquinan las operaciones y negocian el reparto de millones de euros. Nada nuevo. Las prácticas corruptas vienen de lejos: en 2019, personas asociadas con el anterior presidente, Poroshenko, se lucraban con estafas y robos en el Ministerio de Defensa y en compras de armamento, y la fiscalía y los organismos anticorrupción recibían presiones y amenazas: a finales de 2015, Biden, entonces vicepresidente, visitó Kiev y amenazó con retener mil millones de dólares si Poroshenko no destituía al Fiscal General, Víktor Shokin. Biden quería cerrar así las investigaciones sobre otra oscura trama de corrupción donde Hunter Biden, hijo del vicepresidente, recibía un millón de dólares anuales de una empresa ucraniana. El propio Biden alardeó públicamente de ello después, aunque mantuvo que su exigencia de que el Fiscal General ucraniano fuese destituido no era por la implicación de su hijo sino por la ineficacia de Shokin para combatir la corrupción. Fue conmovedor.
La NABU sufre hoy la constante intervención de la embajada estadounidense, que intenta controlar el destino de la enorme financiación que recibe Ucrania de Washington y Bruselas: se calcula que desde 2022 los países de la Unión Europea y Estados Unidos han destinado más de 360.000 millones de euros para ayuda militar y económica al gobierno de Zelenski, además de los 90.000 millones de euros aprobados recientemente por la Unión Europea para enviar a Ucrania en 2026-2027. En julio de 2025, Zelenski quiso poner los organismos de vigilancia de la corrupción a las órdenes del Fiscal General que controla tras haber nombrado para el puesto a Ruslán Kravchenko, un joven treintañero que ejerció de fiscal militar en el Donbás en 2014 y 2015 durante el ataque ordenado por Poroshenko. El intento de Zelenski fracasó por las críticas occidentales, que temen que buena parte de su financiación a Kiev acabe siendo robada: de hecho, participan también en el saqueo de Ucrania y de los fondos occidentales responsables de esos organismos anticorrupción (además de ministros, diputados, militares, empresarios, asesores estadounidenses, miembros de los servicios secretos y altos funcionarios) y los servicios de seguridad, SBU, han llegado a detener a funcionarios de la NABU. La corrupción es tan flagrante y extensa que llevó incluso a la Unión Europea a amenazar con detener la ayuda financiera si Zelenski no retiraba su proyecto de control de los organismos anticorrupción.
El dinero llega a Ucrania desde muchas fuentes, aunque las partidas más importantes proceden de la Unión Europea y de Estados Unidos, y sirve para nutrir al ejército ucraniano y a las estructuras del Estado, y también para incrementar la influencia cultural y política occidental. La USAID financiaba a buena parte de la prensa ucraniana (como Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent, y radios y televisiones), prensa que paga esa hipoteca con contenidos informativos del agrado de Washington; se calcula que USAID financiaba a casi el 90% de la prensa «independiente» en Ucrania, lo que supone más de 700 medios de comunicación, además de unas 280 ONGs, a través de programas como el Media Program in Ukraine. Aunque Trump desmanteló la USAID en 2025, muchos de sus programas han sido asumidos por el Departamento de Estado y por la financiación de agencias de inteligencia. Sectores privados occidentales también colaboran en la financiación de todo tipo de entidades: el millonario ucraniano de religión judía Jan Koum, fundador de WhatsApp (que en mayo de 2026 tenía amarrado su yate Moonrise de cien metros, dotado de helicóptero, en el puerto de Barcelona) donó 17 millones a la European Jewish Association, un grupo de presión con sede en Bruselas a la que aporta casi todo su presupuesto, y decenas de millones más a la Federation of Jewish Communities of the CIS, cuya sede está en Nueva York y que actúa en todo el territorio de la antigua Unión Soviética. Ambas organizaciones jasídicas aseguran desarrollar «actividades humanitarias» en Ucrania.
La amordazada prensa ucraniana no informa sobre la corrupción que rodea a Zelenski, pese a las abundantes pruebas e indicios, protegido como está por el artículo 105 de la Constitución ucraniana que asegura impunidad para el presidente del país. Sin embargo, el gobierno de Washington conoce perfectamente la charca ponzoñosa en que se ha convertido el país, porque Ucrania está llena de estadounidenses: funcionarios del gobierno, militares del Pentágono, agentes de la CIA, policías del FBI y hombres de las empresas de mercenarios están presentes en todos los organismos gubernamentales ucranianos y en el ejército. En ese pozo de corrupción, drogas y codicia del gobierno y el Estado ucraniano, no pueden sorprender las revelaciones que hizo la secretaria de prensa de Zelenski, Yulia Mendel, en una entrevista con Tucker Carlson en mayo de 2026. Según Carlson, Mendel arriesga la vida.
La represión en el país no ha cesado, con todos los partidos de izquierda prohibidos y perseguidos, con miles de presos políticos (aunque el gobierno de Zelenski los califica de «espías», «traidores» y «colaboradores con Rusia»), y se recurre al siniestro expediente de ciudadanos «desaparecidos», y con la actuación de «escuadrones de la muerte». El anterior jefe del SBU, Vasil Malyuk, se vanaglorió de las «campañas de asesinatos selectivos» que sus hombres llevaban a cabo en Ucrania y también en el interior de Rusia. Malyuk fue sustituido en enero de 2026 por Evgeni Khmara, el cruel jefe de la “unidad de operaciones especiales”.
A la suspensión de las elecciones (el mandato de Zelenski terminó en mayo de 2024) se añade la existencia de un parlamento ornamental (once partidos políticos fueron prohibidos, entre ellos el comunista y el socialista) donde la mayoría absoluta la ostenta el partido de Zelenski y la oposición se agrupa en torno a las organizaciones de Petró Poroshenko, Yulia Timoshenko y Kira Rudik, los tres partidarios de la OTAN y de las redes occidentales. La compra de votos en la Rada es habitual: muchos de los miembros del partido de Yanukóvich, destituido por el golpe de Estado del Maidán, han sido comprados por los servicios de Zelenski y votan ordenadamente en el parlamento las propuestas del régimen, manteniendo el estricto decorado «democrático», aunque eso no evita las sordas luchas de facciones, en muchas ocasiones en busca de puestos bien remunerados y lucrativos «negocios» y privatizaciones. A la represión política y la corrupción extrema se ha añadido una economía de guerra gracias a los envíos occidentales que aseguran subvenciones, salarios y tramas clientelares.
A todo ello se unen los constantes gestos para honrar a los colaboradores del nazismo: en mayo de 2026 el gobierno aprobó la repatriación desde Luxemburgo de los restos de Andriy Mélnyk, dirigente de la OUN (Organización de Nacionalistas Ucranianos, de ideología fascista) entre 1938 y 1964, para enterrarlos en el Cementerio Conmemorativo Militar Nacional en Kiev (creado en 2025 a imitación del cementerio estadounidense de Arlington) con homenajes y honores militares. Mélnyk, agente de la Abwehr alemana, participó en la creación de batallones nazis durante la Segunda Guerra Mundial, se involucró en matanzas de comunistas y judíos soviéticos y polacos y en la creación de la División SS Galitzia para combatir al Ejército Rojo mientras pedía a Hitler «el honor de participar en la cruzada contra la barbarie bolchevique».
La Unión Europea y Estados Unidos han aceptado la imposición de un nacionalismo ucraniano que bebe en las fuentes de la complicidad con el nazismo y que ha convertido a la Ucrania soviética de 52 millones de habitantes en un desolado país de menos de 30 millones de ciudadanos. Washington y Bruselas han aceptado que los gobiernos de Kiev aprobasen la práctica prohibición del idioma ruso, hablado por una buena parte de la población del país; han consentido la persecución de toda oposición política, de los comunistas hasta sectores conservadores opuestos a la dictadura de Zelenski, y lo han acompañado del constante recurso de los portavoces occidentales a la mentira de que en Ucrania se lucha por la libertad y la democracia. Washington y Bruselas no han expresado la menor protesta por el reclutamiento forzoso de miles de personas que son cazadas en las calles ucranianas por patrullas del ejército y la policía, y tanto Estados Unidos como la Unión Europea ha cerrado también los ojos a las reiteradas muestras de unidades nazis en el ejército y la proliferación de símbolos hitlerianos. La Brigada Azov se ha convertido en un Cuerpo de Ejército y de sus tres mil integrantes ha pasado a incorporar a más de veinte mil militares, sin perder su inspiración nazi inicial.
Sin embargo, el pozo negro de la corrupción ucraniana, de la represión, de la complicidad con el nazismo, son asuntos menores para la Unión Europea y para Estados Unidos, cuyas diplomacias han impedido la paz desde las primeras semanas de la guerra, tras las negociaciones de Estambul, y no dudan ahora en apoyar a un histérico Zelenski (así lo define quien fue su ex responsable de prensa). La retórica occidental sobre los «valores» y la «defensa de la democracia y la libertad» en Ucrania era solo una trampa para elefantes, porque lo que persiguen es la continuación de la guerra y la derrota de Rusia. La decisiva visita del primer ministro británico, Boris Johnson, a Kiev en abril de 2022, a solo seis semanas del inicio de la intervención rusa, sirvió para dinamitar la posibilidad de terminar la guerra. Dos semanas después de la misión de Johnson llegaban a Kiev Blinken y el jefe del Pentágono y secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien tras entrevistarse con Zelenski, reconoció después en Polonia que la guerra debía servir para «debilitar a Rusia» con la intervención y ayuda de «más de treinta países». La nueva presidencia estadounidense no ha cambiado nada en lo sustancial, porque a pesar de las reiteradas especulaciones en la prensa sobre la proximidad de Trump con Moscú, puede constatarse que su gobierno sigue apoyando y armando a Zelenski.
En ningún momento del conflicto los principales países europeos, Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña, han lanzado iniciativas diplomáticas para la paz: se han limitado a declaraciones reclamando el fin de los enfrentamientos para aplacar posibles exigencias de la población… mientras hacían posible la continuidad de la guerra, auxiliando a Zelenski y aumentando el despliegue militar en las proximidades de las fronteras rusas. El hostil discurso hacia Moscú es el eje de la política exterior y de las decisiones de la Unión Europea, y un cambio de suma gravedad ha sido el deslizamiento de Alemania hacia la guerra: del «discurso Zeitenwende» de Scholz en 2022 asignando 100.000 millones de euros al rearme se ha pasado a la decisión de Merz de destinar para ello más recursos todavía, rearmar la Bundeswehr para convertir el ejército alemán en «el más fuerte de Europa», levantar una poderosa industria armamentística y facilitar a Kiev armas con las que atacar el corazón de Rusia. Estremece que en Berlín resuenen de nuevo los tambores de guerra, y que vayan acompañadas de las palabras de Macron sobre la fuerza nuclear francesa y la posibilidad de que Francia y otros países envíen soldados a Ucrania, y de la decisión de los tres pequeños bálticos, Polonia y Finlandia de colaborar con el gobierno de Zelenski facilitando cobertura para los ataques con drones a territorio ruso. El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kęstutis Budrys, ha llegado a amenazar con un ataque de la OTAN a la región rusa de Kaliningrado, y con la destrucción de las bases militares rusas. En Kaliningrado está el cuartel general de la Flota del Báltico rusa y alberga misiles balísticos Iskander que pueden llevar ojivas nucleares.
Porque los países de la OTAN participan de hecho en la guerra ucraniana a través de su financiación, de la ayuda en el reclutamiento de mercenarios para Zelenski, de la información constante de sus servicios secretos y satélites militares estadounidenses, y del envío de armamento, incluso misiles y drones que ya producen fuera de Ucrania, golpeando a Rusia, y que han alcanzado algunos de los puntos de su dispositivo nuclear (se ha atacado territorio ruso con misiles balísticos ATACMS suministrados por Estados Unidos y con misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica, entre otros de procedencia europea), sin olvidar la decisiva colaboración de las compañías tecnológicas occidentales. Utilizando a Ucrania, la guerra por poder de la OTAN contra Rusia no se detiene, y la colaboración del MI6 británico en la matanza del colegio Starobelsk, en Lugansk, es otra muestra más.
De Biden a Trump, el análisis estratégico estadounidense no ha cambiado porque siguen señalando a China como la pieza a batir, manteniendo el acoso a Rusia pero traspasando una parte de ese esfuerzo (en la financiación, en el envío de armamento, en entrenamiento de militares ucranianos) a la Unión Europea, porque la leyenda servida por la prensa occidental sobre una supuesta «proximidad» de Trump con Rusia (se ha llegado a afirmar que el estrafalario presidente estadounidense era «el hombre de Moscú en Estados Unidos») no puede ocultar que Washington quiere apoderarse de las riquezas de Ucrania (en 2025, Trump impuso a Zelenski un duro acuerdo para la explotación de minerales en Ucrania), sigue operando en la periferia rusa, manteniendo a grupos terroristas en el Cáucaso y en Asia central, interviniendo en las diferencias de Moscú con Armenia: Marco Rubio acaba de visitar Ereván y ha suscrito un acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores, Ararat Mirzoyan, para el suministro de armamento estadounidense a Armenia, la formación de militares armenios en Estados Unidos y para hacer compatibles sus ejércitos. Con los mismos fines, Washington trabaja también en Azerbeiján y Georgia, envía armamento al gobierno de Kiev, facilita información de sus satélites, desde los KH-11 Kennen hasta la enorme red de los nuevos satélites espía mucho más pequeños que está desarrollando la National Reconnaissance Office, NRO, del Pentágono, además de la colaboración de compañías tecnológicas estadounidenses, entre ellas Starlink y Palantir, con el gobierno de Zelenski. Y no hay apenas diferencias estratégicas entre los dos partidos del régimen estadounidense en el intento de preservar la hegemonía mundial, aunque Trump prefiere que los países europeos de la OTAN asuman el mayor coste del acoso militar a Rusia, y a ese deseo responde la anunciada retirada de 5.000 militares estadounidenses de Alemania y el anuncio de la cancelación del envío de 4.000 soldados a Polonia (decisión anulada después por Trump en uno de sus erráticos merodeos, asegurando que enviará 5.000 soldados más) junto a otras medidas que estudia el Pentágono: ayuda a contener el disparatado déficit norteamericano, aunque sigue manteniendo la hipótesis acariciada por los sectores más extremistas del partido demócrata y de los republicanos de que la presión constante podría llevar a la caída de Putin y, en una culminación terminante, a la desintegración del país. Y, tras ello, llegaría el momento del acoso final a China. Esa temeraria política de Washington, que ha iniciado la guerra con Irán de la mano de Israel y va acompañada del criminal desvarío de Netanyahu, que dirige un país nuclear dispuesto a proseguir el genocidio palestino, y pone en riesgo la vida de millones de personas, ha conseguido algunas victorias que parecen avalar el rearme y la continuidad de la presión militar, económica y diplomática, porque no hay duda de que la caída de Siria (aliada de Rusia con Bashar al-Asad) culminada por los servicios de Biden semanas antes de la segunda llegada de Trump a la presidencia, la tutela impuesta sobre Venezuela tras el secuestro de Maduro, y el férreo acoso y bloqueo a Cuba, han sido duros golpes a Rusia y a China que alimentan las fantasías de los círculos más extremistas del Pentágono y la Casa Blanca.
La Unión Europea agrupa a una perfecta colección de irresponsables que especulan con llevar la guerra a territorio ruso. De Macron a Starmer, de Tusk a Merz, los dirigentes europeos apuestan por el rearme: la temeraria Kaja Kallas llegó a verbalizar hace unos meses la necesidad de «derrotar a Rusia, si queremos hacerlo también con China». Pero la agresividad de la Unión Europea, de distintos dirigentes de sus países miembros especulando con la hipótesis de «frenar a Rusia» con la entrada directa de la OTAN en la guerra ucraniana, ha recibido un nuevo aviso: en mayo, los ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, junto con Bielorrusia, fueron una severa advertencia contra el partido de la guerra que domina los organismos de la Unión Europea y ha conseguido que la mayor parte de los presidentes de gobiernos europeos se hayan involucrado en Ucrania, continuando la escalada, sin que sean conscientes de las consecuencias de acosar a la mayor potencia nuclear del planeta.
Ucrania es un depósito de cadáveres, envuelto en canciones y gestos «patrióticos», y también un peligroso espejismo para Occidente. Frente al desvarío de Washington y Bruselas, la declaración de Pekín suscrita por China y Rusia, certifica el fin del mundo controlado por Estados Unidos: «Los intentos de algunos Estados de gestionar por su cuenta los asuntos mundiales, imponer sus intereses al mundo entero y restringir las oportunidades de desarrollo soberano de otros países, al estilo de la era colonial, han fracasado.» Estados Unidos se muestra como un imperio que se resiste a morir, y sigue disponiendo de un ejército letal que puede llevar el mundo a la catástrofe, y China y Rusia admiten que los riesgos siguen presentes: «existe el peligro de fragmentación de la comunidad internacional y de un retorno a la <ley de la selva>», por eso, Pekín y Moscú se comprometen a respetar cuatro principios y piden que el mundo también lo haga: una cooperación inclusiva y mutuamente beneficiosa, el principio de que la seguridad es indivisible y debe ser igualitaria, la democratización de las relaciones internacionales y de gobernanza mundiales, y el respeto a la diversidad de civilizaciones.