Recomiendo:
0

Rechazada la directiva de las 65 horas, pero se mantiene la legislación actual que permite jornadas de hasta 78 horas semanales.

La UE fracasa en la adopción de un tope semanal de cuarenta y ocho horas de trabajo

Fuentes: Agencias

Después de cinco años de negociaciones no se alcanzó un acuerdo entre los 27. Se mantendrá la legislación vigente, que permite superar el máximo de 48 horas semanales. 15 países lo superan.

La falta de acuerdo entre los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE anoche en la ronda final de negociaciones ha provocado que, tras cinco años de debates, se abandone definitivamente la norma que sitúa la jornada laboral máxima en 65 horas semanales, según informó hoy el Parlamento.

Ello significa que seguirá vigente la legislación actual sobre tiempo de trabajo, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones (‘opt-out’) mediante un acuerdo individual entre empresario y trabajador. Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales. Si se quiere intentar de nuevo modificarla habría que empezar desde el principio con una nueva propuesta de Bruselas.

Se trata de la primera vez que Parlamento y Consejo no llegan a un acuerdo en conciliación desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, que amplió los poderes legislativos de la Eurocámara.

El principal obstáculo para el compromiso fue la cuestión del ‘opt-out’. Los Veintisiete, liderados por Reino Unido, apostaban por mantenerlo indefinidamente, mientras que la Eurocámara exigía fijar en la norma una fecha para su eliminación definitiva, de manera que en ningún caso pudiera superarse la jornada de 48 horas.

«Desgraciadamente, tras cinco años de negociaciones, no fue posible alcanzar un acuerdo. El equipo negociador de la Eurocámara hizo varias propuestas sobre el ‘opt-out’ para que se convierta en algo excepcional y temporal. El ‘opt-out’ no puede durar para siempre», explicó la jefa del equipo negociador del Parlamento, la socialista alemana Mechtild Rothe.

Por su parte, el eurodiputado socialista Alejando Cercas, ponente parlamentario de la directiva de tiempo de trabajo, lamentó la falta de compromiso pero aseguró que «un mal acuerdo hubiera empeorado la situación de los trabajadores en general y de los médicos en particular». «Hemos dejado el futuro abierto y esperamos encontrar una solución con la nueva Comisión y el nuevo Parlamento», afirmó Cercas.

La presidencia checa arremetió contra «falta de flexibilidad» de la Eurocámara y atribuyó el fracaso de las negociaciones a la cercanía de las elecciones europeas. «El Parlamento dio prioridad a la ideología sobre la realidad política y económica», dijo el ministro checo de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Necas. Destacó que en la actualidad 15 de los 27 Estados miembros utilizan ya el ‘opt-out’, especialmente en sectores con guardias como la sanidad o los bomberos.

A su juicio, el fracaso de las negociaciones provocará que cada vez más Estados miembros recurran al ‘opt-out’, de manera que esta cláusula «se convertirá en la regla en lugar de ser la excepción».

«Los eurodiputados no quisieron aceptar un compromiso que hubiera mejorado la situación de los trabajadores y, al mismo tiempo, hubiera permitido dar más flexibilidad al mercado laboral. Esto es lo que Europa necesita en un momento de crisis», afirmó.

Guardias médicas

Tampoco hubo acuerdo entre el Parlamento y los Gobiernos en la cuestión de las guardias médicas, que también está regulada por la directiva de tiempo de trabajo. La Eurocámara exigía que las guardias se consideraran tiempo de trabajo, tal y como ha dictaminado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la UE, algo que no aceptan los Veintisiete.

Otro punto de discrepancia fue la cuestión de los contratos múltiples. Para los trabajadores con más de un contrato de trabajo, los eurodiputados consideraban que el tiempo de trabajo debía calcularse por trabajador y no por contrato.

A partir de ahora, lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los Estados miembros y sobre la que hay más posibilidades de acuerdo, y deje fuera la cuestión del ‘opt-out’, según fuentes comunitarias.