Durante los 26 años de gobierno del PSOE (Felipe González, 14; Rodríguez Zapatero, 8; Pedro Sánchez, 4), este partido ha mantenido vigente, sin derogar, la Ley de Secretos Oficiales franquista, de abril de 1968.

El 14 de julio el Congreso dio su aprobación al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Falta aún su tramitación ante el Senado y su sanción última por el Congreso, pero parece que el pescado está ya todo vendido. De todas formas, la esperanza es lo último que se pierde.

14 de octubre de 1977, Madrid, Congreso de los Diputados. El espíritu de la reconciliación planea sobre el hemiciclo. Se debate la Ley de Amnistía.

En las últimas semanas, varias resoluciones de nuestras más altas instancias judiciales han evidenciado el verdadero carácter de éstas.

Fue Felipe González quien afirmó aquello de que “el Estado de Derecho se defiende desde las cloacas”. Se refería a la guerra sucia del GAL, pero ahí no acababa todo, pues el problema era la red al completo de desagües y alcantarillado del régimen, apenas reformada desde su instalación en 1936.

Primero fue el acuerdo sobre pensiones Gobierno-CEOE-CCOO/UGT, de junio de 2021, y su correspondiente Ley. Lo siguiente, la reforma laboral recién aprobada estos días.

La cosa viene de atrás. Antes de que el gobierno de Rajoy aprobase su reforma laboral de 2012, su predecesor Zapatero ya había desbrozado el terreno aprobando en junio de 2010, con alevosía y veraneo, otra previa. Bruselas (BCE, Comisión Europea) le presionó para ello y el PSOE dijo amén.

Lo acaba de afirmar la relatora especial de la ONU, señalando que en la judicatura española existe un “patrón estructural” debido al cual las denuncias “de violencia de género contra la madre y de serias alegaciones de abuso sexual infantil no son tenidas en cuenta por los tribunales.

Junio de 2021. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, comparen en rueda de prensa para anunciar la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno español.

Yolanda y Enrike, una pareja amiga, me enviaron un correo hace unos días contándome que al pasar por Santoña habían visto en su paseo marítimo un monumento a Carrero Blanco, natural de esa localidad, de 40 metros de altura. Me escribían sorprendidos por semejante apología de quien fue delfín del genocida y pata negra del más rancio franquismo.