“Los proyectos comunitarios y líderes sociales en grave riesgo en el departamento de Arauca”.
Es el título de una Alerta Temprana difundida por la Fundación colombiana de Derechos Humanos Joel Sierra (FDHJS) el 9 de enero. La alerta se refería al lanzamiento de un explosivo contra las instalaciones de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (ECAAAS ESP), en el municipio de Saravena (Arauca). Se trata de una iniciativa comunitaria cuyo fin es hacer posible el derecho fundamental al agua y el saneamiento básico.
El atentado se produjo en el contexto de “la crisis humanitaria producto del conflicto social, político y armado, y en momentos en que se ha incrementado con dos nuevos batallones del ejército nacional la alta militarización en el territorio (de Arauca), y que permite que los autores de este tipo de agresiones anden a sus anchas por las cabeceras municipales”.
Una Acción urgente del movimiento Congreso de los Pueblos denunciaba, el 19 de enero, los disparos de varios individuos contra la sede en la que desarrollan su actividad diferentes organizaciones sociales del Centro Oriente colombiano, en Saravena; además los atacantes hicieron explotar una furgoneta, en un atentado que se saldó con cuatro heridos y “gran destrucción” en edificios cercanos.
Los hechos fueron denunciados por la presidenta de la FDHJS y miembro del Congreso de los Pueblos, Sonia López, en un acto organizado en Valencia por el comité de solidaridad internacionalista CEDSALA-País Valenciano y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER).
Celebrado el 6 de abril en la sede de CEDSALA, el acto tuvo como título La guerra invisible. Defender los derechos humanos y el territorio en Colombia; este conversatorio forma parte de la Gira Europea del Movimiento Social de Arauca marzo-abril 2022, que recorre el estado español y países como Suiza, Francia, Alemania o Bélgica. Integrante del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente, Sonia López y otros militantes han sido objeto de amenazas y señalamientos –a partir del mes de enero- por parte de grupos paramilitares.
Otra Denuncia pública de la FDHJS, del 23 de enero, daba cuenta de que la violencia continuaba en las ciudades y campos de Arauca: siete personas asesinadas con arma de fuego durante el fin de semana. En un contexto de militarización creciente, la población araucana es víctima de “atentados terroristas, homicidios selectivos, amenazas, retenciones, desplazamiento y persecución a la dirigencia social (…)”.
La denuncia recuerda que la obligación del Estado de Colombia es garantizar la vida, integridad y bienes de los civiles; sin embargo, en lugar de garantizar estos principios, se dirige a “proteger intereses económicos de las corporaciones transnacionales y sus proyectos”.
Hicieron un balance más reciente, el 30 de marzo, las delegaciones de Naciones Unidas y la Iglesia católica colombiana que visitaron el departamento, y se reunieron con autoridades y organizaciones de derechos humanos: 130 personas asesinadas y más de 3.000, víctimas del desplazamiento forzoso durante el primer trimestre en Arauca (en la iniciativa participaron, entre otros, el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y el obispo de Arauca, Jaime Cristóbal Abril).
Según Sonia López, “de manera oficial y con una máscara de legalidad, el gobierno colombiano ejerce la estigmatización y la judicialización; apela a la amenaza y el asesinato por medio de prácticas paramilitares y el avance del narcotráfico como forma de control social, y como vía para financiar la misma guerra que dice combatir”.
La defensora da cuenta de recientes movilizaciones en el departamento; por ejemplo, las protestas que protagoniza -en abril- la Unión Sindical Obrera (USO) de la industria del petróleo en Arauca, frente a la compañía de hidrocarburos SierraCol Energy; el objetivo es “la mejora de los derechos plasmados en las convención colectiva de trabajo”; como muestra de intimidaciones frente a los paros, el sindicato ha compartido, en las redes sociales, imágenes de tanquetas y soldados de la fuerza pública.
Otro ejemplo es la Caravana Humanitaria #SOS Arauca (por la paz, la vida y la permanencia en el territorio), iniciada el 21 de marzo en Bogotá y con final en Arauca (capital) dos días después, tras recorrer los municipios del departamento; además de mítines con las comunidades y reuniones con autoridades locales, el 24 y 25 de marzo se programó el Foro Regional por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la capital araucana.
Sobre la situación en 2021, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra presentó en enero su informe sobre la situación de derechos humanos en Arauca; el documento constata que el conflicto político, social y armado se desarrolló “con inusitada intensidad”; el documento recoge 144 casos de asesinato, en su mayor parte de jóvenes, principalmente en Arauca, Saravena y Arauquita; a estas cifras se suman tres masacres (Cravo Norte, Puerto Rondón y Saravena); “definitivamente corresponde al pueblo organizado afianzar su autoprotección”, concluye el reporte.
El informe dedica también un apartado a las acciones de memoria histórica, lucha contra el olvido y reivindicación popular en 2021. De este modo, se consiguió que los concejos de Saravena (25 de septiembre); Fortul (13 de diciembre); Tame (13 de diciembre) y Arauquita (6 de abril) declararan su día municipal de los derechos humanos, en que se rinda homenaje a las víctimas.
Por otra parte la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) promovió, el 8 de marzo, marchas por los municipios con motivo del Día Mundial de la Mujer Trabajadora; y el 25 de noviembre, por el Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. El informe está dedicado al histórico luchador sindical y dirigente de la USO, Óscar García, víctima de la COVID el pasado 30 de junio.
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