El curso escolar se inaugura todos los años en el País Valenciano con un titular parecido: el del número de alumnos que asistirá a las clases en «aulas prefabricadas» (como las denomina la Conselleria de Educación) o «barracones», ante la falta de infraestructuras adecuadas. Este año, según denuncia el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del […]
El curso escolar se inaugura todos los años en el País Valenciano con un titular parecido: el del número de alumnos que asistirá a las clases en «aulas prefabricadas» (como las denomina la Conselleria de Educación) o «barracones», ante la falta de infraestructuras adecuadas. Este año, según denuncia el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) a partir de los datos de la conselleria, serán más de 14.000 los menores afectados, que cursarán los estudios en aproximadamente 500 «barracones». Todo ello, apunta el responsable de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, dentro de una «apuesta muy clara por el desmantelamiento de los servicios públicos».
Las estimaciones tienen, sin embargo, un punto cabalístico, ya que se infieren de los balances y notas de prensa que realiza la Conselleria de Educación. De hecho, el departamento que dirige María José Català no ofrece cifras exactas del número de «aulas prefabricadas» que existen en la actualidad.
En un principio, los «barracones» representaban una solución provisional a la espera de la construcción de nuevos centros escolares. Pero, tras el frenazo de la «fiebre» constructora y con los recortes en los presupuestos educativos al sobrevenir la crisis, las aulas precarias se han convertido, en muchos casos, en una realidad permanente. Podrían destacarse numerosos ejemplos. Muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se ubica el Colegio Público 103, en «barracones» desde su creación en 2008, a pesar de que el Plan General de Valencia tiene habilitados 14.000 metros cuadrados de suelo (como «equipamiento público») para la construcción del nuevo colegio.
La fotografía de las aulas «prefabricadas» contrasta, se trata de dos realidades físicamente muy cercanas, con la Valencia de los «milagros» que encarnan el PP y el arquitecto Santiago Calatrava. Además de protestar y movilizarse, los padres y madres agrupados en el AMPA decidieron el pasado mes de marzo organizar una subasta de 12 piezas del «trencadís» (revestimiento de cerámica), cuyas piezas se habían desprendido de la cubierta del Palau de les Arts. La iniciativa llevaba por título «La ruina del futuro», en alusión al edificio del arquitecto valenciano.
Otros siete años lleva en «barracones» el Colegio Público Ciutat de Cremona de Alaquàs (Valencia), con más de 500 alumnos de infantil y primaria. Las madres y padres del centro están en pie de guerra porque la Conselleria de Educación ha suprimido para el presente curso la única línea para niños de tres años del centro. El AMPA y la plataforma «Tots som Cremona» han participado en una dura lucha con un encierro de cien días en el centro (hasta el pasado mayo), un intento de acampada (en junio) en la Conselleria de Educación, manifestaciones, concentraciones y recogida de firmas. El 3 de septiembre, día de inicio del curso escolar, la policía nacional irrumpió en el colegio (junto a la inspección de Educación) y desalojó a los padres y docentes voluntarios que protestaban en el aula contra el cierre de la línea de tres años.
En otros casos, el futuro de estas aulas en precario es directamente la desaparición, sin que lleguen a construirse los nuevos centros escolares. Los alumnos de infantil y primaria del colegio Josep Camarena de Gandía, creado en 2009, han pasado desde este curso al colegio Roís de Corella, de la misma localidad. También ha nacido y muerto en «barracones» (siete años de vida) el colegio «Ciudad de Oviedo» de Torrevieja, que a pesar de las protestas de los padres (incluso frente a la Conselleria de Educación en Valencia), verán cómo este curso se reubica a sus hijos en el colegio Acequión de Torrevieja, el instituto número tres de Dénia y el colegio de infantil y primaria San Roc de Polop. A ello se agrega la pérdida del puesto de trabajo de 30 profesores, siete monitores, trabajadoras de la limpieza y proveedores.
Pero en los comunicados de prensa la Conselleria de Educación titula que el curso 2014-2015 comenzará con 200 aulas prefabricadas menos». Según el responsable de Acción sindical del STEPV (organización mayoritaria en el ámbito de la educación en el País Valenciano), Marc Candela, «esto es simplemente publicidad». «Pretenden acabar la legislatura sin barracones a costa de no construir más centros públicos, recortes presupuestarios y de plantilla en el profesorado, o romper a familias por la mitad», al verse obligadas éstas a matricular a los hermanos en colegios diferentes. Añade Marc Candela que, mediante los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), se está fomentando la implantación de la enseñanza privada. Otros elementos de la política de austeridad aplicada a la educación son el Decreto de «arreglo» escolar, que suprime unidades de infantil en los centros, el incremento de las ratios en las aulas y el establecimiento del «distrito único» (que toma como punto de referencia el municipio, en lugar del barrio).
A pesar de las acampadas, concentraciones, «cadenas humanas», reuniones con la conselleria y quejas al Síndic de Greuges, continúa en «barracones» el colegio Sant Joan de Ribera de Burjassot (Valencia), otro «clásico» de las infraestructuras educativas en precario. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) denuncia que, con la partición del centro en tres colegios diferentes, están perdiendo numerosos alumnos. Critican además el permanente incumplimiento de los plazos por parte de la conselleria. «Se comprometieron a hacer la rehabilitación integral del edificio viejo durante el pasado curso, y por enésima vez han incumplido», apuntan en un comunicado. Por eso, ahora desconfían del anuncio de inicio de las obras en enero de 2015.
A toda esta realidad no es ajena la gestión que ha realizado el gobierno valenciano a través de la empresa pública CIEGSA, constituida en 2000 durante el mandato de Zaplana, y que a pesar del anuncio de cierre (dentro de la estrategia de liquidación de las empresas públicas liderada por el actual presidente, Alberto Fabra), la Generalitat ha inyectado 33 millones de euros en los presupuestos de 2014. Teóricamente, el gobierno valenciano creó CIEGSA para la construcción de nuevos centros educativos, así como mejorar y ampliar los ya existentes. Pero según denunció EUPV-IU en febrero de este año (datos del Informe de la Sindicatura de Comptes de 2012), la entidad pública presenta un «agujero» de 250 millones de euros, así como sobrecostes por valor 18,5 millones de euros en la construcción de colegios. Además, casi la mitad de la deuda del Instituto Valenciano de Finanzas corresponde a la empresa CIEGSA.
No menos sonado fue el escándalo de los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 800 millones de euros a partir del año 2006, con los que esta entidad de la Unión Europea cofinanciaba (al 50% con la Generalitat Valenciana) actuaciones en 435 centros educativos. Ante las demoras, falta de transparencia, incumplimiento de plazos y sospechas de malversación, incluso el BEI inició una investigación. Los recursos debían destinarse al programa «Crea Escola», cuyos objetivos eran, entre otros, la mejora de centros educativos y la eliminación de «aulas prefabricadas».
En este escenario, la Conselleria de Educación anunció el 20 de junio la publicación del pliego para la concesión de los primeros Centros de Iniciativa Social (CIS), eufemismo bajo el que se esconde una abierta voluntad privatizadora. En pocas palabras, los CIS requieren de ayuntamientos que cedan suelo público para que empresas privadas construyan centros educativos (previa licencia de la Conselleria de Educación) y los gestionen en régimen de «concierto» durante 75 años. Las empresas deben, a cambio, abonar un canon anual. En el argumentario, pocas sorpresas: «promover la libertad de enseñanza y la libertad de las familias a la libre elección de centro docente». El Ayuntamiento de Calp (Alicante) ya ha cedido gratuitamente una parcela de 9.365 metros cuadrados, y el de Elx, otra de 11.000. Y la conselleria ultima trámites con los consistorios de Valencia, Vall d’Uixó y Santa Pola. Iniciativa privada, eficiencia y libertad de elección.
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