La distancia dulcifica o petrifica todo, las crónicas periodísticas nos ofrecen el punto de vista del periodista y el medio de comunicación, que al final es quien le paga, que las contienen. Por ello es tan importante la elección del medio y la selección de la crónica con la que nos vamos a poner al […]
La distancia dulcifica o petrifica todo, las crónicas periodísticas nos ofrecen el punto de vista del periodista y el medio de comunicación, que al final es quien le paga, que las contienen. Por ello es tan importante la elección del medio y la selección de la crónica con la que nos vamos a poner al día, por esta razón hay firmas que venden más que la propia cabecera del medio donde se publicitan.
La televisión, todas ellas, enlatan más todavía la noticia, incluso sacan de sus archivos imágenes que no son del momento para potenciar las palabras del locutor que nos narra o cuenta lo que otros han escrito para que este lea. El espacio y el tiempo simplifica el todo por unos segundos que a voluntad del regidor y del medio que le paga son más que suficientes para saber lo que paso allí, o simplemente aquello que creen deberíamos saber.
El juicio/farsa, no confundir con trampa, que conocemos como macrosumario 18/98 nos está dejando perlas informativas que no son creíbles en un estado de derecho y judicial, en un estado moderno y que mira hacia el futuro, en un estado cuyo talante nos dicen mira hacia la normalización política, o en un estado empeñado en convencernos de la separación de los tres poderes.
No voy a insistir sobre la bondad del juicio en sí, ni sobre el carácter político del mismo, sobre ello se ha escrito y se escribirá, tal vez yo mismo, miles de folios de aquí en adelante, seguro que sí.
Ayer oí, en televisión, al abogado de la defensa Iñigo Iruin recordarle a la juez la obligación de dejar declarar a los testigos, aunque sea en euskera, con libertad y sin interrupciones de acuerdo a sentencias del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo a lo que esta le respondió «me da igual lo que digan otros tribunales».
Muchos de los que no creemos en la imparcialidad de los juicios que la Audiencia Nacional lleva a cabo ya sabíamos que a sus jueces le importan «un bledo» la legislación vigente o la inocencia de sus encausados, sabíamos que no le importaban si los acusados habían sido torturados, si las detenciones se habían llevado a cabo atendiendo a protocolos legales, si el tiempo de estancia en la cárcel había sido proporcional a las acusaciones de policías y fiscales, si existían o no pruebas para estas acusaciones inculpatorias y si al final obligados a sentenciar sus condenas iban a ser proporcionales a la sentencia en sí o si las pruebas eran sólo un documento autoinculpatorio firmado en las comisarías. De todo esto existe hemeroteca suficiente para editar un manual de «Causas, efectos y desproporciones de la Audiencia Nacional».
A la juez Ángela Murillo no le importan, así lo ha dicho y así lo he oído, lo que digan otros tribunales aunque este sea el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, por aquello de la lógica simple podríamos deducir que a la presidente del macrosumario 18/98 le importan muy poco los Derechos Humanos y mucho menos los que se sientan en el banquillo de este su juicio.
En un estado de derecho esto hubiese bastado para ser el detonante de un llamamiento al orden y una recusación automática e inhabilitación perpetua para este menester de una juez que no ha tenido tiempo para aprenderse la lección donde dice que todo hombre nace libre y con todos los derechos intactos. Que no ha entendido ni el concepto de justicia, ni su figura de juez.
Al estado español no le interesa conocer los motivos personales por los que los acusados han decidido no contestar a las preguntas del fiscal o de la acusación particular, la siempre eterna AVT, al igual que no interesaron en su día la falta de pruebas que acabaron con ellos en la cárcel, con sus empresas clausuradas y sus cuentas corrientes bloqueadas. Al estado español no le interesan pequeñas historias personales que siempre acaban fastidiando el final feliz de la historia.
Jone Goirizelaia, también abogada defensora, ha anunciado la intención de recurrir a los tres jueces por lo que cree una «parcialidad manifiesta» y un «intento de sustituir a las acusaciones».
Un juez, o una juez, es aquella persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Es aquella persona que se encarga de hacer que se respeten las reglas. El, o la, que dirige la instrucción de los sumarios en lo penal o lo criminal. Todas estas definiciones son validas y ninguna de ellas hace justicia, que falacia hablando de la Audiencia Nacional, a la figura de la juez Ángela Murillo.
Lo suyo es autoritarismo, lo suyo es intromisión, lo suyo es prohibición, lo suyo es prevaricación, lo suyo es tomar parte y ser causa. Lo suyo es lo más contrario a la figura del juez que nos quieren vender. Lo mío solo escuchar y leer lo que otros me cuentan, escuchar, leer y tomar conciencia de ello.
Al igual que alguien decidió y ordenó no dar curso a las consideraciones de la defensa en aquellas cinco peticiones previas al inicio del juicio y entre las que se encuentran la recusación de los peritos ¿? a la que el fiscal respondió no saber nada de nada. El fiscal Enrique Molina fue aquel que solicitó una nueva definición de terrorismo a la Audiencia Nacional para poder aplicarla a sus acusaciones en aquel otro macrosumario parte del total 18/98.
Por cierto la Cumbre Euromediterránea a pesar de los esfuerzos, incluso a micrófono cerrado, del presidente J.L. Rodriguez parece que tampoco se la va a ofrecer esta vez dejándolo en aquello de «unidos en la lucha contra el terrorismo» y enfrentados por «el derecho de los pueblos a la resistencia» frente a la ocupación extranjera. Me estoy alejando de mis intenciones.
Noticias de última hora, las de Internet, no aclaran si la recusación de los abogados de la defensa se han presentado por escrito y si ésta ha sido tenida en cuenta o si la presidenta ha hecho con ella lo mismo que con las sentencias del tribunal de Estrasburgo. Me importan un bledo otros tribunales.
Angela Murillo. «Con independencia de lo que diga el Tribunal de Estrasburgo, este tribunal dice que no le interesa conocer los motivos por los que no contesta».
Independientemente de lo que diga esta juez, a este pueblo, Euskal Herria, sí le interesan y mucho las razones por las que este acusado y los otros 58 más se enfrentan a condenas de hasta 59 años de cárcel. Independiente a las razones de estado que han escenificado este macrosumario contra la izkierda abertzale y el independentismo vasco a todos nosotros sí nos interesan el porqué este acusado y presumiblemente todos los demás se niegan a contestarle al fiscal y a la acusación particular. Independiente a las consideraciones de «chapuza nacional» o «garzonada judicial» a todos nos gustaría conocer las pruebas sobre las que se basan las acusaciones que dieron lugar a los autos, las detenciones, los encarcelamientos, las fianzas y ahora el juicio.
Independiente a las razones de la Audiencia Nacional y de sus peones, jueces y/o fiscales, a todos nosotros sí nos importan las consideraciones del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo.
A muchos sí que nos interesa conocer la verdad y no los razonamientos políticos que sólo persiguen ideas porque éstas, aunque tampoco le interesen a la juez, son libres.