En el año pasado murieron un total de 2.789 personas intentando llegar al Estado español a través de la Frontera Sur, un dato que supone el mayor número de fallecimientos en esta ruta migratoria desde que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) comenzó a hacer un balance sobre la situación migratoria de la zona en 1988, es decir, hace 36 años.
En los dos primeros ejercicios se registraron 19 y 36 fallecimientos, respectivamente. “Aquellas muertes pesaban sobre la conciencia de una sociedad que era capaz de contemplar con espanto el drama que la falta de vías de migración legales y seguras suponía para miles de personas que abandonaban su tierra en busca de un futuro mejor”, sostienen desde la asociación. Sin embargo, desde la APDHA creen que “en 2023 no existe el mismo grado de consternación social, aun cuando se han batido todos los récords de fallecimientos y desapariciones en nuestra Frontera Sur”.
En 36 años, la cifra total de fallecimientos y desapariciones en la frontera asciende a 16.898. Más de la mitad de estas muertes, 9.118, se han producido durante los últimos cinco, “coincidiendo con el supuestamente gobierno más progresista de la historia”, según sostiene la APDHA.
Este aumento de las
muertes se debe a la traslación de la mayoría de los trayectos
migratorios a la vía marítima que suponen el 57.033 de las llegadas de
un total de las 58.267 personas que durante el año pasado arribaron al
Estado español a través de la Frontera Sur. La mayoría de estas llegadas
se han producido en la ruta canaria, 41.068, en las que se han
producido un total de 2.194 personas fallecidas o desaparecidas, es
decir, un 80% de la cifra total de la Frontera Sur. Se trata de una ruta
10 veces más larga y peligrosa que las otras vías de la Frontera Sur
nacional, según apunta la APDHA.
“Las rutas más sencillas están blindadas y son reconducidas a la ruta canaria, un traslado que no es un accidente, es fruto de las políticas concretas que dan cifras terribles en cuanto a muertes. La intensificación de los controles lleva a rutas cada vez más peligrosas y medios más peligrosos”, sostiene Diego Boza, coordinador general de la APDHA.
Desde la organización fijan parte de la responsabilidad en los acuerdos que el Estado español ha firmado con Marruecos en los últimos años en materia de migración, que buscan “reforzar la cooperación en materia migratoria”, según el Gobierno. “Los acuerdos con Marruecos han funcionado muy bien a nivel de represión y eso explica la reducción de rutas como la de Melilla y Ceuta”, argumenta Ana Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur.
Boza además hace hincapié en la responsabilidad que tiene el ministerio del Interior sobre estas elevadas cifras de mortalidad migratoria. “Antes de la llegada de Marlaska solo había habido un año con más de mil fallecidos y ahora todos los años se aproxima a las 2.000 víctimas anuales, cuatro años de política de criminalización que producen muertos, dolor y desaparecidos”.
El 80% de las víctimas mortales o desaparecidas de estas rutas migratorias eran de origen subsahariano. Desde la entidad señalan además la dificultad de encontrar datos por la falta de la colaboración de las instituciones que en ocasiones no facilitan los datos porque “pueden incidir en las relaciones internacionales”, sostiene Boza.
El informe cuenta con las víctimas que se han podido contrastar. “Hay muchas personas que no están en este cómputo, pero por cada persona que se contabiliza suele haber una que no se obtienen los datos para ser contabilizada”, apunta el coordinador de la APDHA.
Las llegadas al Estado español por la frontera sur aumentaron en 40,07% con respecto a 2022. Un incremento que también es la tónica general por todo el sur de Europa, con 279.147 arribos. Italia es el país de la zona en la que más personas llegaron en 2023, con un total de 157.652 personas.
La Unión Europea
está a punto de poner en marcha el pacto migratorio europeo que busca
endurecer el control y las políticas de acogida de los países miembros.
“Estos pactos buscan la migración cero, pero lo que hacen es aumentar
las muertes y el sufrimiento de las personas migrantes”, recuerda Boza.
Se trata de unas políticas migratorias a nivel europeo que buscan debilitar un sistema de acogida que en países como España ya es deficiente de por sí: “En el Estado español no existe realmente un sistema de acogida y no ha estado en las agendas de ninguno de los gobiernos. No se le dan a las personas que llegan los recursos necesarios y se siguen vulnerando los derechos humanos”, sentencia Rosado.