En 2006 se cumplen 75 años de la proclamación de la II República por un pueblo que irrumpió en la historia reclamando y ejerciendo su soberanía. El movimiento republicano, tiene hoy la doble responsabilidad de ser portavoz de la memoria histórica y cauce de las amplias aspiraciones democráticas y de cambio social de sectores populares […]
En 2006 se cumplen 75 años de la proclamación de la II República por un pueblo que irrumpió en la historia reclamando y ejerciendo su soberanía. El movimiento republicano, tiene hoy la doble responsabilidad de ser portavoz de la memoria histórica y cauce de las amplias aspiraciones democráticas y de cambio social de sectores populares cada vez más amplios, muy especialmente de los jóvenes, que no están realmente representados por unas instituciones que muestran en su código genético, empezando por el Rey-Jefe del Estado, la herencia de la Dictadura. Los republicanos
de toda condición, herederos del legado social, cultural y emancipador, brutalmente truncado por el golpe fascista de 1936, llamamos a la ciudadanía a avanzar en la legítima aspiración de la III República.
Rechazamos una Constitución que impone una monarquía heredera directa de la dictadura franquista. No podemos aceptar que se nos hurte la posibilidad de elegir la forma de estado; tampoco aceptamos que se niegue a los pueblos la libertad para decidir su futuro, incluida su vinculación con el Estado español.
La monarquía es la negación de la igualdad ante la ley al considerarla inviolable e irresponsable» y con privilegios y derechos por razones de nacimiento. Toda una burla a la democracia, al pueblo y a su parlamento.
La bandera republicana, como símbolo de rebeldía y resistencia expresa el rechazo a un orden social en el que la barbarie se extiende, los espacios de libertad se restringen, así como los derechos laborales y sociales; ese es el precario futuro que se ofrece a al conjunto de los trabajadores, especialmente a jóvenes, mujeres e inmigrantes. La mayor deslegitimación del sistema proviene de la percepción del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, consecuencia implacable del neoliberalismo. Los beneficios insultantes de la banca, grandes empresas y capital especulativo contrastan con el descenso de los salarios, la precariedad, temporalidad y la escandalosa carestía de la vida, los intolerables precios de la vivienda (ha subido en los últimos años 14 veces más de lo que lo han hecho los salarios), la nueva contrarreforma laboral que se anuncia, etc. Para el republicanismo, los valores de justicia, libertad, igualdad y solidaridad son incompatibles con la política económica capitalista que el Gobierno lleva a efecto. El capitalismo es la negación de la democracia.
Defendemos la laicidad del Estado, de forma que las creencias religiosas queden en el seno de la conciencia personal de las gentes. Igualmente afirmamos que la educación pública debe ser laica, sin asignaturas de religión, ni privilegios para ninguna confesión religiosa. No se puede seguir argumentando que los Acuerdos con la Santa Sede, de 1976 y 1979, son un muro insalvable para avanzar hacia una sociedad y una escuela laica. Exigimos su denuncia y derogación.
La condena de la Dictadura de Franco, que recientemente ha aprobado el Consejo Europeo y que aún no ha realizado el rey Juan Carlos, sólo tendrá credibilidad si se declara la nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinados, torturados y encarcelados cientos de miles de personas. La restitución de su memoria exige romper el pacto de silencio que desde la Transición opera como una gigantesca «Ley de Punto Final.
Exigimos la recuperación de la memoria histórica de aquellas personas que sufrieron cárcel, represión, muerte o exilio por defender la democracia y la libertad. Está pendiente desde hace 30 años, sin que el Gobierno haya cumplido aún su compromiso de 2004 de enviar al Congreso la Ley de Restitución de la Memoria.
La llamada Transición mantuvo intacto el control de la oligarquía franquista sobre el ejército, la policía y la guardia civil, en detrimento de sectores más comprometidos con la democracia. Buena muestra de esto fue que la Ley de Amnistía de 1977, verdadera «ley de punto final» sobre los crímenes de la Dictadura no incluyó la reincorporación al ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD). La clave de bóveda de la persistencia de toda la estructura de dominación económica, social y militar heredera del franquismo, es la monarquía.
Mientras la Constitución de 1931 establecía la renuncia a la guerra para intervenir en conflictos internacionales, se nos mantiene en la OTAN y, 20 años después del Referéndum, estamos en la cúspide de su estructura militar, ocupando países como Afganistán y con nuestro suelo plagado de bases militares de EE.UU. Se mancilla así la independencia y la soberanía nacional, se facilitan las agresiones imperialistas a otros pueblos y el atropello de los derechos humanos, incluyendo el expolio realizado por las multinacionales españolas, especialmente en América Latina.
Llamamos a la ciudadanía a extender la movilización por la III República, vinculándola con las luchas concretas del movimiento obrero, estudiantil, vecinal, y, en general de los movimientos sociales, con la fuerza de la memoria de uno de los más destacados ejemplos de rebeldía, de resistencia y de internacionalismo: el de las generaciones que en la Guerra Civil y la lucha contra la Dictadura dieron su vida y su juventud por la libertad, contra el fascismo.
¡NO A LA CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA!
¡POR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!
¡POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y LA HISTORIA
¡POR LA III REPÚBLICA!