Hace 22 años que el aborto fue despenalizado en España, sin embargo, aún hay muchas mujeres que no pueden ejercer este derecho tan fácilmente como sería deseable. En Navarra no existe ningún centro, ni público ni privado, en el que se pueda interrumpir el embarazo, y aunque PSOE e IU ya han propuesto abordar el […]
Hace 22 años que el aborto fue despenalizado en España, sin embargo, aún hay muchas mujeres que no pueden ejercer este derecho tan fácilmente como sería deseable.
En Navarra no existe ningún centro, ni público ni privado, en el que se pueda interrumpir el embarazo, y aunque PSOE e IU ya han propuesto abordar el problema en la Cámara regional, el Gobierno de UPN no parece dispuesto a facilitar el proceso.
Unas 600 navarras deben desplazarse cada año a otras comunidades para poder abortar en una comunidad en la que el Opus Dei tiene una enorme influencia y poder. Ninguna clínica, ni pública ni privada, practica abortos en la Comunidad Foral, pese a que este está permitido por ley en tres supuestos (violación, riesgos para la salud física o psíquica de la madre o malformaciones del feto) desde 1985.
«Derecho a la objeción de conciencia»
Aunque está previsto un pleno para el próximo mes de octubre en el que los grupos de la oposición pedirán que se tomen medidas para que la despenalización del aborto sea real y efectiva también en Navarra, no parece que la iniciativa tenga muchos visos de prosperar: la consejera de Salud de la región, María Kutz, asegura que «la ley se cumple» y que ante todo hay que respetar «el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario», según informó El País.
Profesionales no objetores
Sin embargo, una parte de ese personal sanitario afirma que no tendría problema alguno en practicar abortos si se dieran las condiciones necesarias. No obstante, estos profesionales no lo tienen nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la sanidad navarra, así como la formación en medicina, está copada por el Opus Dei, propietario de la única facultad de Medicina de la región y también de varios hospitales y centros de investigación.
Ginecólogos procesados
De hecho, en 1985, tres ginecólogos comenzaron a aplicar la nueva ley de despenalización y practicaron abortos en el hospital público Virgen del Camino de Pamplona. En aquel momento se comenzó una campaña mediática impulsada por el Diario de Navarra (accionista de la COPE) contra ellos, e incluso la asociación ultraconservadora y ultracatólica Acción Familiar les llevó ante los tribunales. Aunque fueron absueltos, el trauma personal y social sigue abierto.
Sólo el 3% en la sanidad pública
Uno de aquellos médicos, Pablo Sánchez Valverde, asegura que «no tendría problema en practicar abortos», pero no «en la situación de desamparo judicial y legal» que vivieron entonces. Lo mismo opina otra de las ginecólogas procesadas, María Cruz Landa, quien asegura que «hay un problema general en toda España que exigiría una reforma legal» ya que, según recordó, sólo el tres por ciento de los más de 90.000 abortos anuales se practican en la sanidad pública y alegando daños psicológicos para la madre.
«Que sea fuera de nuestro suelo»
Pese a estos hechos, el Gobierno foral se niega ha elaborar un registro con los médicos que no son objetores para ofrecer este tipo de intervenciones y reiteran que la ley se respeta y que no es necesario cambiar las políticas actuales. Y sus ideas son apoyadas por Acción Familiar, desde donde apuntan que «uno en su casa no quiere transgresiones de la moral». «Si tiene que hacerse, que sea fuera de nuestro suelo», afirman.