Etxerat constata con datos en su balance del pasado 2012 que Madrid y París «no han dado un solo paso para superar la política de excepción»
Seis miembros de Etxerat, seis familiares de presos, en representación de otras tantas vulneraciones de derechos que sufren los represaliados vascos en las prisiones españolas y francesas, fueron los encargados de realizar el martes el balance de este pasado año 2012 en materia penitenciaria. Y su conclusión no puede ser más negativa. Según constata Etxerat, en este pasado año, y «a pesar de la ilusión generada por la manifestación del 7 de enero», los mandatarios de Madrid y París «no han dado un solo paso para superar la política de excepción. Es más, podemos afirmar que ha empeorado».
Mikel Bienzobas, hermano de Jon Bienzobas, que sufrió una hemorragia por no ser atendido a tiempo por los médicos; Mila Izeta, compañera de Mikel Egibar que sufrió un accidente de tráfico al ir a visitarle junto a sus hijos; Asier Goiaskoetxea, hermano de Ibon, maltratado por funcionarios franceses; Nagore López de Luzuriaga, sobrina de Gotzone López de Luzuriaga, que padece un cáncer y debería estar en libertad; y Jabier Uribetxebarria, hermano de Iosu, excarcelado por su enfermedad terminal tras una intensa lucha, fueron los encargados de transmitir unos datos muy concluyentes.
Las cifras, tan frías en otras ocasiones, esta vez muestran bien a las claras el sufrimiento al que son sometidos los presos vascos, y también sus familias. En total, 606 prisioneros están dispersados en 84 cárceles, pero solo siete de ellos (poco más del 1%) se encuentra en prisiones de Euskal Herria. Además de los encerrados en el resto de los estados español y francés, siete presos más se encuentran en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Portugal e Italia. Doce están presos, pero en sus domicilios; once en libertad condicional y uno en arresto domiciliario, en Roma. Otro más se halla confinado en Autun (Estado francés).
La mayoría de los presos se encuentran por tanto a 800-900 kilómetros de sus casas. Sus allegados son obligados a viajar una media de 1.300 kilómetros para poder ver a sus seres queridos. Según recuerda Etxerat, esos viajes tienen «consecuencias físicas, psicológicas y económicas muy graves». Esa afirmación se ve refrendada por las cifras: este año pasado se han producido trece accidentes de tráfico a causa de la dispersión, en los que 40 familiares se han visto involucrados. El más grave fue el que sufrieron la mujer y los hijos de Mikel Egibar, por el que debieron permanecer varias semanas en el hospital en estado muy grave.
Además de la propia dispersión, Etxerat hace notar las agresiones sufridas por familiares de presos en este último año, subrayando especialmente los casos de Enara Rodríguez -que fue agredida en un área de servicio por dos hombres que se identificaron como policías nacionales españoles- y de Izaro Arruarte -víctima de otro acoso policial mientras se encontraba de vacaciones en Tenerife-.
Los que deberían estar libres
Durante su intervención, Nagore López de Luzuriaga, en euskara, y Mikel Goiaskoetxea, en castellano, también se refirieron a otras medidas de excepción aplicadas por los estados español y francés y que mantienen a cientos de presos políticos vascos encerrados contra la legalidad vigente.
Así, recordaron el varapalo judicial que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dio a la doctrina 197/2006 en el caso de Inés del Río, pese a lo cual el Estado español sigue evitando derogarla a la espera del recurso que se verá en marzo en la Gran Sala. Etxerat cita que 68 presos vascos deberían ser liberados en caso de que Estrasburgo rechace el recurso interpuesto por el Gobierno español
Además, la asociación de familiares destaca que 143 presas y presos tienen cumplidas las dos terceras o tres cuartas partes de sus condenas, por lo que, con la propia legislación penitenciaria española en la mano, deberían encontrarse en libertad condicional, situación que les ha sido denegada sistemáticamente.
Estos 143 prisioneros, sumados a los 68 afectados por la aplicación de la denominada generalizadamente como «doctrina Parot», suman 211, a los que aún habría que añadir a los trece presos gravemente enfermos que deberían ser puestos en libertad inmediatamente. En consecuencia, sin aplicar ninguna medida excepcional y con la legislación penitenciaria actual, 224 de los 606 presos que componen el colectivo deberían ser excarcelados ya mismo mediante la aplicación de la legislación española y al margen de la justificación o no de sus condenas.
Profundizando en el apartado de los presos gravemente enfermos, Etxerat recordó el episodio de la liberación de Iosu Uribetxebarria y la tormenta que desató entre los sectores más conservadores del Estado español, y estimó que la actitud del actual Gobierno español pasa por «infligir un mayor sufrimiento a los presos enfermos haciendo valer sus intereses políticos frente a la propia legalidad». En ese sentido, recordaron los casos «extremadamente crueles» de Aitzol Gogorza y Txus Martín, cuyas enfermedades sicológicas graves se ven agravadas por su estancia en prisión.
Los datos aportados por Etxerat no se quedan ahí. Con intención de plasmar bien a las claras la situación del Colectivo y de sus familias, recordaron que once presos se encuentran en aislamiento, que doce han sufrido agresiones o se les ha tratado violentamente, y que a cinco parejas se les ha denegado el derecho a estar encarceladas en la misma prisión, a pesar de, en algunos casos, tener hijos en común.
El informe revela igualmente que las vulneraciones se extienden a ámbitos como el lingüístico. Ahí están los casos de las cárceles de Brieva y Algeciras, en la que se prohibió a los reclusos escribir postales en euskara, o la imposibilidad, en muchos casos, de poder cursar estudios universitarios en la lengua vasca.
Todos los datos anteriormente citados sirvieron a Etxerat, para, a modo de colofón, sentenciar que, a pesar de que la sociedad vasca vive un nuevo tiempo político «lleno de esperanza», la situación de los presos vascos «no ha cambiado. No podemos entender que en este momento se recrudezca la vulneración de derechos».
Para hacer frente a esas vulneraciones, Etxerat pidió «unir fuerzas y hacer oír nuestra voz», emplazando a toda la sociedad vasca a acudir a la movilización de este sábado en Bilbo.
