Un 28º aniversario no suele ser de relumbrón, que queda para el 25º y otros de más lentejuelas. Sin embargo, este año nos apabullan publicitaria, propagandísticamente, con unos dobletes televisivos en horario estelar, muchos millones de espectadores, etcétera, sobre el gran héroe de nuestra democracia, nuevo Alejandro el Grande redivivo en el rey salvador de […]
Un 28º aniversario no suele ser de relumbrón, que queda para el 25º y otros de más lentejuelas. Sin embargo, este año nos apabullan publicitaria, propagandísticamente, con unos dobletes televisivos en horario estelar, muchos millones de espectadores, etcétera, sobre el gran héroe de nuestra democracia, nuevo Alejandro el Grande redivivo en el rey salvador de todos los españoles, quien cortó el nudo gordiano o más bien pinza que amenazaba asfixiar a esa tierna democracia. Pinza que componían ETA y los militares no demócratas, por aquel final de década 79-80.
Tan detallados duetos en televisión, empero, no han dejado espacio a mentar frases como esa de Su Majestad al golpista Milans del Bosch: «Ya no puedo volverme atrás». Ni a citar mayormente que dicho capitán general, como su compinche el dúplice y tríplice Armada, eran casualmente los dos más conocidos generales monárquicos, aristócratas, vinculados a Juan Carlos de Borbón; o que el citado general de división Armada tuvo tres reuniones con el rey poco antes del 23-F-81. (Tampoco nadie ha explicado por qué el capitán Juan Milans del Bosch, hijo del nombrado, meses después dicho golpe llamó en alta voz «cerdo» al rey en el Club de Campo madrileño. ¿Por «volverse atrás»? Un consejo de guerra de generales juzgadores le cuasi absolvió. Tampoco nadie cuenta dónde están y qué dicen o decían los kilómetros de cintas de conversaciones telefónicas de implicados en el golpe, cuyos teléfonos fueron intervenidos por orden del Gobierno de crisis presidido por Francisco Laína. Delincuentes conspiradores nunca llevados ante juez instructor ni tribunal alguno).
Como la casualidad es el dios de los tontos, hay que preguntarse los porqués de tanto enaltecimiento al rey mesías en un anodino aniversario. ¿Tiene que ver con la crisis económica y el miedo del «sistema» a que la misma se deslice a crisis política grave y, sobre todo, a crisis social? Siendo, el rey designado por Franco, clave de bóveda del apaño sucesorio que convenía a los grandes poderes sempiternos, ¿se busca, con tanta glorificación mediática, reforzar y enaltecer esta regia dovela central por temor a que se resquebraje todo el tinglado, y los fuertes remanentes o herederos del franquismo aún con demasiado poder puedan perderlo, siquiera parcialmente? ¿Se trata de establecer una «historia oficial» del 23-F-81, en particular dirigida a los más jóvenes, aprovechando su escaso interés y conocimiento de la Política (quizá con el doble objetivo de que sigan desinteresados y de evitar la rebeldía)? ¿Se teme a una progresiva concienciación republicana?
Los menos jóvenes saben algo más de lo que pasó que quienes no lo vivieron, pero unos y otros seguimos sin conocer cuánto sabía Juan Carlos de aquella «operación De Gaulle» sui géneris, de aquel «golpe blando» o «golpe de timón» alegal, inconstitucional, delictivo, construido sobre un pronunciamiento militar que echaría a la basura el Gobierno legal del Estado, trayendo otro Gobierno bajo la coacción castrense de fusiles y tanques, probabilísimamente presidido por un generalito con fuerte apoyo de «poderes fácticos», castrenses, civiles y eclesiásticos. Es decir, una dictablanda, valga decir una «actualización» de los Gobiernos Berenguer y Aznar de 1.930-31. En particular, ¿admitía el rey la «solución Armada», el Gobierno encabezado por éste mismo, impuesto a un Congreso de Diputados y al Gobierno legítimo secuestrados a punta de metralleta?
La «transición» pactada por el fascismo español y los demócratas, bajo coacción o chantaje de aquél (si no se aceptaban los trágalas que imponía, no daban paso a la democracia) había sido diseñada al alimón por la CIA de Nixon y su Departamento de Estado junto al SECED o Servicio Central de Documentación (y espionaje) de Carrero Blanco y San Martín. El más infame Presidente (con G.W. Bush) de los Estados Unidos, conocido por Tricky Dicky (Dicky el Tramposo) Nixon, había enviado al general Vernon Walters, a H. Kissinger, etc a establecer con Franco y Carrero qué debía suceder tras la muerte del caudillo. Y el golpe del «23-F» tuvo el visto bueno de Reagan y A. Haig, Secretario de Estado («asuntos internos de los españoles», llamó éste a la rebelión), preocupados por la degradación del Gobierno Suárez y un posible éxito electoral del Partido Comunista de España, el que más había luchado contra la dictadura.
Lo que pudo ser tragedia (de las gordas, para el país y para quienes estábamos en listas de fusilables) quedó en esperpento, Valle sigue aún muy vivo en España. Fíjense que el golpe lo prepararon Armada y compañía contra Suárez. Mas el general de división marqués, al dimitir el de Cebreros, quedó como Don Mendo diciendo a la mora Azofaifa: «¿qué has hecho, maldita mora?, ¿en quién me vengo yo ahora?», ¿cómo llego yo a Presidente del Gobierno?; y tuvo que recoser sobre la marcha la aventura. Otro de los aspectos de la tragicomedia puede ser cómo Sabino diríase que salvó al Rey de hundirse con Armada (a corto o a medio plazo, aunque la asonada prosperase, pues ¿acaso libró Primo de Rivera de caer a Alfonso XIII?); lo que liquidaría para siempre la monarquía borbónica, ya que, tras cuatro abordajes de dichos Borbones al trono (Felipe V después de larga guerra contra media España, Fernando VII después de José I y otra guerra, Alfonso XII con un «pronunciamiento» militar, el actual monarca gracias al dictador que fusiló a la II República), un cuarto retorno, quinto abordaje, ya hubiera sido muy difícil.
En fin, hubo más dimensiones esperpénticas en todo aquello, como la impepinable implicación del CESID. Lo cual no sabemos si hacía, a este alto servicio secreto, traidor, rebelde, o hacía «legal» el delito de rebelión, transmutando el Derecho Penal. Curiosamente, quien más decía la verdad (esto es, lo que él creía) fue Tejero, y posiblemente él quien hizo fracasar la «operación De Gaulle» a lo chapuza ibérica («Tejero es un romo», me expresaba J.L. Aranguren en su despacho de la calle Fortuny). Pese a que dicho teniente coronel asaltante del Congreso lo había planeado, entre otras reuniones, en casa del comandante Cortina del CESID. Por cierto, gran parte de los guardias civiles que ocuparon el Congreso de Diputados fueron allí engañados y manipulados por sus jefes.
Ahora bien, ¿qui prodest?, ¿quién se benefició del «23-F»? Sin duda, Su Majestad, que quedó consagrado como el «gran libertador» de los españoles. En segundo (¿o primer?) lugar, la rebelión asustó y condicionó, ralentizó la homologación democrática de España, bloqueándola en parte. Felipe González también resultó muy beneficiado, pues la gente tuvo miedo de votar comunista, lo que dio a FG una súpermayoría absoluta el año siguiente. En cuanto al Ejército, que se arrogaba ser albacea del testamento de Franco, o, como apunta Santos Juliá, que se auto-atribuía un derecho de veto político, también dio vida al esperpento, verbigracia el rápido ascenso a general del conocido golpista coronel Valencia Remón, el que ocupó TVE, cuyo regimiento fue la única Unidad importante de la División Acorazada que sacó tropas a la calle. Por su parte, el juez instructor del proceso a los golpistas seguía instrucciones políticas del ministro Oliart y, más que investigar, tapaba, cuando la ley le exigía procesar a centenares. Y el juicio de Campamento también fue «político»: había instrucciones para los jueces de la Zarzuela, del Ministro, etcétera. Luego, los pocos condenados sólo cumplieron una parte menor de las condenas.
En estos términos, el Ejército continuó dando sustos y sustitos hasta prácticamente hoy (casos Mena, González Calderón, General Blas Piñar, coronel Navarro de los Paños, etc). Como un servidor –disculpen la autocita– señala en «Memoria irredenta del franquismo (La reconciliación del embudo)», de aparición estos días, la no rehabilitación de los combatientes antifascistas de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, caso único en Europa, el no reconocimiento pleno de los militares de la UMD y el que a ninguno se le permitiese llegar a general, mientras sí ascendían filogolpistas reconocidos, así los firmantes del «manifiesto de los cien» de diciembre del 81, la asténica y pacata «ley de la memoria» de diciembre de 2.007, el mantenimiento del robo de su nombre de siglos al pueblo toledano llamado «Azaña» (de «aceña», noria), que se cambió por el del regimiento franquista que lo ocupó a sangre y fuego en 1.936, o la no existencia en Valencia de una calle a nombre del nobilísimo general valenciano Vicente Rojo mientras Franco sigue señoreando la «capitanía general» y su escudo fascista preside su puerta principal, son exponentes de que sólo ha habido esa «reconciliación del embudo», parcial, persistiendo hasta hoy guetos y trágalas. En todo caso, somos el único país de Europa con la más absoluta impunidad del fascismo.
Presumimos de transición modélica, y de Constitución ídem, pero esta democracia ha mantenido sin pestañear, tres décadas largas, a más de cien mil españoles secuestrados, torturados y asesinados, enterrados sin nombre por fosas, barrancos y pozos. Y, cuando el juez Garzón ha tirado de la manta, dejando posaderas al aire a tantos jueces, fiscales y gobernantes desde 1.977, han bloqueado su investigación, que desnudaba infinidad de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo con el Derecho vigente (Estatuto de Roma firmado por España, que rige en nuestro país desde hace siete años). El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que pedir expresamente a España, el pasado 31 de octubre, la abolición de la normativa que impide investigar los delitos de lesa humanidad, en particular la Ley de Amnistía de 15-10-77.
En cuanto a la «modélica» Constitución de 1.978, digna de encomio en una serie de aspectos, es de una enorme «rigidez», muy difícil de reformar, y exige el visto bueno para cualquier modificación de un partido como el PP que incluye un buen porcentaje de simpatizantes de la dictadura. En particular, resulta democráticamente intolerable el Artículo 8.1 (directo heredero del 37 de la franquista Ley Orgánica del Estado), que mantiene un portillo abierto a que los militares no demócratas traten de inmiscuirse en la política del Gobierno, como si no existiera el Art. 97: «El Gobierno dirige la política y Administración militar y la defensa del Estado». Como se inmiscuyó el teniente general Mena Aguado hace cuatro días.