El 27 de septiembre de 1975 tuvieron lugar las últimas ejecuciones del régimen franquista. La Dictadura asesinó a cinco militantes antifranquistas, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena, Juan Paredes Manot («Txiqui») y Angel Otaeguí. que militaban respectivamente en el FRAP y en ETA político-militar. El Dictador tenía en sus manos las […]
El 27 de septiembre de 1975 tuvieron lugar las últimas ejecuciones del régimen franquista. La Dictadura asesinó a cinco militantes antifranquistas, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena, Juan Paredes Manot («Txiqui») y Angel Otaeguí. que militaban respectivamente en el FRAP y en ETA político-militar. El Dictador tenía en sus manos las vidas de estos combatientes y no dudo en acabar con ellas. Quien en realidad tomaba esa determinación era el decrépito régimen de un dictador que quería dar muestras de su fortaleza. Estas ejecuciones, fueron las últimas de la dictadura franquista, poco antes de la muerte del general Francisco Franco. Se les aplicaba la Ley Antiterrorista, pero en realidad ese injusto e ilegítimo régimen no necesitaba ninguna legislación para asesinar.
Las sentencias a muerte de esos cinco militantes antifranquistas levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno franquista, dentro y fuera del Estado español, tanto a nivel oficial como popular. La anunciada condena a muerte contó con una rápida respuesta internacional, a pesar de lo cual no se logró frenar esa determinación criminal. La protesta se extendió por Europa. Miles de manifestantes salían a las calles en grandes ciudades, como en París.
Los gobiernos europeos habían cerrado filas con Arias Navarro en la Conferencia de Helsinki, encubriendo su supuesto aperturismo. Los intereses de índole económico de las oligarquías eran más importantes que avanzar en las libertades políticas en el Estado español. Los Gobiernos de los países del Este también estaban encantados con el espíritu de «cooperación» europeo. Paralelamente el gobierno de los EEUU se reunió con el embajador franquista para asegurarse el mantenimiento y renovación de las bases militares yanquis en suelo ibérico.
En el Estado español se dio una importante respuesta, con la convocatoria de Huelga General en Euskadi y movilizaciones en lugares como Madrid o Barcelona. Las organizaciones tradicionales de la izquierda reformista, en aquellos momentos el PCE y el PSOE, no estuvieron a la altura de las circunstancias. El PCE se limitó en muchos lugares a la recogida de firmas y envío de telegramas, más encaminados a convencer a los verdugos que en promover la movilización; más en la confianza de sectores del poder que en la única fuerza capaz de derrocarlo, el movimiento obrero y popular. Así, en lugar de trasladar la Huelga General de Euskadi a todo el Estado levantó la nefasta política de la «reconciliación nacional». En número 26 de Mundo Obrero decía: «En estos dramáticos instantes hay quienes pueden y deben intervenir decisivamente., la Iglesia española, el Episcopado y sectores fieles» (…) «El Ejercito necesita impedir que los ultras arrojen sobre él nuevas manchas de sangre, nuevos crímenes…» Esta actuación del PCE va a marcar toda la transición «democrática» que contribuyó a la instauración del régimen de la monarquía.
Nos quedamos con aquellas palabras de Juan Paredes Manot («Txiqui») que decía que «es el pueblo y la solidaridad de los pueblos del mundo quienes dirán la última palabra.» Esperemos que, más pronto que tarde, los pueblos del Estado con la solidaridad internacional terminen con el régimen del 78, heredero de aquella dictadura que cercenó la vida de cinco luchadores antifascistas.
Manuel de la Rosa Hernández es militante de Izquierda Anticapitalista.