Este año, más que nunca, el lujo y el boato que han rodeado los fastos del 30 aniversario de la Constitución española, con el rey, el gobierno y todas sus señorías a la cabeza, se habrá percibido con más intensidad y por más gente que nunca como un insulto a los millones de personas a […]
Este año, más que nunca, el lujo y el boato que han rodeado los fastos del 30 aniversario de la Constitución española, con el rey, el gobierno y todas sus señorías a la cabeza, se habrá percibido con más intensidad y por más gente que nunca como un insulto a los millones de personas a quienes esta crisis económica ha dejado, o amenaza con dejar, sin casa y sin trabajo.
La percepción de las consecuencias de la debacle económica sobre la clase obrera y los sectores populares, el drama del paro sin alternativa, de la imposibilidad de acceder a una vivienda, de los desahucios, del negro futuro que espera cuando se acaban las prestaciones y los subsidios, de la degradación y privatización de los servicios públicos, etc, está permitiendo a sectores cada vez mayores de la clase obrera ver sin adornos los despiadados engranajes del sistema. El entramado de poder económico y político heredero de la Transición, construido sobre el pilar de la Monarquía y articulado en torno a la Constitución monárquica de 1978, hace aguas y se deslegitima a ojos vistas.
El pacto constitucional, aceptado por la izquierda institucional, basado en la supuesta garantía de derechos sociales como trabajo, vivienda, salud, educación, etc, a cambio de los cuales se aceptaba una democracia demediada (sin república, sin derecho de autodeterminación, con el ejército garantizando la unidad de España.. etc) se va percibiendo progresivamente como lo que fue: una enorme estafa, una gran extorsión y un gran pacto de silencio sobre los crímenes fascistas.
La percepción de que los supuestos derechos constitucionales al trabajo, a la vivienda, a la sanidad y educación públicas y de calidad..etc, son menos que papel mojado está contribuyendo decisivamente a que diferentes generaciones, sobre todo los más jóvenes, y de forma creciente se nieguen a ser rehenes de unos Pactos en los que no participaron, que hipotecan su vida y su futuro, y que han beneficiado exclusivamente a las mismas oligarquías económicas de la dictadura y a los nuevos ricos surgidos de las privatizaciones de las grandes empresas públicas por parte de los sucesivos Gobiernos del PSOE y el PP.
La rápida deslegitimación del sistema político articulado en torno a la Constitución de 1978, producto de su incapacidad para resolver los problemas más acuciantes de las clases populares explica la progresiva y cada vez más masiva ruptura del pacto de silencio sobre al genocidio perpetrado por la Dictadura.
La lucha por la recuperación de la memoria histórica se enfrenta una y otra vez con el muro que representa la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que consagró la impunidad de los criminales fascistas y que pretendió enterrar las responsabilidades del genocidio perpetrado por la Dictadura contra los pueblos del Estado español. La patética Ley de la Memoria Histórica, que no ha servido ni para limpiar de símbolos fascistas de las ciudades y los pueblos del Estado español, o el abrupto cierre del «proceso general contra la Dictadura» iniciado por Garzón, muestran la obcecada realidad. No hay atajos; no es posible recuperar la legitimidad, y mucho menos la dignidad democrática sin romper con la tupida red de instituciones y normas que garantizaron la perpetuación de los aparatos de Estado del franquismo y, con ella, la impunidad del mismo.
La recomendación hecha al Estado español por el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de derogar la Ley de Amnistía de 1977- auténtica Ley de Punto Final para los crímenes de la Dictadura y votada por toda la izquierda parlamentaria de entonces – pone en cuestión la clave de bóveda de todo el engranaje político de la Transición.
Nuevas vías de encuentros entre la izquierda política coherente del Estado español y la izquierda abertzale deben ser exploradas
Como plantea la «Declaración de Corriente Roja en el 30 aniversario de la Constitución de 1978″[1]: «Este trigésimo aniversario constitucional coincide también con el quebrantamiento más intenso y más amplio de todo lo que se pueda llamar Estado de Derecho y que se inició con la votación de la Ley Antiterrorista de 1980, votada también por PSOE y PCE. El Estado de Excepción no declarado que se vive de forma cotidiana en el País Vasco y Navarra ha llenado las cárceles como nunca antes de dirigentes y militantes de la izquierda abertzale, de ciudadanos y ciudadanas, activistas de movimientos sociales que no han cogido un arma en su vida, mientras se multiplican las denuncias de tortura. Gentes que han pasado previamente por la ilegalización de cualquier forma de intervención política organizada.
Para la clase obrera y los pueblos del Estado español es imprescindible identificar las claves del proceso histórico mediante el cual las clases dominantes y toda la estructura de poder – económico, judicial, policial, militar y de control de los medios de comunicación – del Estado franquista se perpetúan en la supuesta democracia. La continuidad de los aparatos de Estado, reproducidos por los diferentes gobiernos, ha sido indispensable para facilitar la realización del programa general del capitalismo imperialista español y extranjero».
Efectivamente, los poderes fácticos de las diferentes administraciones han seguido un mismo guión, en dos versiones, destinado a minimizar la capacidad de resistencia obrera y popular mediante el debilitamiento de sus organizaciones; por un lado, la zanahoria, la cooptación de dirigentes y la generosa financiación de organizaciones sindicales y sociales con fondos públicos, y por otro el palo cuando la zanahoria no funciona, la ejecución de la más feroz represión, de manera destacadísima en el País Vasco y Navarra, convenientemente silenciada o distorsionada en los medios de comunicación con el objetivo de justificar el bloqueo permanente de cualquier solución democrática al conflicto vasco.
Los resultados han sido divergentes. La asimilación al poder de las organizaciones de la izquierda institucional, los grandes sindicatos y la mayor parte de las organizaciones sociales transformadas en ONG clientelares en el conjunto del Estado, marca un punto de no retorno en el proceso de reconstrucción del sindicalismo asambleario, de clase y combativo y de la izquierda revolucionaria en el Estado Español. Su situación objetiva de debilidad y desarticulación podría cambiar a medio plazo, tal y como apunta el auge de movilizaciones obreras y sociales, como resultado de la crisis económica y no controladas por las diferentes estructuras de poder. Por el contrario, la represión abatida sobre la izquierda abertzale, la más amplia e intensa que se recuerda, si bien ha proporcionado durísimos golpes a su estructura organizativa, no ha conseguido debilitar el poderoso entramado social que la sustenta y mucho menos menoscabar la conciencia de su pueblo.
A pesar del abrumadoramente diferente grado de desarrollo actual y de la comprensible desconfianza, alimentada por décadas en las que desde la izquierda integrada no llegaban más que piedras hacia el pueblo vasco, no es posible seguir ignorando la necesidad de abrir caminos de diálogo y de articulación de las luchas obreras y populares del Estado con las de las izquierdas independentistas del Estado español, que aborden de forma parcial y limitada los objetivos comunes.
Como plantea la citada Declaración de Corriente Roja: «La posibilidad de construir caminos confluyentes debe partir, no sólo del reconocimiento efectivo del ejercicio concreto del Derecho de Autodeterminación con todas sus consecuencias, de la denuncia sistemática de la represión y la tortura, sino de la coincidencia política en la necesidad inevitable de coordinar la lucha de la clase obrera de los pueblos del Estado español frente al mismo capitalismo imperialista, al Estado y al Gobierno que la representa. Creemos que los hechos han demostrado que no hay soluciones nacionales, ni de otro tipo, aisladas que obvien la necesidad de acabar con el régimen de la Transición y de derogar la Constitución de 1978».
Es preciso, creemos, empezar a hablar de un plan de acción común contra el régimen erigido en la Transición sobre la Constitución de 1978 – sobre los objetivos concretos coincidentes – que sólo pueden abrirse camino con posibilidades de victoria aunando los esfuerzos de organizaciones de izquierda, independentistas y no independentistas, del conjunto de los pueblos del Estado español.
[1] Ver Declaración completa en http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=15348