Dos Guardias Civiles fueron agredidos en un bar durante las fiestas patronales de 2016 de Alsasua, Navarra. Pero los supuestos agresores, 8 jóvenes, han sido acusados de terrorismo
El día que Oihan Arranz salió de casa para celebrar las fiestas patronales de su pueblo, Alsasua (Navarra), no imaginaba que su vida se acabaría torciendo por completo.
El 15 de octubre de 2016 dos Guardias Civiles fuera de servicio y sus parejas fueron agredidos en las inmediaciones del bar Koxka. Pero la disparidad de las versiones de lo qué ocurrió esa noche hace que solo los implicados en la reyerta conozcan la verdad.
Algunos vecinos dicen que los policías empezaron esgrimiendo amenazas a unos jóvenes como: «Te voy a pegar un tiro entre ceja y ceja» o «te voy a matar». Que todo fue un montaje policial.
Los policías aseguran que fueron los jóvenes los que les increparon por encontrarse en el establecimiento y luego les propinaron patadas y golpes. Uno de los agredidos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en el tobillo y los otros tres sufrieron heridas leves.
Sea como fuere, lo que aparentemente había sido una pelea de bar acabó en una acusación de terrorismo a ocho jóvenes y una petición de la Fiscalía General de 50 años de prisión para seis de ellos, 62 para otro y 12 para la última imputada. Ahora están a la espera de que un juicio, sin fecha establecida, dictamine si pasarán prácticamente el resto de su vida entre rejas.
I. El giro inesperado de un proceso judicial
«Un tobillo roto. Ese es el caso que se está catalogando de terrorismo en Alsasua», denuncia a PlayGround Koldo Arnanz, padre de Oihan, que es uno de los tres imputados que están en prisión preventiva desde el pasado noviembre. «Aquel día pasó una apisonadora por encima de los chavales y después un tsunami por el pueblo. Esto parecía Belfast. Parecía la guerra entre el IRA y el Ejército británico».
La noche de la pelea acabó con dos detenidos, que fueron liberados a los tres días, y dos atestados de la Policía Foral y de la Guardia Civil en los que se acusaba a los jóvenes de delitos de lesiones y de atentado contra la autoridad. A pesar de que los agentes estaban fuera de servicio, se dice que fueron agredidos por ser policías.
Pero la gravedad de los delitos da un vuelco en cuanto el Colectivo de Víctimas de Terrorismo del País Vasco (COVITE) entra en las acusaciones y les denuncia por terrorismo y odio. ¿La razón? Ospa Mugimendua.
Un movimiento contrario a la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Navarra del que presuntamente forman parte algunos de los imputados. Su reivindicación es Alde Hemendik (Fuera de aquí). Al ser la misma que ETA enarboló en ocasiones, COVITE vincula a Ospa Mugimendua a la organización terrorista.
Aunque, a diferencia de lo que dice el auto del caso de Alsasua, Alde Hemendik no nació en 1998 como una campaña de movimientos de la izquierda abertzale vinculados a ETA. Fue impulsada en 1978 por el partido Euskadiko Ezkerra (EE) (que acabó fusionándose con la la alianza vasca del PSOE en 1993), detalló en un tuit el presidente de Euskal Memoria, Iñaki Egaña.
Fiscalía General pide 50 años de prisión para seis de los jóvenes, 62 para otro y 12 para la última imputada
Tras las detenciones iniciales, múltiples personas se manifestaron «portando pancartas de Alde Hemendik junto al logo habitual de ETA (una flecha sinuosa de dos puntas)», expuso la organización de víctimas en su denuncia. A lo que se refieren en realidad es al símbolo de Alde Hemendick no al logo de la banda terrorista (una serpiente enroscada alrededor de un hacha). PlayGround ha contactado con COVITE en más de una ocasión sin que le haya ofrecido información acerca de sus motivaciones.
La versión de los agredidos y las premisas de COVITE fueron suficientes para que la juez Carmen Lamela, la misma que ha condenado a prisión a los Jordis, aceptara catalogar los hechos de terrorismo, detalla a PlayGround la abogada de algunos de los procesados, Jaoine Karrera. El caso se trasladó de la Audiencia Provincial de Navarra a la Audiencia Nacional.
El padre de Oihan, Koldo, se enteró de la detención de su hijo cuando vio por la televisión cómo le ponían unas esposas camino a su centro de estudios en Vitoria. Meses después, tuvo constancia de la colosal pena que pide la Fiscalía cuando un amigo se lo notificó por WhatsApp tras haberlo visto en los medios. No podía creerlo. «Pensábamos que la suma de todas las condenas era de 50 años. Y ya nos pareció una exageración. Después nuestra abogada nos aclaró que no era así. Se nos vino el mundo encima», lamenta.
II. Una catalogación cuestionable
Llevar la palabra terrorista de apellido sin que se haya celebrado un juicio, puede convertirse en un lastre vitalicio para cualquiera. Pero, como indica a PlayGround el letrado del Colectivo Ronda, Carles Perdiguero, este caso se aleja mucho de ser una agresión terrorista.
No pueden otorgarse estas dimensiones a un suceso si no se demuestra que detrás de éste hay una organización terrorista. Karrera añade que, además, debería haber sido un acto planificado. Y el hecho de que el escenario de la pelea hubiese sido un bar, a las 5 de la mañana y en el contexto unas fiestas patronales, vislumbran que se trata de un «suceso fortuito como muchos otros que tienen lugar en el resto del país», según Karrera.
Vincular a ETA a un movimiento político que no ha sido objeto de ninguna causa judicial hasta ahora, también escapa de cualquier atisbo de razón, añade Perdiguero. Por mucho que algunos de sus integrantes hayan quemado muñecos de cartón de agentes de la Guardia Civil en fiestas populares. «Se está criminalizando una idea, que puede agradar más o menos. Pero no es un delito abanderarse en una reclamación que un día utilizó un grupo terrorista. Están diciendo que, implícitamente, son partícipes de esa violencia sin tener nada que ver con ella», condena Perdiguero. «Es una estupidez jurídica».
No pueden otorgarse estas dimensiones a un suceso si no se demuestra que detrás de éste hay una organización terrorista. Además, debería haber sido un acto planificado.
Durante los últimos meses, otros magistrados, como Baltasar Garzón, han manifestado que el caso de Alsasua nunca tendría que haberse encasillado como terrorismo. También fueron 52 eurodiputados los que reclamaron al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que interviniera para evitar dicha calificación. En Altsasua, los vecinos siguen llenando las calles para protestar por la detención de los jóvenes. La manifestación más masiva tuvo lugar hace casi un año, cuando 20.000 personas protestaron pidiendo la liberación de los acusados.
El hecho de que Oihan fuese detenido con solo 21 años es una de las evidencias a las que se aferra Koldo para defender que la mentalidad de su hijo se aleja mucho de la de una etarra. «Ahora resulta que después del alto al fuego de siete años atrás, están vinculados a ETA. Por aquel entonces, mi hijo tenía entre 13 y 14 años».
III. A 400 km de casa
Sin permitir a la defensa aportar pruebas que avalaran el testimonio de los jóvenes imputados que aseguran no haber participado en la pelea, los acusados no tienen más opción que esperar al juicio para acabar con lo que Koldo califica de pesadilla.
Adur Ramírez de Alda, Jokin Unamuno y Oihan llevan presos 342 días en los centros penitenciarios de Aranjuez, Soto del Real y Navalcarnero, en Madrid. Por el momento, no se ha establecido una fecha para su juicio. «Se están cargando la vida de unos chavales. Que se investigue si son culpables de algo. Y si es así, que paguen por ello. Pero de forma proporcional a lo que podría haber ocurrido», sostiene Koldo. Un delito de atentado contra la autoridad supone una condena de uno a cuatro años de prisión y sanciones económicas, según el Artículo 550 del Código Penal. No 375 años de cárcel.