La plataforma «Horta és futur. No a la ZAL», que agrupa a 40 organizaciones sociales, vecinales y de defensa del territorio, ha presentado en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Generalitat Valenciana las alegaciones al Plan Especial que desarrolla la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia, […]
La plataforma «Horta és futur. No a la ZAL», que agrupa a 40 organizaciones sociales, vecinales y de defensa del territorio, ha presentado en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Generalitat Valenciana las alegaciones al Plan Especial que desarrolla la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia, que permaneció en exposición pública hasta el 30 de septiembre. Además han anunciado movilizaciones con el fin de paralizar la ejecución de esta zona de carga, descarga, almacenamiento y transporte de mercancías, sobre una superficie de 77 hectáreas. El objetivo es recuperar este «espacio estratégico» para la ciudad de Valencia, convertirlo en espacios naturales y huerta productiva, afirman en un comunicado. También denuncian la falta de vías para la participación ciudadana y la «condescendencia» tanto del ayuntamiento (Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú) como de la Generalitat Valenciana (PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) hacia la Autoridad Portuaria.
Avalado por el consistorio y el ejecutivo autonómico, el macroproyecto de expansión del puerto continúa adelante pese a las diferentes sentencias en contra. Éste es uno de los argumentos centrales para la plataforma «Horta és futur. No a la Zal». De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya declaró nulo en 2013 el Plan Especial de la Generalitat por el que se modificaba el planeamiento urbanístico de Valencia para desarrollar la ZAL; y en 2015 el Tribunal Supremo declaró de nuevo la nulidad del plan. Otra sentencia del Tribunal Supremo, de marzo de 2017, reconocía el derecho a que se revirtieran los terrenos de dos propietarios, afectados por las expropiaciones para erigir el megaproyecto. Ya que no era posible la restitución de las parcelas a sus dueños (al haberse convertido en un solar por la acción de las máquinas), correspondía a la Generalitat, según la sentencia, establecer las indemnizaciones pertinentes.
Pero las organizaciones vecinales (La Unificadora de La Punta, Plataforma Litoral per al Poble, Salvem el Cabanyal, Orriols-Rascanya, Campanar), agrarias (Coordinadora de Agricultors i Ramaders de la Comunitat Valenciana), de protección del territorio (Per L’Horta o L’Horta en Moviment), ecologistas (Acció Ecologista Agró y Ecologistas en Acción) y otras como la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià también recuerdan el pasado oneroso de la ZAL, cuya tramitación urbanística comenzó hace dos décadas.
Tras una batalla que tuvo su punto álgido en los años 2002 y 2003, las excavadoras transformaron más de 70 hectáreas de huerta de gran valor en la pedanía de La Punta, en un inmenso solar. Además de la devastación de la tierra hortícola, las máquinas se llevaron por delante alquerías históricas, casas de huerta (algunas de 400-500 metros cuadrados), barracas, animales y un estilo de vida tradicional. Tras un proceso de expropiaciones forzosas y vivirse episodios de violencia policial, cerca de 150 familias fueron deportadas, algunas de las cuales continuaron pleiteando en los tribunales. «La deuda de la ciudad con estas personas todavía no ha sido reparada», subraya la plataforma Horta és futur». En octubre de 2015 el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, afirmó que la ZAL es «irrenunciable».
Pese a los reveses judiciales, las organizaciones sociales denuncian que el actual Plan Especial está «calcado» del anterior. «Es una burla a la ciudadanía», señalan. El único cambio introducido respecto al Plan Especial tumbado por los tribunales, asegura la plataforma en un comunicado, es un carril para ciclistas que atravesará el área logística. Además apuntan «graves errores», ya que el Plan defendido por el consistorio, la Generalitat y el Puerto no considera suelo de especial protección el área en la que está previsto el desarrollo de la ZAL, como debería hacerse tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2015. De hecho, ésta era la catalogación inicial de la huerta de La Punta, antes de que en 1999 se reclasificara a «urbanizable». El portavoz de la plataforma, Josep Gavaldá, informó de la intención de recurrir de nuevo a la justicia, ya que el Tribunal Supremo ordenó «que tenía que empezar a tramitarse todo el procedimiento desde el inicio».
Las 40 organizaciones también han pedido la retirada del plan porque la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas ha desatendido otros trámites, a los que estaba obligada por la mencionada sentencia; por ejemplo, la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica, la consulta previa a los afectados por el Plan Especial y un Estudio de Paisaje. «Ni siquiera se han planteado la posibilidad de un plan ‘alternativo’ que responda a los intereses de la ciudadanía», subraya Gavaldà. Otra de las críticas apunta a las contradicciones que presenta el Plan Especial respecto al contenido del Plan de Acción Territorial de l’Horta, de carácter supramunicipal. Asimismo la Plataforma «Horta és futur. No a la ZAL» ha denunciado la falta de participación ciudadana, ya que las reuniones para la ejecución del polo industrial anexo al puerto han contado «exclusivamente» con tres instituciones: Ayuntamiento de Valencia, Generalitat y la Autoridad Portuaria. Ejemplo del escaso interés por la participación popular es que el plazo oficial de exposición pública y alegaciones al Plan Especial se estableció durante las vacaciones veraniegas. Además, «se trata de debatir y votar, no sólo de alegar», criticaron.
El mismo día que «Horta és futur» presentaba las alegaciones, dos directores generales del departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, Carlos Domingo y Lluis Ferrando, defendían el «nuevo diseño» de la ZAL, pues aumentaba -según estos altos responsables de la Generalitat- el número de espacios públicos, zonas verdes y potenciaba la movilidad sostenible. La escueta nota de prensa emitida por la Conselleria utilizó en cuatro ocasiones el adjetivo «verde», además de expresiones como «espacios para la ciudadanía», «disfrute de todos los vecinos» y «minimizar impactos»; también se hacía mención a la recuperación de sendas, caminos y a los carriles para ciclistas. Los medios informativos se han hecho eco de esta versión. Sin embargo, el pasado mes de julio fuentes de Per l’Horta ya alertaron del objetivo de «pintar de verde» una supuesta nueva ZAL, con el fin de hacerla más digerible. «Ningún urbanista o paisajista prestigioso consideraría que un verdadero ‘corredor verde’ es un carril bici adornado con árboles», rebate Gavaldà; «este Plan Especial es el mismo que el anulado por el Tribunal Supremo», añade.
La sintonía entre el Puerto de Valencia y las administraciones públicas no constituye una novedad, pero se revela en las declaraciones de Carlos Domingo y Lluis Ferrando, quienes reconocen -literalmente- la «coordinación y colaboración absoluta» de la Generalitat con el consistorio y también con la Autoridad Portuaria. Los responsables públicos destacan asimismo que en 2015, cuando PSPV-PSOE y Compromís accedieron al gobierno autonómico, «ya se habían invertido muchos millones, se habían ejecutado obras y los terrenos estaban urbanizados», lo que dificultaría la reversión del proyecto de la ZAL. En este punto también coinciden los directores generales con la Autoridad Portuaria. En junio de 2016 Aurelio Martínez, quien fue conseller con el ejecutivo del PSPV-PSOE entre 1993 y 1995, afirmó durante una comparecencia en las Cortes Valencianas que una marcha atrás en la ZAL implicaría «pérdidas económicas importantes» y «un mal negocio» para la sociedad valenciana, ya que habría -según su versión- que compensar al puerto por las inversiones realizadas.
Ante este anhelo de magnos proyectos y «desarrollismo» con el pretexto del interés general, los movimientos sociales promovieron en mayo un manifiesto en defensa de la huerta productiva del sur de la ciudad, lo que incluye La Punta. Denunciaron que en esta pedanía se produjo «la herida más sangrante» aunque no la única. Así, en los Poblados del Sur -considerado por las élites como el «vertedero de la ciudad»- se instaló la depuradora de la pedanía de Pinedo, el llamado Plan Sur (construcción del nuevo cauce del río Turia), la Autovía V-30 (de circunvalación por la ciudad de Valencia), la subestación eléctrica de Iberdrola, el centro agroalimentario y logístico Mercavalencia, la Autovía V-31 (autovía para acceder a la ciudad por el sur), el acceso ferroviario al Puerto o las expropiaciones para edificar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros edificios e infraestructuras.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.