Colectivos vecinales, sectoriales y ecologistas de todas las comunidades autónomas califican las medidas para acelerar y facilitar las nuevas centrales energéticas renovables como “el mayor golpe a los valores ambientales y de participación ciudadana que podamos recordar”.
El pasado 28 de abril el Congreso convalidaba el Real Decreto-Ley 6-2022 por el que se establecían una serie de medidas urgentes en el marco del Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El objetivo era, según señalaba el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, “proteger y ayudar a los españoles frente al impacto de una guerra en las puertas de la Unión Europea”.
El RDL, cuyo periodo de enmiendas se cierra el 1 de junio y está siendo tramitado como proyecto de ley urgente, se centra en cuatro bloques de medidas: energético, transportes, apoyo a empresas y autónomos, y apoyo a trabajadores y personas vulnerables. En el primero de ellos, entre el mantenimiento de la rebaja fiscal a la factura de la luz, la reducción de los peajes y las ayudas directas a sectores gasintensivos como el del papel, el vidrio o la cerámica, se colaba una serie de medidas dirigidas a agilizar los proyectos de energías renovables.
Ahora 389 entidades de todo el estado han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un atropello a sus derechos y reclaman al Congreso de los Diputados que se supriman la implantación exprés de macroproyectos energéticos renovables.
Participación pública
“Los artículos 6 y 7, junto con las disposiciones finales cuarta y decimosexta del RDL 6/2022, suponen el mayor golpe a los valores ambientales y de participación ciudadana que podamos recordar”, denuncian las casi 400 organizaciones, entre las que se encuentran asociaciones de vecinos afectados por estos proyectos, plataformas sectoriales, ecologistas y organizaciones culturales de todas las comunidades autónomas.
De ser finalmente aprobada, la nueva normativa reduciría la tramitación ambiental de los proyectos de energía renovables de hasta 75 MW, en el caso de los eólicos, y de 150 MW, en el de los fotovoltaicos, a un informe de determinación de afección ambiental “que no estudia en detalle los diferentes impactos y al que no se podrá presentar recurso alguno”, denuncian los colectivos.
Para los firmantes del comunicado, el proyecto de ley arrebata el derecho de los afectados a señalar impactos no contemplados o subestimados, así como errores técnicos, y suprime la participación pública en lo que supone, inciden, “una clara vulneración del Convenio de Aarhus del que España forma parte”.
En concreto, la tramitación exprés “limita enormemente la realización de estudios rigurosos de evaluación ambiental”, señalan, atentando contra el artículo 45 de la Constitución, que propugna que “los poderes públicos velarán por el uso racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente”.
Asimismo, inciden en que el RDL dificulta la realización de estudios sobre el impacto de los macroproyectos de renovables en el patrimonio histórico, cultural y artístico, “cuando es deber de los poderes públicos garantizar su conservación y promover su enriquecimiento, en los términos del artículo 46 de la Constitución”.
Propuesta de enmienda
“La crisis humanitaria no ampara destruir nuestra tierra y nuestra vida”, inciden las 389 organizaciones en un comunicado hecho público. Por ello, han redactado una propuesta de enmienda al proyecto de ley que están haciendo llegar a todos los grupos parlamentarios cuyo objetivo es la retirada de los artículos 6 y 7, así como las disposiciones cuarta y quinta del RDL 6/2022.