Un balance provisional de las denunciadas recopiladas el año pasado fue presentado en el marco de unas jornadas sobre prevención de la tortura en las que se criticó al Gobierno. 520 personas denunciaron, en 280 casos judiciales documentados, haber sufrido torturas o malos tratos durante 2008. 39 casos menos que en 2007. Es el avance […]
Un balance provisional de las denunciadas recopiladas el año pasado fue presentado en el marco de unas jornadas sobre prevención de la tortura en las que se criticó al Gobierno.
520 personas denunciaron, en 280 casos judiciales documentados, haber sufrido torturas o malos tratos durante 2008. 39 casos menos que en 2007. Es el avance de los datos recopilados por las más de 40 organizaciones de defensa de los derechos humanos de todo el Estado español que forman la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT). El informe, todavía provisional, fue presentado el 13 de marzo en Barcelona en el marco de unas jornadas sobre la implantación en el Estado español de mecanismos para evitar la tortura.
El descenso relativo respecto a las denuncias registradas en el ejercicio de 2007 -689 denunciantes para 319 casos- estaría motivado por la presión social creciente y, en determinados territorios, por la implementación de medidas políticas de prevención y de sentencias judiciales condenatorias. Pero la CPT llama a tomar con cautela el descenso del 25% en las denuncias recabadas.
Según Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura, el menor número de denuncias no implica necesariamente que haya habido menos casos. «Una sociedad donde se denuncia más es mucho más democrática que una que carece de ellas: sin duda», apunta. Y enumera como posibles elementos el miedo, la percepción de derrota anticipada en un hipotético proceso judicial o la indefensión. Aún así, el mapa territorial de las denuncias es desigual. Los datos provisionales muestran que el País Vasco y Navarra, con el telón de fondo del fracaso del proceso de paz y el retorno a la apuesta represiva, vuelve a encabezar el ranking con 144 denuncias. Le sigue Andalucía, con 88 denuncias y Madrid con 61. Cataluña, con 53 casos, ha dejado de ocupar el primer lugar en cuanto a denuncias recibidas durante 2007. En concreto las denuncias contra los Mossos han bajado un 65%, algo que Del Cura atribuye en parte a la instalación de cámaras en las comisarías Por ámbitos sociales, los activistas de movimientos sociales encabezan las quejas interpuestas, con una cifra de 103 denuncias; los migrantes presentaron 76; y las personas presas, 75. Como nota diferencial, 2008 deja, con 67 casos, un auge destacado en las denuncias tras acontecimientos deportivos, musicales o festivos.
Por cuerpos policiales, es el Cuerpo Nacional de Policía quien, con 187, encabeza las denuncias seguido por las policías locales (68) y la Guardia Civil (59). La Ertzaintza acumula 45 denuncias, la mitad del total de denuncias interpuestas en la Comunidad Autónoma Vasca. La misma cantidad que los Mossos d’Esquadra, pero en su caso estos acaparan el 85% de las denuncias recogidas en Cataluña.
Estos datos fueron avanzados en el marco de las III Jornadas para la Prevención de la Tortura organizadas por la CPT en Barcelona a mediados de marzo. Las jornadas, con amplia participación y la presencia de destacados expertos, pretendían analizar la aplicación en el Estado del Protocolo Facultativo de Naciones Unidas, ratificado en abril de 2006 por el ejecutivo español y todavía hoy sin implementar. El protocolo prevé la creación de los llamados nuevos Mecanismos Nacionales de Prevención, organismo de carácter independiente, que debe tener la capacidad de fiscalizar directamente los centros de detención. La CPT se opone a la designación, por parte del ejecutivo, del Defensor del Pueblo -y en el Gobierno catalán, del Síndic de Greuges- como responsables de este mecanismo, dado que «se atribuyen las competencias a instancias ya existentes y claramente vinculada a los poderes públicos».
Para Iñaki Rivera, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, el auténtico valor «agregado y diferencial del nuevo mecanismo es la participación de la sociedad civil», participación que, según denuncia, no se permite.