«El Estado español trata de deslocalizar el problema de la tortura y blindar jurídicamente a las fuerzas de seguridad que actúan en la frontera», asegura el coordinador estatal de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura. Para la realización de este informe, se toma como premisa el artículo 1º de la […]
«El Estado español trata de deslocalizar el problema de la tortura y blindar jurídicamente a las fuerzas de seguridad que actúan en la frontera», asegura el coordinador estatal de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura. Para la realización de este informe, se toma como premisa el artículo 1º de la Convención de la ONU contra la tortura.
Desde la Coordinadora mostraron especial preocupación por la violación de derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla. El presente informe, explicó Jesús Montes, de la Coordinadora Andalucía, incluye un apéndice en el que se analiza «la situación de la Frontera Sur». La CPDT condenó las devoluciones en caliente, el drama de las concertinas y la «desvinculación del problema» por parte del Ejecutivo. «El Estado español trata de deslocalizar el problema de la tortura y blindar jurídicamente a las fuerzas de seguridad que actúan en la frontera», aseguró Jorge del Cura. o español es una realidad». Así lo denuncia la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) en su informe anual presentado la mañana de este jueves. El estudio recoge «252 situaciones en las que se produjeron agresiones y/o malos tratos y que afectaron a 527 personas» durante el año 2013.
Para la realización de este informe, explicó Jorge del Cura, coordinador estatal, se toma como premisa «el artículo 1º de la Convención de la ONU contra la Tortura y otras penas y/o tratos inhumanos o degradantes». Por lo tanto, los casos de tortura documentados por la CPDT responden a la siguiente definición: «Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas».
Por lo tanto, el documento recoge las denuncias por tortura y/o malos tratos que cumplen con los dispuesto en el artículo primero de la Convención de la ONU contra la Tortura y que «han sido conocidos por la CPDT«. «Estas cifras -enfatizó el coordinador estatal- representan sólo a una parte de las personas que han sufrido malos tratos y/o tortura; algunas denuncias han sido excluida del informe por petición expresa de los afectados, otras porque la información recibida no era suficiente o no pudimos contrastarla». En este sentido, desde la CPDT aseguran que «un número importante de casos de tortura y agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP) no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada». Lo que se debe, señala Del Cura, a que «la mayoría de los colectivos que sufren dejaciones por parte de estas instituciones son personas inmigrantes o presas«.
En el último informe de la organización se aprecia una reducción tanto del número de personas afectadas como el número de casos de torturas denunciados, en comparación con 2012. Sin embargo, «nuestra percepción no es que se esté produciendo un descenso de la tortura, sino que las personas afectadas tienen miedo a sufrir represalias y desconfían de los Tribunales de Justicia e instituciones«, recalcó el coordinador Estatal.
Según los datos recogidos por las 50 organizaciones que configuran la CPDT -entre las que se encuentran el Observatorio Vasco de Derechos Humanos y la Organización de Xustiza e Sociedade de Galicia-, Cataluña y Andalucía son las Comunidades Autónomas donde se registran más casos de agresión. El número de represiones en Cataluña, explicó Lluisa Domingo, portavoz de la Coordinadora Catalana, se debe principalmente «a la represiones brutales de los movimientos sociales».
El portavoz estatal aseguró que «la tortura se produce en todo el territorio español; y se lleva a cabo por todos los cuerpos de funcionarios encargados de la reclusión y seguridad». El Cuerpo Nacional de Policía, con 111 situaciones de violencia y un total de 294 personas afectadas, es el organismo público más denunciado. En parte, esto se debe a que la mayoría de las coordinadoras trabajan en grandes ciudades donde la Policía Nacional tiene más presencia, mientras que en los pequeños municipios es la Guardia Civil quien actúa, y donde apenas hay colectivos de denuncia social, subrayó Del Cura.
Las agresiones documentadas por la organización van desde la tortura en régimen de incomunicación, represiones por participar en movilizaciones sociales, vejaciones a inmigrantes y personas presas, malos tratos a menores internados en centros reformatorios, e incluso malos tratos durante la celebración de eventos deportivos o incidentes de tráfico. El número de personas que sufrieron agresiones durante la celebración de protestas sociales alcanza la cifra de 251 afectados.
Desde la Coordinadora mostraron especial preocupación por la violación de derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla. El presente informe, explicó Jesús Montes, de la Coordinadora Andalucía, incluye un apéndice en el que se analiza «la situación de la Frontera Sur». La CPDT condenó las devoluciones en caliente, el drama de las concertinas y la «desvinculación del problema» por parte del Ejecutivo. «El Estado español trata de deslocalizar el problema de la tortura y blindar jurídicamente a las fuerzas de seguridad que actúan en la frontera», aseguró Jorge del Cura.