Hoy se cumplen 57 años del accidente nuclear de Palomares.
El aforismo del Eclesiastés: “Lo que fue, eso será”, aquí nos suena como una maldición determinista sin solución ni esperanza, en un horizonte político marcado por la indolencia y el olvido. La descontaminación pendiente de las 40 hectáreas ha sido y es utilizada por los políticos del bipartidismo central y centralista como un mero instrumento, pero solo cuando están en la oposición. Ni las demandas en tribunales ni las reiteradas llamadas del Parlamento Europeo han servido para que se inicie la limpieza. Palomares, Villaricos y Vera llevan más de medio siglo como un segundo Gibraltar, una zona franca, donde se incumple de manera sistemática la normativa nuclear nacional e internacional.
Hasta el momento, los únicos que han mostrado empatía, generosidad y solidaridad han sido Greenpeace en 1985 y Ecologistas en Acción, que lleva años en vano luchando en los tribunales, con esa maltrecha y dependiente Justicia que padecemos los españoles. Sin embargo, todavía algunos vecinos ‒que no todos‒ se quejan que: “siempre están señalando lo negativo”. Al Tribunal Supremo lo que se denuncia es eso, lo peor de allí: la injusticia mantenida por el Ejecutivo, las zonas radiactivas valladas sin solución, los puntos radiactivos fuera del vallado, los 3.098 kg de residuos nucleares con 223 millones de Bequereles de radiactividad, que fueron traídos de forma subrepticia entre 2011-2016, alojados en dos contenedores y en un almacén de la zona urbana, o el estigma y daño a la economía local que están ocasionando. Mientras, el Gobierno lo único que ha hecho este año son otras expropiaciones (34 ha.) a precio de saldo, perjudicando a los de siempre.
Tal como calificaba el periodista Manuel León, se está ejerciendo terrorismo de Estado con las 2-3 generaciones del lugar. Al principio puede parecer exagerada tal aseveración, pero repasemos los detalles: al estafar a los vecinos afirmando Fraga en 1966 que todo había quedado igual o mejor que antes del accidente y ser abandonados como zona de sacrificio, se ha ejercido con los vecinos una violencia medioambiental. Además, fueron utilizados como cobayas humanas durante 30 años de los 46 que duró el “Proyecto Indalo”, sin ninguna garantía bioética, al dejarles adrede para experimentar “varios kilos de plutonio sin recoger”, como reconoció el presidente de la Junta de Energía Nuclear al ministro de Industria. Algo sin parangón en la historia de la Ciencia de España, que no solo es inmoral, ilegal, sino además penalizable. Por si fuera poco, los vecinos pagaron la desigualdad distributiva de los costes medioambientales heredados de la dictadura y padecieron unos evidentes riesgos a la salud, con más de 120 personas que han evidenciado contaminación interna por plutonio, más los que no conocemos.
Ni la Transición, ni la democracia han supuesto cambio, incluso seguimos con el oscurantismo de la dictadura. La excusa para no hacer nada siempre ha sido que hay que esperar al país causante, cuando contamos con sobrados medios económicos y técnicos para la limpieza, o que en España no existen lugares para albergar el plutonio, cuando es factible la creación de un almacén temporal individualizado (ATI) en el Cabril, mientras se les devuelve a sus legítimos propietarios.
Algunas personas sí se han pronunciado para decir ¡basta!. Hace un par de meses un palomareño, Pascual Soler, ex presidente de ASAJA, quiere que al menos parte de la pedanía afectada, junto con Vera y Villaricos, se movilice a pesar de la posible repercusión negativa. Aunque no existiese consenso en la población, ayudaría mucho. Parece que una parte de los jóvenes del lugar se sienten ahora más comprometidos con la descontaminación. Es evidente que si aspiran a un entorno libre de radiactividad y son generosos con sus hijos, con los nietos de sus nietos y los que vengan en los 24.000 años que quedan de plutonio, tendrán que mojarse el culo.
En ocasiones, se ha puesto en solfa la salubridad de los productos agrarios. En la foto del 20 de febrero de 1966, unos chicos muestran su inocuidad comiendo tomates, pues el plutonio, al ser insoluble en agua, no pasa a los cultivos. Para despejar cualquier duda, lo ideal no es callarse, sino vindicar lo que en justicia merecen. La rehabilitación radiológica y su demanda tendría un coste económico innegable, pero solo durante el proceso de limpieza, mientras que los beneficios serían a perpetuidad.
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