El futuro del país será OBESO. Al menos en la región de Madrid, habida cuenta de la decisión tomada por su suprema representante y ordinaria del Estado en la misma, tal y como reza el art. 17.1 de la Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
La referida decisión consiste en una suerte de «solución final» a la infancia de Madrid carente de recursos, que dependen de las becas de comedor de los colegios madrileños para que puedan llevarse algo de comer a la boca. Becas que se nutren de los impuestos de los madrileños que, en su inmensa mayoría y me gustaría pensar por puro sentido común, que son buenos ciudadanos, defensores de la democracia y del estado del Derecho que nuestra Constitución en su art. 1 define, además, como un estado social, entienden bien que así sea.
La «decisión final» de la suprema representante de la Comunidad de Madrid y ordinaria del Estado en tiempos de pandemia y en un escenario de estado de alarma, ante la necesaria clausura de los centros escolares y, por tanto, de los comedores para estos niños, es alimentarles a través de pizzas entre otros manjares de la llamada cómida rápida o comida basura. Entiende que es una comida divertida para la chiquillería, quiero pensar, como razón de su desconcertante decisión.
Según se desprende del «Estudio PASOS», elaborado por la Fundación Gasol y presentado en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos el pasado 17/11/2019, una organización lejos de ser comunista y bolivariana, España sufre una pandemia de obesidad infantil que está afectando de forma relevante al desarrollo de los niños/as y adolescentes, siendo nuestro país el cuarto de Europa con mayor índice de obesidad infantil. De hecho, un 14,% de los menores padece esta problemática según el Índice de Masa Corporal y un 24,6% presente obesidad abdominal.
En dicho estudio se pone de relieve una tendencia decreciente de la adherencia a la dieta mediterránea por parte de los más pequeños y demuestra una clara relación entre le nivel socioeconómico de las familias y la obesidad infantil.
Según el Comité Español de UNICEF en su informe «Malnutrición, Obesidad Infantil y Derechos de la Infancia en España», otra organización nada sospechosa de ser bolivariana y de extrema izquierda, la triple carga de la malnutrición por desnutricción, por sobrepeso y obesidad y por carencias en nutrientes esenciales está afectando de forma cada vez mayor a los niños/as pobres y sus familias, limitando su derecho a la supervivencia, a la salud y a la educación.
La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 resalta en su Preámulo la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial y establece diez principios, entre los que se encuentran:
- El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño.
- El derecho a una alimentaciión, vivienda y atención médicos adecuados.
- El derecho a la protección contra cualquier forma de abanddono, crueldad y explotación.
Según la página web de la Comunidad de Madrid, en el apartado de Servicios e Información sobre la alimentación infantil, entre los objetivos de la alimentación escolar está garantizar el mantenimiento de buenos niveles de salud protegiendo a los escolares de aquellas enfermedades en las que una dieta inadecuada constituye un factor de riesgo para la obesidad, hipertensión arterial, osteoporosis, etc., así como introducir buenos hábitos alimentarios adaptados a la organización y al estilo de vida del escolar y su familia. Por ende, las empresas que sirven los menús de comidas a los niños en los centros escolares y de los que, a través de las becas de comedor para los más desfavorecidos, se benefician más de 11.500 escolares, deben ajustarse a estas exigencias.
La referida «solución final» supone un cebamiento de los niños/as con menos recursos, cual porcino del que luego una vez maduritos, se aprovechará sus entrañas tras una tradicional y sangrienta celebración. En su asimilación humana se traduce en un no menos sangriento final, pues bastará con que en el futuro inmediato de estos críos les reviente un aneurisma aórtico ante una subida del colesterol pero que, a diferencia de los cerdos, ocurrirá en edad temprana.
Es cuestión de patriotas cuidar y proteger al futuro de nuestro país que es la infancia, dotándoles de salud y educación. El futuro de este país no solo lo componen aquella infancia de la alta clase social que nunca se verán en una situación semejante de carencia, o de aquellas familias trabajadoras que con su esfuerzo pagan sus impuestos porque son buenos ciudadanos y saben que el reparto de la renta es un principio primordial en un Estado Social, Democrático y de Derecho que es como nos define la Constitución Española. También lo constituyen los hijos de aquellas personas vulnerables y pobres que no tienen recursos. También ellos y ellas son el futuro de nuestro país y es a ellos y a ellas a los que más hay que proteger y garantizar su salud y educación, porque no tienen medios ni para subsistir.
Evidentemente, para la suprema representante de la Comunidad del Estado y ordinaria del Estado en la misma, no es importante este pequeño detalle. Es más, en su «solución final» demuestra un verdadero acto de rebeldía constitucional que bien pudiera ser objeto de queja ante el Defensor del Pueblo o pedir amparo al Tribunal Constitucional. Concretamente, como responsable de un poder público, ha incumplido los siguientes principios rectores de la política social y económica de la Constitución Española:
- Art. 39.1- Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y juriídica de la familia.
- Art. 39.4.- Los niños gozarán de la protección revista de los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
- Art. 43.1.- Se reconoce el derecho a al protección de la salud.
- Art. 43.2.- Compete a los poderes púlblicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
- Art. 43.3.- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte […].
Por no mencionar la vulneración del art. 10:
«1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a as libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados en España.»
Y entre los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados en España, está La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 ratificada por nuestro país en 1990 y convertida en ley, de obligado cumplimiento.
La explicación a todo esto es… Verdaderamente no hay explicación. Es una consecuencia. Consecuencia de la mediocridad más absoluta que no puede tolerarse en un cargo de responsabilidad. No puedo por menos que imaginar que la suprema representante de la Comunidad de Madrid y ordinaria del Estado, haya adoptado esta decisión debido a un plan estratégico y preconcebido de acabar con un estigma social. Me inclino a pensar que se trata una más de sus ocurrencias fruto de su cutrez para gobernar. El problema es que sus decisiones afectan a las personas. Y no olvidemos quién fue el que la propuso como candidata pra tal cargo público que gracias a la derecha rancia, ostenta la misma. Ese que aspira a ser algún día, Presidente de nuestro país. Otro gran patriota. Me encomiendo a los Dioses.
Pilar Cuenca es empleada pública, licenciada en Historia y Derecho