La gran mayoría de las inmobiliarias discriminan a las personas que buscan vivienda de alquiler en España si son migrantes. Siete de cada diez de las contactadas por la ONG Provivienda rechaza de forma explícita alquilar a estas personas, mientras una amplia mayoría de las inmobiliarias restantes acepta otras formas más sutiles de discriminación. El rechazo aumenta para las familias extranjeras con hijos, especialmente las monomarentales.
“Apenas hemos encontrado inmobiliarias que descarten la discriminación”, ha indicado Elena Martínez, responsable del Área de Investigación de Provivienda en la presentación del estudio ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler? El objetivo de este trabajo, según ha explicado el director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez, es “visibilizar la discriminación que sufren las personas extranjeras cuando buscan una vivienda, así como sugerir alternativas desde las políticas públicas”.
La ONG ha realizado un total de 1.836 llamadas, respondiendo a anuncios de alquiler reales, a través de la metodología del ‘testing inmobiliario’, a agencias de Barcelona, Madrid, Alicante y Granada. Se han realizado dos tipos de llamadas telefónicas. En el primero, una persona autóctona y una extranjera han preguntado por viviendas. En el segundo, una persona que se presentaba como propietaria de una casa, contactaba a las agencias inmobiliarias pidiendo explícitamente no alquilar a una persona inmigrante.
Entre las respuestas que le daban las inmobiliarias a este ‘falso’ propietario están las siguientes: “No te preocupes, nosotros tampoco queremos extranjeros”, “En el anuncio no podemos ponerlo, pero en las visitas vemos quién viene y cribamos”, “Tengo muchos propietarios que me dicen que no quieren extranjeros, en este caso no les enseñamos la vivienda” o “Según su nombre o su acento descartamos”.
El porcentaje de discriminación directa absoluta o el rechazo total de alquilar vivienda a la población migrante se sitúa en el 72,5% de los casos. El otro 27,5% de los agentes comerciales que no aceptan realizar este tipo de discriminación absoluta, sí practican una discriminación relativa. Por ejemplo, permiten anunciar el piso más caro, pedir permiso de residencia, aumentar condiciones de fianza, pedir excesiva información económica u ofrecer viviendas en peores condiciones (con humedades) o permitir el alquiler a estas personas a cambio de que arreglen ellos mismos averías o desperfectos.
Aquí van algunos ejemplos de discriminación sutil en el acceso a vivienda: mientras a los españoles se les pide contrato indefinido para alquiler en el 34,8% de los casos, a los extranjeros se les pide un 62,2% de las veces. A los españoles se les piden avales en un 19,9% de los casos, mientras a los extranjeros se les piden en un 32,3%. También se ofrece más vivienda sin ascensor a extranjeros (38,5%) que a españoles (21,2%), mientras que se ofrece más vivienda grande a españoles (50,4%) que a extranjeros (39,8%) para el mismo nivel de ingresos y número de personas de la familia.
Doble discriminación de los hogares extranjeros y con hijos
Las inmobiliarias, refleja también este estudio de Provivienda, prefieren a inquilinos sin hijos. En el caso de que los tengan, prefieren familias con dos progenitores. Eso provoca que las familias monomarentales sean las que “experimentan una mayor discriminación directa”. Esta es una «doble discriminación» si son migrantes.
Además, tomando como referencia una unidad de convivencia formada por dos personas adultas y dos menores dependientes, a la población migrante extracomunitaria se le niega también en mayor medida la disponibilidad de pisos en el primer contacto (36% frente al 29,2% en el caso de nacionales).
La exclusión no acaba al encontrar la vivienda
Las conclusiones del estudio van más allá del acceso a la vivienda, ya que la discriminación no acaba una vez que las personas migrantes encuentran un hogar. Una vez que alcanzan la vivienda España aparecen nuevos problemas como “discriminación en forma de conflictos vecinales, hostilidad en las relaciones con las personas propietarias y en un déficit en las características de habitabilidad de las viviendas”. En este sentido, el estudio detecta la función fundamental que hacen las redes de apoyo informales, pero también de las de carácter formal, como las propias instituciones.
Exigen una ley integral contra la discriminación
La ONG ha detectado un índice menor de rechazo a los inquilinos migrantes de Barcelona, donde la discriminación absoluta de las inmobiliarias asciende a un 58%, frente al 76% y el 78% del resto de territorios. Como posible explicación está la diferencia de que el Ayuntamiento de Barcelona abrió hace unos meses un expediente sancionador a una inmobiliaria por una conducta discriminatoria por un anuncio que solo aceptaba españoles. Es la única vez que en España se ha abierto un expediente de este tipo por motivos de discriminación.
Provivienda defiende como “urgente” impulsar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda. La entidad recomienda la puesta en marcha de medidas no punitivas como servicios de información y asesoramiento especializados, así como el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave o el reconocimiento a las buenas prácticas inmobiliarias. En el plano más restrictivo, recomienda la aplicación del derecho administrativo sancionador e incluso penal para las situaciones más graves.