Solidaridad con la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez Mina y un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación para que investigue, persiga y castigue todas las expresiones de odio racial. Construir a Colombia como un país pluriétnico e intercultural es un imperativo ético, moral y político.
El uribismo sociológico ha dado muestras de su odio racial en diversas oportunidades. A pesar de ser reiteradas estas prácticas, no debemos incurrir bajo ningún caso en autocomplacencia con ellas y menos darle pábulo hasta naturalizarlas. No, eso nos vuelve cómplice de quienes quieren consagrar un régimen de apartheid simbólico en Colombia, país que en medio de muchas dificultades ha ido superando el supremacismo racial representado en el mestizocentrismo.
Haciendo un breve recuento de qué miembros del Centro-Democrático han supurado y esparcido odio racial, preciso es recordar a Paloma Valencia. Esta señora, nieta de un mediocre presidente conservador como fue Guillermo León Valencia (1962-1966), se atrevió en marzo de 2015 a proponer que al departamento del Cauca se le dividiera en dos: un departamento para los mestizos y otro para la pluridiversidad de pueblos indígenas que habitan esa sección del país.
En pocas palabras, lo que esta pedereste senadora proponía entonces era reeditar en el marco de la hoy república de Colombia, la clara división establecida en la colonia entre la ciudad letrada — habitada por españoles, criollos y mestizos— y los pueblos de «indios». Es decir, un apartheid contemporáneo, con denominación de origen y en donde Popayán, la ciudad blanca por excelencia, fuera el centro administrativo del poder mestizo.
Semejante aberración. No hay duda, sin embargo, esto hay que entenderlo como la fantasía esa que tiene más de un rico en el país y que cree, como el sabio Francisco José de Caldas, que sus orígenes hay que buscarlos en la metrópolis y no en la tierrita. En cualquier caso, de lo que se trata es de afirmar el colonialismo interno como lo señala la ilustre Silvia Rivera Cusicanqui o la colonialidad como lo señalaba Aníbal Quijano y quienes constituyen el Grupo de Modernidad-Colonialidad- Decolonialidad. Lo uno o lo otro remite a que quienes se consideran herederos del poder económico, social, político y simbólico-cultural de ayer, les asiste hoy el derecho a mandar por una suerte de predestinación manifiesta tal y como lo hicieron sus predecesores con su consabido régimen de privilegios.
Si Paloma Valencia pisó esos predios, María Fernanda Cabal no ha estado muy lejos de estos, salvo que ella ha virado más hacia los prejuicios y las estigmatizaciones en contra de indígenas y afrodescendientes. Quizá la diferencia de una y otra senadora, que por cierto las hermana el clasismo y una rancia superioridad etnocultural, es que mientras que la primera exhibe un racismo expansivo y que denota una herida colonial abierta y supurante, la segunda diagrama un racismo elegante pero no menos envilecedor en contra de los pueblos originarios y afrodescendientes. Al respecto pertinente es recordar que en 2014 la senadora Cabal consideraba a todos los alcaldes de Chocó como corruptos y los imaginaba en su totalidad negros. Además, decía que, «Si uno los pone a trabajar se agarran de las greñas»
Aquí la senadora referida se sitúa en una especie de Hybris del Punto Cero y en correspondencia con ello etnografía, sociologiza y politiza a los afrodescendientes pero ella no es etnografiada, sociologizada ni politizada. Dicho de otro modo, ella define, caracteriza y establece un régimen de subjetividad y representación sobre este grupo étnico y cultural, pero ella no es definida ni caracterizada.
En fin, que ella al partir de una línea base en donde se impone el privilegio de la palabra y la gramática del poder, termina por consagrar un régimen de exclusión y racismo sobre la población afrodescendiente, a la que por demás le niega cualquier capacidad para comprender las bondades de las virtudes públicas, léase la capacidad para gestionar y dirigir la administración pública.
Llegado a este punto, hallo una notable y singular proximidad entre los planteamientos de la senadora Cabal y los que esgrimiera hacia el final de la década de 1920 el tristemente célebre Laureano Gómez, El Monstruo. Este, en 1928, en el Teatro Municipal de Bogotá, siguiendo a Hegel, señaló frente a los negros que:
«Otros primitivos pobladores de nuestro territorio fueron los africanos, que los españoles trajeron para dominar con ellos la naturaleza
áspera y huraña. El espíritu del negro, rudimentario e informe, como que permanece en una perpetua infantilidad. La bruma de una eterna
ilusión lo envuelve y el prodigioso don de mentir en la manifestación de esa falsa imagen de las cosas, de la ofuscación que le produce el espectáculo del mundo, del terror de hallarse abandonado el disminuido en el concierto humano. La otra raza salvaje, la raza indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra civilización ha trasmitido a sus descendientes el pavor de su vencimiento. En el rencor de la derrota, parece haberse refugiado en el disimulo taciturno y la cazurrería insincera y maliciosa. Afecta una completa indiferencia por las palpitaciones de la vida nacional, parece resignada a la miseria y a la insignificancia». (Gómez, 1928. p.122)
Y más adelante conceptúa frente al Chocó que es una tierra maldita y sentencia con una suerte de fatalismo étnico y cultural que:
«El predominio de los negros en una nación la condena al desorden y la inestabilidad política y económica»
La afroderecha también tiene su cuota de racismo cuando incurre en la negación del mismo o cuando atribuye a la población afrodescendiente una estereotipada autorresponsabilidad en su situación de marginalidad y exclusión, hecho que niega de cuajo las larvadas formas de cómo las élites dominantes construyeron la nación sobre los privilegios de la población blanca y mestiza en detrimento de indígenas, afrodescendientes, raizales, Rrom –gitanos– y mestizos/as descastados.
Desde aquí es preciso recordarle al Representante Miguel Polo Polo que sí en Colombia existe una clara identificación entre la línea de la etnicidad y la línea de la pobreza que determina que indígenas, afrodescendientes y Rrom son los pobres entre los pobres, y, por tanto, el margen del margen, ello se debe no a un infortunio del destino ni a una predestinación como equívocamente se pretende argüir, sino a las consagradas e inveteradas formas de exclusión y marginalización de unos grupos en función del lugar que ocuparon — y ocupan– dentro del sistema de jerarquías y ordenes de clase y raza definidos y prolongados en el tiempo.
Finalmente, la última gran demostración de odio y delitos de odio por parte del uribismo en contra de la población afrodescendiente en el país, sin equivoco alguno, la encarna la vicepresidenta Francia Márquez Mina. Escuchar a una militante del Centro Democrático cargar de manera violenta y racista contra la hoy vicepresidente del modo en que lo hizo, es un asunto que debe movilizar al país en contra del racismo, la discriminación racial y todas sus formas conexas.
Ya llegó la hora de enfrentar con firmeza y decisión a quienes denigran y profieren insultos racistas de modo impune. Zoologizar a Francia Márquez como lo hizo esa militante del Centro Democrático en la marcha del día 26 de septiembre en Bogotá ofende la dignidad humana y dice mucho del carácter antidemocrático y del déficit de convivencia que promueve este partido.
Eso que dijo esa militante del Centro Democrático acerca de que «Francia Márquez Mina es un simio y que qué educación puede tener un negro, además de que roban, atracan y matan», constituye un evidente proceso de deshumanización y, por tanto, de animalización del otro/a, todo lo cual da pie para que alguien se considere legitimado en lo sucesivo para establecer formas abiertas o no de violencia física o simbólica contra esa persona animalizada.
Para los que históricamente han negado la existencia de racismo en Colombia, que acreditado en este último tiempo que tenemos una notable exhibición del mismo. Este se agencia de modo penetrante desde el Centro Democrático y lo peor es que sus principales dirigentes poco lo cuestionan, como tampoco salen a rechazar las invocaciones que se hacen de un perpetrador en masa como Carlos Castaño. Así, invocación a genocidas y racismo es lo que nos deja la marcha que promovió el partido creado por el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Mi solidaridad con la vicepresidenta Francia Márquez Mina y un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación para que investigue, persiga y castigue todas estas expresiones de odio racial que malogran la sana convivencia. Construir a Colombia como un país pluriétnico e intercultural es un imperativo ético, moral y político. Superar siglos de racismo y discriminación estructural reclama una pronta y decidida actuación de todos los poderes públicos y sociales. Es necesario aplicar el artículo 134 de la ley 1482 de 2011. Esta norma castiga hasta con 12 años de prisión y sus respectivas multas a quien hostigue o cause daño físico o moral a una persona por ataques racistas. A los/as racistas les decimos: no pasarán.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.