Hay una campaña contra la educación pública que comprende recortes, una contrarreforma legal, una serie de medidas complementarias y la nueva reforma universitaria. Las razones de fondo obedecen a motivos ideológicos y a la búsqueda de nuevos nichos de negocio. Sobre casi todo ello ya hemos hablado, pero los problemas siguen ahí y ante la […]
Hay una campaña contra la educación pública que comprende recortes, una contrarreforma legal, una serie de medidas complementarias y la nueva reforma universitaria. Las razones de fondo obedecen a motivos ideológicos y a la búsqueda de nuevos nichos de negocio. Sobre casi todo ello ya hemos hablado, pero los problemas siguen ahí y ante la continuidad de las agresiones se han convocado movilizaciones para los primeros días de mayo.
1. La lógica de la que parte el Gobierno es que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, que para un mercado de trabajo precario no hay por qué invertir demasiado, que basta con formar a una élite en la «excelencia». De ahí que el objetivo del gobierno del PP es reducir la inversión educativa del 4.6% al 3,7% del PIB, muy lejos del deseable 7% que dedican los países de nuestro entorno con mejores resultados. Ello producirá el consiguiente impacto en la calidad del sistema educativo (despido de profesorado, aumento de la ratio, recorte de la atención a la diversidad, de becas y de comedores, endurecimiento de las condiciones de trabajo, etc.); impacto solo aminorado por el esfuerzo del profesorado y las familias comprometidas con la escuela pública.
2. El anteproyecto de ley de educación (LOMCE) es clasista, privatizador, confesional, antidemocrático y desahucia a una parte importante del alumnado al segregarlo de forma temprana hacía vías muertas. Lo más reciente ha sido el varapalo que ha recibido del Consejo de Estado. Esta institución es un cementerio de elefantes de la clase política y no el soviet de Petrogrado. Que una institución tan conservadora haya dictaminado contra la LOMCE indica que solo el ministro Wert está a la derecha del sentido común.
El Consejo dice que no entiende que la ley no vaya acompañada de una memoria económica que asegure su financiación; critica la pérdida de participación de la comunidad educativa; pide que Educación para la Ciudadanía sea obligatoria, como en otros países europeos; que no se debe discriminar al alumnado que curse religión, sin que puedan asistir a las clases alternativas que imparten valores éticos y sociales; no ve las subvenciones a centros que segreguen por sexo sin justificación y pide medidas académicas a favor de la igualdad; las comunidades bilingües son las que deben garantizar una proporción razonable de su lengua y el castellano; los exámenes externos, en su caso, tienen que realizarlos funcionarios públicos y no empresas privadas o profesores contratados.
Por último, reclama un gran pacto social que dé estabilidad al sistema educativo. Este punto es el más importante, porque un anteproyecto que no tiene ningún tipo de consenso de la comunidad educativa y sólo es defendido por el ministro de Educación más desprestigiado de la democracia, nace inevitablemente muerto
3. En tercer lugar están las normativas complementarias a la LOMCE, que se viene aplicando en algunas CCAA como Madrid y ahondan en la privatización de la educación y minan la igualdad de oportunidades. Apelando a la «libertad de enseñanza», a la «transparencia informativa de los centros» o a la «calidad educativa, permiten la libre oferta y demanda de las plazas escolares como si fueran establecimientos comerciales. Veamos en el caso de Madrid, por lo que tiene de avanzadilla, algunas de estas medidas:
a) La nueva normativa sobre jornada continuada en los colegios de primaria. Surge con la intención de enfrentar a la comunidad educativa entre sí, de generar diferentes situaciones para beneficiar a la red concertada, de perjudicar a las familias con menos recursos y de suprimir los comedores escolares.
b) El decreto de libertad de elección de centro. Se crea una zona única de escolarización por municipio, se desregula la organización que facilitaba la proximidad al centro y la socialización con el entorno más cercano, y se facilitará el trasvase, la masificación de unos centros públicos y la desaparición de otros, aumentando los conciertos privados.
c) La publicación en forma de ranking de las pruebas de conocimientos y destrezas indispensables. Que no tienen en cuenta el contexto de los centros, la composición del alumnado y los recursos disponibles; solo sirven para elaborar un ranking que daña la imagen de los centros, profundiza en la competitividad entre centros y pervierte el fin de la educación, ya que provoca, en la práctica, que se oriente hacia la prueba. En vísperas del inicio de la campaña de matriculación la CAM ha publicado el ranking de centros [vídeo al final del artículo].
d) Los nuevos sistemas de acceso y de regulación de las listas de interinos, porque plantea la oposición como si fuera el Trivial, viene a reducir a la mínima expresión el valor de la experiencia o suprime los méritos por formación; ello conduciría a miles de despidos y a abrir la posibilidad de contratar a nativos sin ninguna oposición.
4. La Universidad Pública también está llamada a la movilización por la difícil situación que tiene derivada del Plan Bolonia y la Estrategia Universidad 2015. Acosada por el recorte en su financiación y las deudas con las Comunidades autónomas, por la tremenda subida de tasas y recorte de becas y en investigación y por el despido de profesores y personal. Otra amenaza es la nueva reforma universitaria que supone la entrada de las empresas en la universidad para supeditarla al mercado, lo que se ha dado en llamar el «capitalismo académico». Ello haría perder las funciones que debe de tener una universidad pública: el carácter universal, humanístico, autónomo y crítico.
Ante este panorama de agresiones y la posible aprobación por el consejo de ministros del anteproyecto de la LOMCE, se está levantando una ola de rechazo. Se han empezado a convocar movilizaciones como los encierros y noches en verde del día 25 y del último fin de semana de abril. Las movilizaciones de profesorado interino en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Y todo el malestar que provoca la ley Wert se manifestará en la huelga general de la Enseñanza Pública del 9 de mayo y afectará a toda España y a todos los niveles educativos. Está convocada por todo el mundo: sindicatos, estudiantes y AMPAS.
Lo único razonable, a estas alturas, es la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de una negociación seria entre todos los sectores afectados. Lo contrario, hacer caso omiso de la crítica de todos los sectores y del propio Consejo de Estado, y aprobar el 10 de mayo la ley en el Consejo de Ministros, es ir descaradamente a por la educación pública. Y eso tendrá respuesta y consecuencias. El Gobierno debería aprender que las mareas suben y bajan, que cuando se retiran no retroceden: es su manera natural de recordarle que volverán. La marea verde seguirá haciendo arena de la roca.
Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.
Fuente: