La oposición a la dictadura planteó claramente un total cuestionamiento, no solo de las atroces violaciones de de- chos humanos cometidas por la dictadura, sino también del conjunto de su obra política, económico-social y cul- tural. De este modo, postuló la creación de una Constitución democrática, a través de una Asamblea Constituyen- te; y la […]
La oposición a la dictadura planteó claramente un total cuestionamiento, no solo de las atroces violaciones de de- chos humanos cometidas por la dictadura, sino también del conjunto de su obra política, económico-social y cul- tural. De este modo, postuló la creación de una Constitución democrática, a través de una Asamblea Constituyen- te; y la sustitución del conjunto de las estructuras y políticas económicas y sociales que le impuso a la sociedad chilena: Plan Laboral; AFP; Isapres; Decreto Ley 600 que permitiría desnacionalizar crecientemente la gran mine- ría del cobre; gigantesca concentración del poder económico y de la distribución del ingreso; minimización del po- der de los sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas y colegios de profesionales y técnicos; inserción solitaria y conformista de Chile al mercado mundial y renuncia a buscar la integración latinoamericana; etc., etc.
Todo esto lo abandonó subrepticiamente el liderazgo de la Concertación a fines de la década de los 80, como lo reconocería crudamente en 1997 Edgardo Boeninger en su libro: Democracia en Chile. Lecciones para la Gober- nabilidad (Edit. Andrés Bello). Y es lo que comenzó a aplicar desde 1990 en adelante. Y para esto, dicho liderazgo utilizó arteramente -en línea con lo que dijo Boeninger de que el liderazgo de la Concertación «políticamente no estaba en condiciones de reconocer» su «convergencia con la derecha» (p. 369)- dos mecanismos insólitos a nivel de la historia de la humanidad (no sólo chilena). Una fue el regalo de la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba a Aylwin y la Concertación ¡de haber permanecido igual la Constitución del 80! Y el otro, las políticas de «autodestrucción» de todos los medios de comunicación escritos afines a la Concertación durante los 90.
En efecto, como Pinochet pensaba ganar el plebiscito de 1988 y gobernaría luego con un congreso en que iba a ser prácticamente imposible -dado los antecedentes históricos- que los partidos de derecha ganaran la mayoría parla- mentaria; se diseñó la Constitución del 80 de modo tal que el futuro presidente lograse la aprobación de la legisla- ción ordinaria con la mayoría parlamentaria en una cámara y sólo un tercio en la otra. Evidentemente, con los sena- dores designados, Pinochet transformaría su minoría senatorial en mayoría; y obtendría con seguridad -gracias al sis- tema binominal- más de un tercio de los diputados.
Pero la imprevista derrota plebiscitaria de Pinochet el 88; generó el prospecto contrario. La Concertación -además de elegir con toda probabilidad al futuro presidente- tendría también con seguridad la mayoría parlamentaria. Esto por- que obtendría lógicamente -a diferencia de un Pinochet gobernando- la mayoría en la Cámara de Diputados; y ¡alcan- zaría de todos modos a obtener un tercio del Senado! El Senado original se componía por dos senadores por región (26) más los 9 designados. Y como la Concertación obtendría evidentemente al menos uno en todas las regiones (13) supe- raría el tercio de 35, esto es, 12.
Sin embargo, el liderazgo concertacionista concordó con Pinochet a mediados de 1989 un acuerdo de Reforma de la Constitución del 80 (sin que hasta el día de hoy haya existido transparencia sobre aquel) en que junto con algunos cam- bios liberalizadores ¡se aprobó una reforma que subió los quórums de aprobación de la legislación ordinaria a la mayo- ría absoluta en ambas cámaras! Y como se mantuvieron los senadores designados, aquello significó en la práctica entre- gar por adelantado la inminente mayoría parlamentaria que le esperaba a la Concertación. Era virtualmente imposible que la Concertación doblara en cinco circunscripciones senatoriales a la derecha, que era lo necesario para compensar a los nueve senadores designados y obtener así mayoría en el Senado.
Tal acuerdo no fue obviamente producto de la estupidez de los líderes concertacionistas, ni tampoco del temor. Es ob- vio que Pinochet, si no había tenido la fuerza política para dar un nuevo golpe en octubre del 88, luego de su derrota plebiscitaria, menos la tendría a mediados de 1989 ¡arguyendo que la Concertación se negaba a concordar una reforma a la propia Constitución impuesta en 1980! La explicación -muy lógica- es que el liderazgo de la Concertación no quiso tener la mayoría parlamentaria para no quedar desnudo ante sus bases en cuanto a su falta de voluntad política para sustituir el modelo ecónomico-social neoliberal que había impuesto la dictadura. Ahora podía echarle la culpa de todo a que no tenía mayoría parlamentaria para hacer los cambios prometidos. Lo que iba a ser cierto, pero ocultando el he- cho crucial de que ello era así porque lo había querido el propio liderazgo concertacionista…
Y todo aquello fue complementado por una política consistente, destinada a destruir los propios medios de comunica- ción escritos afines a la Concertación. Como los directores y periodistas de estos medios no habían experimentado la «convergencia» con el pensamiento económico de la derecha que habían tenido los líderes concertacionistas; a la lar- ga se darían cuenta del giro copernicano de éstos y se habrían convertido en los reales opositores de los gobiernos concertacionistas neoliberales. Para evitar esto fue muy lógico (aunque, por supuesto, había que hacerlo subrepticia- mente) que dicho liderazgo adoptara las políticas necesarias para destruir esos medios. Ello explica porqué continuó con la discriminación que les hizo Pinochet de la publicidad estatal (y con los acuerdos de la dictadura que la concen- traban en el duopolio Mercurio-Copesa); porqué se bloquearon sustanciales fondos que el gobierno holandés había acordado entregarles en 1990 a Hoy, Análisis y Apsi (de acuerdo a denuncias efectuadas insistentemente -y nunca desmentidas- del Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas); y porqué se compraron algunos de estos me- dios por personeros concertacionistas para luego cerrarlos, como fue el caso, finalmente, de la propia revista Análisis. Y también explica porqué dicha política continuó posteriormente, afectando -entre otros en los 2000 a la revista Roci- nante, de acuerdo a lo denunciado por su fundadora y directora Faride Zerán (ver Rocinante; N° 84, Octubre de 2005); e impidiendo por todos los medios la reactivación del diario centro-izquierdista Clarín, como lo denunció especialmen- te la Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo (ver Rocinante; N° 47, Septiembre de 2002). Así, se puede con- cluir que -como dijera Juan Pablo Cárdenas- «hubo una política de los gobiernos de la Concertación de exterminio a los medios de comunicación contrarios a la dictadura» (Boletín Libertad de Expresión, Instituto de la Comunicación e Ima- gen de la Universidad de Chile; N°9, Marzo de 2008).
Además, los gobiernos de la Concertación «terminaron» con los dos canales de televisión cuyo control pudo haber ayu- dado a contribuir a una efectiva democratización del país: Chilevisión, que fue privatizado por la Universidad de Chile a grandes grupos económicos; y Televisión Nacional, que fue neutralizado por una ley que le dio virtual poder de veto a la derecha opositora en su directorio. De este modo, en TVN -¡y hasta el día de hoy!- se impidió que se debatiera plu- ralmente respecto de las herencias de la dictadura. Incluso, se llegó al extremo de que decenas de documentales sobre derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas, muchos de ellos financiados por los propios gobiernos a tra- vés de la CORFO, ¡fuesen luego autocensurados por TVN! (Ver Boletín de Libertad de Expresión; ibid.; 2007-8).
Estas políticas de la Concertación se complementaron en el ámbito de los derechos humanos con la búsqueda de la la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Particularmente, por los reite- rados intentos de aprobar leyes de virtual confirmación del decreto-ley de autoamnistía de 1978; o que significaran una gran disminución de penas para los agentes violadores de tales derechos; todas los cuales fracasaron gracias a las fuertes reacciones en su contra manifestadas especialmente por las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos. Fueron los casos del «Acuerdo-Marco» de 1990; del proyecto de «ley Aylwin» de 1993; del proyecto de «ley Frei» de 1995; del «Acuerdo Figueroa-Otero», del mismo año; de un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1998; del proyecto de «ley de inmunidad» de Lagos de 2003; de otro proyecto de senadores Concertacionistas y aliancistas de 2005; y de su intento de reflotamiento por Bachelet en 2007.
Además, estos intentos se vieron agravados por insólitas declaraciones de altos dirigentes de la Concertación, no solo en favor de la impunidad, sino también en contra de la búsqueda de la verdad. En particular, del entonces presidente del Se- nado, Gabriel Valdés, quien, en agosto de 1990, respecto de la búsqueda del paradero de las personas detenidas-desapa- recidas, y ¡cuando aún ni siquiera terminaban los trabajos de la Comisión Rettig!, declaró: «Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades» (Paula; Agosto, 1990). Y del entonces pre- sidente del PDC, Alejandro Foxley, quien para «apurar» los proyectos de ley y los acuerdos en favor de la impunidad plan- teados por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle en 1995, señaló que «no sacamos nada con estar contando muertos indefinida- mente» (Las Ultimas Noticias; 3-11-1995).
Y estos intentos culminaron con la vergonzosa defensa de Pinochet que hizo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle frente al mun- do, para liberarlo de su detención en Londres. Y la posterior presión del gobierno de Lagos a los tribunales de justicia para lograr su impunidad por razones de «salud mental», lo que finalmente obtuvo. En dicha defensa -¡y virtual apología!- re- saltó nuevamente el entonces senador Foxley, quien en una entrevista expresó que «Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar -que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la econo- mía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. A- demás, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama per- sonal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida» (Cosas; 5-5-2000).
Asimismo, en el mundo PPD-PS también se expresó -en un tono ciertamente menos impúdico- la defensa de Pinochet y de su obra. Así, el connotado dirigente Eugenio Tironi publicó un libro en 1999 -mientras el liderazgo de la Concertación bus- caba afanosamente la liberación de Pinochet de Londres- donde sostuvo que «la sociedad de individuos, donde las perso- nas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile apren- dió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo» (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, 1999; pp. 36, 60 y 162).
A su vez, los avances que en materia de justicia se produjeron luego de la detención de Pinochet en Londres se debie- ron a una búsqueda de reivindicación histórica del Poder Judicial, dada su vergonzosa actitud durante la dictadura. En ningún caso, se debieron a un cambio positivo de actitud de los gobiernos concertacionistas en la materia; los que, entre otras cosas, continuaron con su renuencia a impulsar la derogación del decreto ley de autoamnistía de 1978, a que tan claramente se había comprometido la Concertación en sus compromisos programáticos de 1989 y 1993.
Por otro lado, la derecha nacional e internacional ha efectuado, a su vez, un reconocimiento apologético de la obra de la Concertación. De este modo, el cientista político y ex embajador de Piñera, Oscar Godoy, ha declarado, al ser consul- tado en 2006 si observaba un desconcierto en la derecha «por la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico», que: «Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le pro- duce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antago- nistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económi- ca liberal, a mí me satisface mucho» (La Nación; 16-4-2006).
A su vez, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló a fines de 2005 que a Ricardo Lagos «mis empresarios lo aman, tanto en APEC (el Foro de Cooperación Económica de Asia Pací- fico) como acá (en Chile)… porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y por- que además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo» (La Segunda; 14-10- 2005). También, el connotado economista y empresario, César Barros, señaló que Lagos con su obra presidencial, con- venció a los empresarios «de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos» (La Tercera; 11-3- 2006). Por su parte, el destacado dirigente UDI, Herman Chadwick, señaló que el gobierno de Lagos «fue muy bueno y que el expresidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar» (El Mercurio; 21-3-2006).
Igualmente, el destacado empresario pinochetista, Ricardo Claro, declaró que «Lagos es el único político en Chile con vi- sión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC» (El Mercurio; 12-10-2008). In- cluso, el ultraderechista Hermógenes Pérez de Arce planteó, luego del fin del gobierno de Lagos, que «la derecha… ha visto como el modelo de desarrollo económico-social que ponen en práctica los sucesivos gobiernos concertacionistas se parece mucho más al que ella siempre prohijó que a los proyectos propios y originales de la izquierda (socialismo mar- xista-leninista) y de la DC (socialismo comunitario)» (El Mercurio; 19-3-2006).
Pero quizá el más notable reconocimiento se lo hizo uno de los principales artífices de la escuela de Economía de la Uni- versidad de Chicago, Arnold Harberger, quien en 2007, declaró «que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abra- zado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo» (El País, España; 14-3-2007).
Por último, los gobiernos de la Concertación no quisieron hacer uso de las mayorías parlamentarias que finalmente ob- tuvieron a partir de los años 2000. Así, el gobierno de Lagos obtuvo finalmente dicha mayoría entre agosto de 2000 y marzo de 2002, debido a los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz. Sin embargo, no hizo nada con ella para cumplir con los antiguos compromisos de transformación del modelo efectuados histórica- mente por la Concertación. Luego, el primer gobierno de Bachelet, pese a obtener mayoría parlamentaria desde el primer momento -gracias a la desaparición de los senadores designados, obtenida a cambio de las reformas constitu- cionales de 2005 que ¡convirtieron la Constitución del 80 en una obra concertacionista al ser suscrita por Lagos y to- dos sus ministros!- tampoco hizo nada por impulsar los cambios prometidos históricamente. Es más, ¡consolidó las AFP, al consensuar con la derecha pequeños cambios en su sistema y legitimarlas como propias!
Y posteriormente, pese a que la Nueva Mayoría tuvo que readecuar su discurso, en correspondencia con la dinámi- ca generada por el movimiento estudiantil de 2011; el segundo gobierno de Bachelet mantuvo esencialmente las mis- mas estructuras sociales y el mismo modelo económico que nos legó Pinochet y «que cambió el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal»… Incluso, y pese al clamor mayoritario por terminar con el aberrante sistema de las AFP (y que constituye el eje fundamental de financiamiento de los grandes grupos económicos chilenos), el candida- to presidencial de los principales partidos de la Nueva Mayoría (y del PC) en la última elección presidencial, Alejandro Guillier, ¡ni siquiera se atrevió a plantear por demagogia aquella demanda profundamente sentida por las grandes ma- yorías nacionales!…
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