Que un presidente del Gobierno genera su alrededor una ingente cantidad de documentación parece obvio. Qué ocurre con esos documentos cuando deja de ejercer sus funciones no lo es tanto. España carece de una Ley de Archivos y las interpretaciones sobre la legislación existente dan lugar a situaciones cuanto menos llamativas. Es el caso de […]
Que un presidente del Gobierno genera su alrededor una ingente cantidad de documentación parece obvio. Qué ocurre con esos documentos cuando deja de ejercer sus funciones no lo es tanto. España carece de una Ley de Archivos y las interpretaciones sobre la legislación existente dan lugar a situaciones cuanto menos llamativas. Es el caso de los documentos institucionales de los expresidentes o ministros. Muchos de ellos permanecen en posesión de manos privadas. Un asunto que genera fuertes críticas entre los profesionales archiveros.
El pasado 10 de Julio, la Fundación Felipe González, anunciaba que ponía a «disposición de la ciudadanía», toda la correspondencia del expresidente entre 1974 y 1996. Efectivamente, en su web se pueden encontrar los originales, escaneados, de cartas de la ciudadanía recibidas por González y su correspondencia con otros líderes políticos. Entre estos últimos destacan comunicaciones con Margaret Thatcher, Fidel Castro, Francois Miterrand o Mijail Gorbachov.
Desde la Fundación, y en noticias aparecidas en varios medios de comunicación, se hizo hincapié en el carácter personal de la correspondencia. Sin embargo, tal y como denuncia la sección estatal de CCOO en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entrando en la página, entre la documentación se encuentra un fondo o serie denominado Presidencia, dentro de la que se encuentra la serie Correspondencia Institucional. «Accediendo a la documentación se comprueba que la correspondencia recibida lo es por el Presidente del Gobierno de España y que viene remitida por otros presidentes de republica o de gobierno de otros países, así como diversos altos cargos en el ejercicio de sus funciones», señalan desde CCOO.
Desde CCOO ponen entonces encima de la mesa la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985. En su artículo 54 se lee lo siguiente:
1. Quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda.
2. La retención indebida de los documentos a que se refiere el apartado anterior por personas o instituciones privadas dará lugar a que la Administración que los hubiera conservado, generado o reunido ordene el traslado de tales bienes a un Archivo público, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido.
Ese artículo 49.2 al que se refiere el primer punto señala que «forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios».
«Si lees eso, el debate jurídico no existe y la interpretación es muy clara en el caso de Felipe González y otros. Se trata de documentos públicos que se han producido en el ejercicio de sus funciones y por tanto esa documentación debería estar en un archivo público, en el Ministerio de Presidencia o en el Archivo General de la Administración (AGA)», explica a cuartopoder.es Sergio Gálvez, archivero del cuerpo de funcionarios del Estado e historiador.
«Lo que a mí me sorprende mucho es que la Administración no haga nada al respecto», señala. ¿Las razones? Gálvez lo tiene claro: «Nadie se atreve a tocar a Felipe González». Y ejemplifica: «Yo publiqué un artículo en El Confidencial sobre la huelga del 14D. A mi editor le llamó la Fundación Felipe González muy enfadada». Para Gálvez, esto es «otra tara más del modelo español de impunidad» y «es responsabilidad de la administración actuar al menos de oficio». Además, denuncia que «es preocupante que no sepamos el cómputo global de la documentación» en posesión de dicha Fundación.
También apunta a que mucha de la información está censurada y tapada con un color verde. Así lo ha comprobado también este medio. «Curiosamente se censura aquella documentación en fechas críticas de toma de decisiones: caso de relaciones con los sindicatos o de la huelga del 14-D de 1988. De hecho, según su opinión como historiador, «lo que se deja ver si bien es documentación inédita resulta poco relevante o ya era conocida por otras fuentes». «Es el colmo, documentación pública en manos indebidas y en donde además se censura lo que realmente podría ser intere
sante», afirma.
Según explican fuentes de CCOO a este medio, se produce una «patrimonialización de lo público que se tiene que ir quitando de la cultura de todos». «Aquí se destruye papel, se borran discos duros, parece que es una tradición», afirman dichas fuentes. El objetivo de la denuncia del sindicato es «conseguir la mayor transparencia». «La Fundación Felipe González ha visto una oportunidad de conseguir visibilidad. No sabemos cómo han llegado los documentos a sus manos, no hay constancia de ninguna transferencia«, afirman.
Este medio ha intentado ponerse en contacto con la Fundación Felipe González por varias vías para conocer su versión y no ha sido posible.
Preguntas de Unidas Podemos
Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos, en la legislatura pasada, se inquietaron por este asunto al conocerse el archivo de la Fundación Felipe González. La diputada de IU Eva García Sempere quiso preguntar al Gobierno en julio de 2018 de forma concreta. Pero la Mesa del Congreso, con votos de PSOE y PP, se lo impidió. La diputada quería preguntar si el Gobierno consideraba que «es correcto que la documentación generada por un expresidente del gobierno en el ejercicio de su función sea gestionada y custodiada por una entidad privada» y si tenía «constancia de la existencia de documentación clasificada en la Fundación Felipe González y de que, en su caso, está custodiada adecuadamente».
García Sempere tuvo que reformular la pregunta: «¿Cuál es el criterio del Gobierno para la gestión y custodia de la documentación generada por un expresidente en el ejercicio de su función?», expresó. La respuesta fue la siguiente: «En nuestro país no existe una normativa específica que regule los fondos documentales de los expresidentes del Gobierno, entendiendo por estos los documentos de carácter personal relativos a su figura como Presidente o al ejercicio de su Presidencia, como pudieran ser discursos, fotografías, archivos audiovisuales, diarios, correspondencia personal, etc».
Una respuesta que se contradice con lo expresado anteriormente por la Ley de Patrimonio Histórico. Para García Sempere, que se hizo eco de las denuncias de los archiveros del sector público, «supone una barbaridad» que nunca los expresidentes hayan dejado su información bajo custodia pública. «Esa información no puede ser privada por mucho que la Fundación diga que lo va a poner de forma pública», afirma a este medio.
La diputada de UP, que volvió a ser elegida el 28 de abril, reclama que se redacte una Ley General de Archivos, inexistente en España. «Eso es lo que produce las lagunas y vacíos legales. Hay cosas que se quedan en tierra de nadie y de ahí la respuesta del Gobierno», añade. Según su experiencia, el resto de los partidos políticos no tiene interés ninguno en abrir este melón.
Otros casos
El caso de Felipe González es el más llamativo. Pero no el único. Según ha comprobado el sindicato, la Universidad de Navarra tiene documentos de altos cargos o ministros. También la Fundación Negrín. «Todo esto debería estar en archivos públicos», señalan.
En el completo libro El acceso a los archivos en España, editado recientemente por la Fundación Largo Caballero y la Fundación Primero de Mayo, Luis Castro escribe un capítulo específico sobre este asunto. «Es práctica demasiado común de algunas autoridades y altos cargos políticos, tanto del periodo franquista como de la Transición, que al dejar el puesto oficial se lleven a su casa esos documentos «generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función», los cuales pasan a formar unos denominados «archivos personales» de los que se dispone con total autonomía. Es muy difícil o imposible hacerse una idea general de este problema, dada la magnitud y complejidad del aparato del Estado y la de los reinos archivísticos a los que da lugar».
Como anécdota, Castro cita a Javier Tusell, director general de Patrimonio en el último gobierno de Adolfo Suárez: «España es un país con muchos archivos privados a los que no hay acceso, porque, habitualmente, los dirigentes políticos -incluso ahora- guardan en su domicilio y no en los archivos administrativos gran parte de la documentación que se genera durante su gestión».
Ya en 2017 se confirmó que la Fundación Francisco Franco poseía documentación secreta que no está debidamente custodiada. Así lo reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado y coordinador federal de IU Alberto Garzón. En dicha contestación, el Gobierno señalaba que, como consecuencia de las subvenciones concedidas a esa entidad para la organización de su archivo, «tuvo entrada en el Centro Documental de la Memoria Histórica copia de la documentación referida por su señoría». «No hay Gobierno capaz de hacer que esto vuelva a su sitio», apuntan desde CCOO.
Más allá de la imponente cantidad de documentos del franquismo indebidamente custodiadas, el libro citado anteriormente refleja otros casos. En primer lugar, el de la Fundación Transición Española. En su poder están ya los archivos personales de los ex-ministros Enrique Fuentes Quintana, Alfonso Osorio, José Antonio García Díez y José Pedro Pérez-Llorca, así como los de los políticos Fernando Múgica, Fernando Eguidazu -director general de Ordenación Económica durante la Transición- y Gabriel Cisneros.
La Fundación Universitaria Española, por su parte, dispone de los archivos de la II República en el exilio, de Pedro Sainz Rodríguez (primer Ministro de Educación de Franco), de Félix Gordón Ordás (ministro, embajador y Presidente de la República en el exilio) y de Antonio Mª Sbert (consejero de ERC). En todo caso, recuerda el autor que «la falta de reconocimiento o recuerdo institucional de la II República por parte de los gobiernos y de los agentes políticos de la Transición hacían impensable que el archivo republicano se hubiera transferido entonces a algún centro público». Lo mismo se puede decir del archivo de la Fundación Negrín ya aludido.
Por otra parte, según Castro, la Asociación de Historia Contemporánea denunció que los documentos de Arias Navarro, Carrero Blanco y Serrano Suñer se hallan en manos de sus respectivas familias. «Sin esforzar demasiado la imaginación, cabe suponer que los archivos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y otros jefes de gobierno y altos cargos de la Administración se hallen en parecida situación«, apunta. Como ejemplo, «se pudo ver en los medios de prensa cómo Adolfo Suárez (hijo) utilizó documentación de su padre para rebatir algunas informaciones de la periodista Pilar Urbano aparecidas en una polémica publicación suya», concluye.
Ley de secretos oficiales
Durante los últimos años se han desarrollado varias iniciativas parlamentarias destinadas a intentar derogar algunas leyes restrictivas con el acceso a la documentación pública. Especialmente de la época franquista. La Ley de Secretos Oficiales es el caso más sangrante. Esta ley Esta ley fue aprobada en 1968 y aclara que «podrán ser declaradas ‘materias clasificadas’ los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». El Gobierno de Mariano Rajoy la utilizó para no responder sobre el despliegue policial en Catalunya durante octubre de 2017.
Varios episodios, según los investigadores, podrían conocerse con más profundidad si no estuviera en vigor esa ley: archivos militares de la Guerra Civil y el franquismo, la descolonización del Sahara, el accidente de Palomares o los más cercanos a nuestros días: entrada en la OTAN, Guerra de las Malvinas y 23-F. Sobre este último caso, el PSOE incluyó una enmienda que retrasaba la desclasificación de los documentos. Un hecho que fue criticado por Unidos Podemos.
Aparte de UP, también el PNV ha batallado parlamentariamente para la reforma de esta ley. Pero el cambio no llega. En septiembre del pasado año, el Ministerio de Defensa autorizó al acceso a parte de la documentación alojada en el Archivo Militar de Ávila anterior a 1968. IU sacó entonces a la palestra el asunto para preguntar al Gobierno si tenía en mente investigar «los expurgos y la destrucción» de documentos durante el periodo de la dictadura franquista y la transición para conocer «las fechas, razones y responsables».
Según afirma Gálvez, todo este tema relacionado con la desclasificación de documentación «no interesa» al Gobierno. «Con las demandas de víctimas del franquismo se tocaría el modelo de impunidad. Pero tienen derecho a verdad, justicia y reparación según la ONU. No tendrán nada de eso sino se les deja acceder a los archivos», afirma. El historiador critica el «entramado de normativas a la hora de conseguir acceso a la documentación». Y señala que «se ha destruido mucho y no se sabe bien lo que se tiene». A pesar de que, denuncia, los archiveros no tienen demasiados recursos, «todo es una cuestión de voluntad política» para revertir estas situaciones.