La pobreza en Cataluña afecta a más de millón y medio de personas, de las cuales cerca de 350.000 sufren las terribles penalidades de la pobreza severa. El derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía para las personas y familias en situación de pobreza, que les asegure los mínimos de una vida digna, sigue sin […]
La pobreza en Cataluña afecta a más de millón y medio de personas, de las cuales cerca de 350.000 sufren las terribles penalidades de la pobreza severa.
El derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía para las personas y familias en situación de pobreza, que les asegure los mínimos de una vida digna, sigue sin aplicarse a la mayoría de personas vulnerables y se deniega de manera injusta a la gran mayoría de personas solicitantes.
De las 133.746 nuevas solicitudes acumuladas desde 15 de septiembre de 2017 hasta finales de 2018, solo se han aprobado entre prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía y complementos de pensiones no contributivas y prestaciones sociales hasta enero de 2019, la cantidad de 10.468. Estas cifras son un escándalo que muestra el grave incumplimiento de la ley de la RGC, así como la falta de humanidad y de sensibilidad social por parte de usted y de los responsables de dicha gestión en el Departamento de trabajo, asuntos sociales, y en especial, de la Dirección General, el Tercer Sector, las cooperativas y la Autoempresa.
Para tapar esta pésima gestión y mala voluntad política, manipulan los datos de la implementación de la ley cuando suman prestaciones diferentes como son la RGC y los complementos de pensiones y prestaciones sociales, o sencillamente se niegan a dar la información solicitada a través de la ley de transparencia de la información pública, como por ejemplo la cantidad de solicitudes de RGC de personas sin hogar, el número de resoluciones aprobadas y denegadas para este colectivo, o esconden las instrucciones emitidas por la Dirección General de Economía social al personal que valora las solicitudes y elabora las resoluciones de aprobación (poquísimas) y de rechazo (la gran mayoría).
Afortunadamente, la Comisión de Garantía del derecho de acceso a la información pública ha resuelto recientemente a favor de la reclamación presentada por la Comisión Promotora de la RGC y les ha dado un plazo de veinte días para que aporten toda la información solicitada.
Sin embargo, a solicitudes de información presentadas el pasado 15 de enero y 6 de febrero, han elevado su grado de opacidad enviando resoluciones desestimatorias….
¿Qué esconden? ¿A que tienen miedo? ¿A que decenas de miles de familias y personas vulnerables descubran que les están hurtando su derecho? ¿A que la ciudadanía de Cataluña tome nota de su gestión bananera en un derecho que es de todos y todas, y en consecuencia exija responsabilidades?
El lema de «Rescatemos las personas» nos acompaño en la larga movilización de cerca de seis años hasta conseguir que la ley de la RGC fuera aprobada por unanimidad el 12 de julio 2017 en el Parlamento de Cataluña.
No vamos a desistir hasta que se cumpla plenamente el derecho a la RGC y nadie en Cataluña, especialmente la infancia y las mujeres, sigan sufriendo la pobreza.
Le requerimos a que cambie radicalmente de actitud, respete el derecho a la RGC y devuelva la esperanza a la ciudadanía vulnerable, cumpla el mandato del Parlamento para revisar todas las solicitudes rechazadas, cumpla al 100% con la ley de transparencia, cese a los responsables del Departamento de Trabajo y de la Dirección de economía social que incumplen la ley RGC, y si no se siente capaz de todo ello ¡dimita!