En septiembre de 1974, hace hoy algo más de cuatro décadas, el cura Antonio Llidó le escribió la última carta a su familia, antes de ser detenido por la policía política de Pinochet (la DINA) en medio de la oleada represiva desatada contra el MIR: «Siguen cayendo compañeros todos los días, pero hasta ahora yo […]
En septiembre de 1974, hace hoy algo más de cuatro décadas, el cura Antonio Llidó le escribió la última carta a su familia, antes de ser detenido por la policía política de Pinochet (la DINA) en medio de la oleada represiva desatada contra el MIR: «Siguen cayendo compañeros todos los días, pero hasta ahora yo me he podido librar. Ojalá la suerte me siga acompañando (…). No quiero ponerme dramático, pero alguna vez hay que decirlo. Si algo malo me ocurriera, quiero que tengan claro que mi compromiso con esto que hago ha sido libremente contraído, con la alegría de saber que esto es exactamente lo que me corresponde hacer en este momento».
El 1 de octubre, poco después de redactar estas líneas, el sacerdote y dirigente político del MIR «cae» detenido en una de las redadas en el centro de Santiago de Chile. Los agentes de la DINA le conducen a la calle José Domingo Cañas, donde se ubicaba uno de los centros clandestinos de detención y tortura. «Existen numerosos testimonios que revelan que no delató ante sus torturadores ni a la familia que le acogió en la clandestinidad, ni a ninguno de sus compañeros», recuerda el historiador y periodista Mario Amorós, autor de «Antonio Llidó. Un sacerdote revolucionario», en un acto celebrado en la Universitat de València.
La dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionaria había lanzado una consigna después de la asonada: «El MIR no se asila». La única excepción a la norma de no abandonar Chile concernía a los militantes extranjeros y a los casos potencialmente más vulnerables. El sacerdote valenciano decidió resistir en el país hasta el final de sus días, a pesar de que, como recuerda Amorós, «conocía ya en abril-mayo de 1974 -en tanto que dirigente del la organización en la región de Valparaíso- que Pinochet había creado una policía secreta específica para la represión; y sabía también que se estaba deteniendo a personas de las que constaba su militancia de izquierdas».
El golpe de estado le sorprende a Llidó la mañana del 11 de septiembre en Quillota, un municipio rural a medio camino entre Santiago y Valparaíso. La reacción fue concentrarse con otros compañeros en la factoría Rayón Said, adscrita a uno de los oligopolios del textil chileno. Los trabajadores habían tomado la fábrica en febrero de 1971, y consiguieron que Allende la nacionalizara. La decisión, el día del levantamiento militar, fue permanecer en el puesto de trabajo, como ocurrió en tantos otros lugares del país, a la espera de acontecimientos. Ante la llegada de los militares, el sacerdote logra cobijarse en una de las zonas más pobres de Quillota, el cerro Mayaca, donde le acoge una familia en la clandestinidad. Los siguientes destinos serán Valparaíso y la capital, Santiago.
El MIR nació en 1965 a partir de la confluencia de varias corrientes. Por un lado, sectores veteranos de pequeños partidos trotskistas, grupos libertarios y anarquistas, pero también una nueva generación revolucionaria de la que formaban parte estudiantes de Santiago o de Concepción, y personajes destacados como Miguel Enríquez, Andrés Pascal Allende y otros. «Es un partido que a partir de la victoria de Allende conoce un crecimiento importante y llega en muy poco tiempo a ser un actor importante en el proceso revolucionario», recuerda Mario Amorós. En la zona de Quillota, donde participa Antonio Llidó, el MIR se estructura a finales de 1971. En Quillota había en la época tres regimientos militares, y uno de los trabajos que desarrolló el movimiento fue acercarse a los sectores inferiores de la milicia. En el «tanquetazo» (junio de 1973) Llidó resulta detenido junto a su compañero Jorge Donoso.
El compromiso político del sacerdote viene de muy atrás y ofrece pocas dudas. En las elecciones municipales de abril de 1971, antes de ingresar en el MIR, apoya en Quillota la candidatura de un zapatero socialista, Pablo Gac, que se convirtió en el primer alcalde de izquierdas en la historia de la ciudad. El zapatero socialista fue asesinado en enero de 1974 por la dictadura, en un terrible episodio represivo conocido como el montaje «asalto a la patrulla», donde también murieron amigos del sacerdote. Entre el 14 y el 16 de abril de 1971 Antonio Llidó participó en unas jornadas muy destacadas en Santiago de Chile con otros sacerdotes, que emitieron «La declaración de los 80». Éste fue el punto de partida del movimiento Cristianos por el Socialismo. Durante la campaña para las elecciones de 1970, que gana Allende, Llidó escribe por carta (actividad que nunca dejaría) a sus amigos y familiares: «Andábamos convenciendo a las viejas beatas de que votaran a Allende, porque de lo contrario se iban a condenar sin remedio».
«Durante sus cinco años en Chile, este cura valenciano desarrolló un extraordinario trabajo junto a campesinos, obreros, estudiantes y niños en la ciudad de Quillota», resume Mario Amorós. La misma labor que llevó a término ya en su primer destino, en los municipios alicantinos de Quatretondeta y Balones, después de ser ordenado sacerdote en 1963. Como muestra de la radicalidad de su pensamiento, en febrero de 1972 le escribe a un amigo: «Nunca en la historia los poderosos se dejaron arrebatar pacíficamente sus privilegios. Chile no va a ser la excepción».
Cuarenta años después, el magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, señala alguna de las diferencias entres las dictaduras de Franco y Pinochet. Mientras que la Asociación Nacional de Magistrados Poder Judicial de Chile pidió perdón a las familias, a las víctimas y a la sociedad chilena, «la judicatura española no lo ha hecho ni se espera que lo haga». En Chile se constituyó además una «comisión de la verdad» (en el estado español no ha ocurrido lo mismo) y se elaboraron estudios independientes que cuantificaron en más de 3.000 las personas asesinadas o desaparecidas, y en más de 30.000 los detenidos ilegalmente (la mayoría torturados).
Respecto a la figura de Antonio Llidó, la gran cuestión, en términos judiciales, es: ¿podría emitirse una condena en caso de descubrirse quiénes fueron los autores directos o indirectos del asesinato? «La cuestión está abierta en Chile, responde Joaquim Bosch, pero parece que la situación está cada vez más encarada a que pueda haber un proceso penal y condena de los responsables». El estado chileno aprobó (en plena dictadura) un decreto-ley de amnistía en 1978 (un año después que la ley de amnistía española). Inicialmente, «la judicatura de Chile convalidó aquel decreto-ley de de amnistía en la mayoría de sus resoluciones, pero progresivamente se ha dado una evolución a considerar que esta ley de amnistía es incompatible con las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos y con lo que posteriormente resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
Un ejemplo claro es el de Carmelo Soria, diplomático español asesinado por agentes de la DINA en julio de 1976. El caso fue archivado en diferentes ocasiones al considerarse vigente la ley de amnistía, pero posteriormente se ha reabierto. En el estado español hay también una causa abierta en la Audiencia Nacional por el asesinato de Carmelo Soria. Constituye otro hito jurídico la sentencia de septiembre de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano (asesinado por la dictadura en septiembre de 1973). En primera instancia se consideró que era de aplicación el decreto-ley de amnistía, por lo que la familia interpuso un recurso ante la Corte Interamericana. El alto tribunal consideró los hechos juzgados graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, que ningún país puede perdonar y además son imprescriptibles. En sentido contrario, sostiene Joaquim Bosch, camina el estado español a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (marzo de 2014), impulsada por el PP, que hace muy difícil la aplicación de la jurisdicción universal y, por tanto, el juicio de quienes asesinaron a Antonio Llidó, entre otros.
Joan Garcés, abogado de la acusación particular y popular en el «caso Pinochet», además de asesor político de Salvador Allende, destaca el «papel extraordinario» de la familia Llidó. «En la batalla por salvar su vida, primero, y después reivindicar justicia, movieron todas las piedras y apelaron a todas las autoridades dentro y fuera de España». En el verano de 1996 la Asociación Progresista de Fiscales, entonces presidida por Miguel Miravet, presentó la denuncia contra Pinochet en un juzgado de guardia de Valencia. De manera simultánea, la acusación popular, representada por Joan Garcés, presentó una querella que inmediatamente suscribió la hermana del sacerdote asesinado, Pepa Llidó. Con la implicación familiar desde primera hora, recuerda Garcés, se inició lo que con el tiempo se conocería como «caso Pinochet».
El de Llidó es uno de los casi 3.000 casos de asesinados y desaparecidos, y decenas de miles de torturados que la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar y sancionar en los supuestos de genocidio, terrorismo de lesa humanidad y torturas. Joan Garcés destaca que esta decisión se explica por el contexto de la época, los años 90, cuando la judicatura española (en particular la Audiencia Nacional y la sala segunda del Tribunal Supremo) sometió a control los crímenes de estado cometidos durante los gobiernos de Felipe González. En el ámbito internacional, el final de la «guerra fría» abre una «oportunidad» para la aplicación de normas y convenios que desde 1945 se desarrollan para perseguir estos crímenes (por ejemplo, los convenios contra el genocidio o la tortura). También el asesinato en Washington del embajador y ministro de la Unidad Popular, Orlando Letelier, en 1976, dentro de la operación Cóndor y el eco que el crimen tuvo en una parte de la sociedad estadounidense, favorecía la persecución de los crímenes de estas características. Pero a partir de 2001, debido a los atentados de las «torres gemelas», la reacción de Estados Unidos con el ataque a Afganistán, la irrupción de un nuevo escenario de guerra global y el consiguiente recorte de derechos y libertades dentro de cada país, ha enfriado de nuevo las expectativas.
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