La batalla por un cambio sustantivo del sistema educativo aun está lejos de llegar a puerto. Todas las fuerzas políticas que, de un modo u otro, expresan y defienden los intereses de las clases dominantes se las han ingeniado para enredar el problema y desorientar a la población, buscando con ello debilitar la lucha de […]
La batalla por un cambio sustantivo del sistema educativo aun está lejos de llegar a puerto. Todas las fuerzas políticas que, de un modo u otro, expresan y defienden los intereses de las clases dominantes se las han ingeniado para enredar el problema y desorientar a la población, buscando con ello debilitar la lucha de los estudiantes y sus familias por un sistema educativo al que todos, con independencia de la situación socioeconómica de sus familias, puedan acceder y que sea al mismo tiempo de real calidad.
Se ha llegado al absurdo de que quienes con mayor fuerza han propiciado y defendido el académicamente desastroso negocio de la educación actualmente vigente, socialmente segregador y económicamente oneroso para las familias pero muy lucrativo para los mal llamados «sostenedores», aparezcan hoy erigiéndose en defensores de los más pobres al oponerse a la regresividad que representaría la gratuidad universal de la educación superior ya que un elevado porcentaje de sus estudiantes proceden de familias de altos ingresos.
Los sectores de gobierno han contribuido, a su vez, a enmarañar este debate al buscar encauzar la demanda de gratuidad en educación hacia soluciones de parche, que no alteran en lo fundamental la naturaleza del modelo educativo vigente. La educación sigue siendo entendida como un bien de mercado, demandada y ofertada por agentes y motivaciones esencialmente privadas, cuya demanda el Estado a lo más procurará subvencionar, lo que además guarda correspondencia con los intereses y expectativas de los oferentes.
Los dirigentes estudiantiles han enfatizado, en cambio, el que la educación debe ser concebida como un derecho social pero sin recalcar con similar fuerza el que ella es también un bien público y que, como tal, el sistema educativo en su conjunto necesita ser puesto claramente en sintonía con el interés general, plasmado en un proyecto nacional de desarrollo. Por lo tanto, no se trata solo de satisfacer expectativas individuales de movilidad social, sino de favorecer la construcción de un mejor destino común, socialmente solidario.
Pero ello, a su vez, exige tener una real disposición a superar las políticas fiscales descaradamente regresivas que han imperado en Chile desde el golpe de 1973, cosa que el tímido ajuste tributario propuesto primero por el gobierno, y sazonado luego a gusto de los grandes empresarios en la cocina del Senado, no se proponía hacer. Se podrá alegar luego, con el habitual cinismo, que los mayores recursos así generados no alcanzan y que resulta aberrante que a las familias ricas no se les exija pagar por la educación de sus hijos.
En efecto, en el marco del sistema económico en que vivimos, la modificación sustancial del sistema tributario es, inevitablemente, la contracara de las posibilidades de viabilizar un sistema distinto, de provisión estatal de bienes públicos de cobertura universal y de calidad, en ámbitos tales como la educación o la salud. Pero el sistema tributario actual, que como sabemos es fuertemente regresivo, seguirá siéndolo una vez que el ajuste acordado se encuentre en régimen, limitando severamente así toda política redistributiva de parte del Estado.
El hecho es que, en un país capitalista como el nuestro, una oferta pública universal y de calidad en materia de educación y salud solo puede ser financiada mediante un aporte sustancial y permanente de los sectores sociales que gozan de altos ingresos. No se trata de que se limiten a pagar la educación de sus hijos, en la lógica de mercado hoy imperante, sino de que a través de un pago de impuestos acorde a sus posibilidades contribuyan decisivamente a financiar además, y de manera permanente, la educación de muchos otros niños y jóvenes.
Y no solo eso. Mediante un sistema tributario de carácter progresivo, y no regresivo como el que ahora tenemos, los profesionales se verían obligados a aportar también al financiamiento público en la medida de sus posibilidades. De modo que aquellos que luego de su titulación lograsen acceder a un alto nivel de ingresos tendrían que devolver, a través de la contribución permanente generada por sus mayores impuestos, la ayuda que en su momento recibieron del resto de la sociedad para poder llevar a cabo su formación profesional.
A ello hay que agregar el muy decisivo aporte que es necesario que realicen también las empresas, sobre todo las más grandes que, en términos comparativos, en el Chile de hoy gozan de una situación excepcional de privilegio. Piénsese solamente en las empresas que operan en la gran minería. Quienes ahora en nombre de la justicia distributiva se oponen a la gratuidad universal en educación superior y rasgan vestiduras por las múltiples necesidades sociales insatisfechas ¿estarían dispuestos a apoyar una solución justa y efectiva como ésta?
Este es el problema de fondo: el gobierno ha evidenciado con sus acciones que no tiene el menor interés en superar no solo el sistema económico vigente, principal fuente de la permanente y profunda desigualdad social existente, sino ni siquiera la versión neoliberal del mismo, que no hace más que extremar esa desigualdad para así tornar más lucrativos los negocios. Es por ello que se niega a acoger, salvo retóricamente y solo para mejor contenerla, la demanda ciudadana de cambios estructurales en materia tributaria, educacional, previsional, de salud, etc.
En esto los propios poderes fácticos empresariales no se engañan y es por eso que se allanan a financiar generosamente a estas corrientes políticas, que exhibiendo un cierto tinte «progresista» pueden realizar con mayor eficacia su tarea de control social. Corrientes que, a condición de que ello sea realizado con la debida discreción, tampoco tienen inconvenientes, como se ha visto, en ser financiados por aquellos a quienes brindan su protección política desde el gobierno, el parlamento y todas las tribunas a las que acceden.
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