Jorge Franco

Artículos

La Subcomisión de Reglamento de la Convención Constitucional acaba de rechazar la propuesta de algunos de sus miembros que sugería rebajar a 4/7 el quorum para la adopción de los acuerdos de ese organismo y establecer el mecanismo de plebiscitos dirimentes en caso de que no se alcanzase el quorum requerido.

La rebelión popular del 18 de octubre de 2019 modificó la situación política del país. La población trabajadora, que se había movilizado ya muchas veces para expresar su descontento por los abusos de que era víctima en materia de educación, pensiones, reivindicaciones de género, regionales, gremiales, etc. Cansada de no ser escuchada, se alzó esta vez masiva y muy decididamente para decir ¡Basta!

Como era enteramente previsible, el debate abierto desde la suscripción del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 sobre las normas legales fijadas por él para cercenar y con ello desconocer el poder constituyente del pueblo se ha trasladado ahora al seno mismo de la Convención Constitucional.

A pesar de los optimistas augurios de muchos dirigentes políticos y expertos electorales que señalaban que tanto la derecha como los decadentes partidos de la vieja Concertación lograrían recuperar protagonismo en el escenario electoral, lo que finalmente ocurrió es que ambos pilares del duopolio que ha administrado el modelo neoliberal heredado de la dictadura cosecharon una estrepitosa derrota en las urnas.

La entrevista a Fernando Atria publicada en El Mercurio el domingo 18 de abril pasado dio pie a un nutrido debate sobre los quórums establecidos para la adopción de sus acuerdos por la Convención Constitucional.

En el debate político en curso las desacreditadas elites dominantes no cesan de advertir, una y otra vez, contra el siniestro fantasma del “populismo”. ¿Qué es lo que buscan estigmatizar con ese término? Nada menos que la presunta e inherente “irresponsabilidad” que supondría en política atender a la “voz de la calle”, por muy justas que fuesen sus demandas.

En vísperas de la contienda electoral para la elección de convencionales constituyentes el torrente de la demagogia desborda todos los cauces. Quienes por décadas han defendido con dientes y uñas los obscenos privilegios que la dictadura aseguró a un puñado de magnates aparecen ahora como paladines de la justicia.

Lo ocurrido en el plano político en Chile desde la rebelión popular del 18 de octubre de 2019 es sumamente aleccionador, aunque reitera ciertos patrones de conducta que se instalan y reproducen de manera casi espontánea en el espectro de las fuerzas políticas que se reclaman de izquierda.

En el curso de los debates que la actual coyuntura política ha abierto en la perspectiva de la próxima elección de integrantes de la llamada Convención Constitucional se suele apreciar una dosis no menor de confusión. Es así que en ellos se suelen entremezclar los numerosos problemas asociados a la dictadura del capital, y sobre todo a su más cruda expresión en las políticas sectoriales impuestas por su cavernaria versión neoliberal, con los de carácter más directamente político, expresados en el sistema legal-institucional consagrado por la Constitución de Pinochet y prolongado luego con las sucesivas reformas concordadas entre la Concertación y la derecha.

Consultado en un programa de televisión el 8 de noviembre pasado sobre la existencia de presos políticos en Chile, Heraldo Muñoz, el ex Canciller de Bachelet y actual presidente del PPD, que ha anunciado también su intención de postularse como candidato a la Presidencia de la República, atinó a responder lo siguiente: “Mira, hay presos por razones de comisión de delitos, pero no hay presos políticos. En una democracia no hay presos políticos. Los presos políticos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos son presos de conciencia. En Chile, no conozco presos de conciencia”.

1 2 3 5