La rebelión popular del 18 de octubre de 2019 modificó la situación política del país. La población trabajadora, que se había movilizado ya muchas veces para expresar su descontento por los abusos de que era víctima en materia de educación, pensiones, reivindicaciones de género, regionales, gremiales, etc. Cansada de no ser escuchada, se alzó esta vez masiva y muy decididamente para decir ¡Basta!
Se trató de una rebelión espontánea que no reconocía liderazgo político alguno y en la que confluyeron un sinfín de demandas de todo tipo largamente ignoradas o postergadas por la arrogante e indolente y cada vez más odiada casta política que nos gobierna. Respondiendo a la convocatoria del 25 de octubre salieron a las calles a exteriorizar su descontento millones de personas en todo el país.
Con la ilusoria pretensión de “restaurar el orden”, la respuesta del gobierno no fue otra que la de reprimir, de manera violenta y criminal, a quienes ejercían su derecho a manifestarse, ocasionando numerosas muertes y una gran cantidad de heridos a golpes y perdigonazos, traumas oculares, detenciones, etc. Pero con ello no hacía más que echar nueva leña a la hoguera.
La declaración de estado de excepción y la salida de militares a las calles tampoco logró poner término a las protestas. La convocatoria de un paro nacional el 12 de noviembre de 2019 resultó exitosa y mostró la debilidad en que se encontraba el gobierno. Fue entonces que este último pidió a sus partidarios en el Parlamento negociar un acuerdo con la oposición a fin de descomprimir la situación.
El fruto de esa negociación fue el llamado “acuerdo por la paz” del 15 de noviembre. Como resultado del mismo, se decidió convocar a un plebiscito a través del cual la ciudadanía se pronunciara sobre la disyuntiva de mantener la actual constitución o redactar una nueva, y en este último caso el que ello se hiciera con la participación de los actuales parlamentarios o sin ella.
Como ya sabemos, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 el pueblo ratificó de manera aplastante su deseo de enterrar para siempre la Constitución de Pinochet. Sin embargo, el acuerdo político que abrió paso a esta consulta y al proceso constitucional que luego se inicia, colocó también numerosas cortapisas a la libre manifestación de la voluntad popular, desconociendo con ello su carácter soberano.
Entre tales cortapisas, las más restrictivas son las que fijan un quorum supramayoritario de dos tercios para concordar el texto de la nueva Constitución y declaran intangibles los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Entre estos últimos se encuentran los tratados de libre comercio, que lesionan gravemente la soberanía del país con la pretensión de blindar al modelo económico neoliberal vigente.
Esto planteó ante el pueblo movilizado la disyuntiva de participar de este proceso institucional que se abría e intentar superar sus obstáculos desde adentro o desestimarlo de plano. Pero era claro que una gran parte de ese pueblo aceptaría participar, aun con las tramposas condiciones que se le fijaron. Por lo tanto, marginarse de él solo dividiría y debilitaría la movilización popular.
Algunos han sostenido una posición de boicot razonando como si el solo hecho de participar en el escenario electoral implicase ya dar por perdida la lucha. Lo que no se comprende es que, por importante que sea, esta es solo una batalla más, que forma parte de un indispensable proceso de acumulación de fuerzas en curso que, lejos de contraponerse, puede y debe ser también acompañado por el protagonismo de la calle.
El descrédito de la casta política y de sus prácticas corruptas se ha expresado también en la mente de muchos como un descrédito de la política misma y en una beligerante prédica antipartidos. Lo que se postula como alternativa es el fortalecimiento de la red de organismos territoriales de base surgidos al calor de la rebelión popular de 2019. Pero es importante calibrar bien la situación sin exagerar las propias fuerzas.
Esa prédica antipolítica y antipartidos no es un signo de fortaleza sino de debilidad, de una toma de conciencia incompleta, que no logra distinguir entre acción política opresiva y acción política emancipadora, concibiendo al partido político como un mero aparato de control. Una transformación real y profunda de la sociedad necesariamente pasa por una acción política clara y decididamente contrahegemónica.
Un partido político como instrumento del pueblo trabajador no es un aparato de control desde arriba sino una unión libre y voluntaria de personas precisamente en torno a un proyecto de emancipación social. Unión libre y voluntaria indispensable para impulsar y desarrollar una acción política mancomunada y eficaz, dirigida a sustituir el sistema actual por uno nuevo, realmente solidario y democrático.
En el curso del proceso político actual, la rebelión popular espontánea e inorgánica ha ido abriendo paso ya a un progresivo y creciente proceso de autoorganización, expresado primero en el surgimiento de Asambleas Territoriales Autoconvocadas y luego en la formación de listas para participar en la elección de convencionales que disputasen los escenarios del debate público al partido del orden.
Este desarrollo ha logrado ciertos niveles de éxito a través de la lista del pueblo y de las listas de los movimientos sociales. Pero es evidente que se necesita alcanzar aun mayores niveles de convergencia y unidad de acción para transformar la enorme fuerza potencial del descontento popular en fuerza política efectiva, capaz de llegar a disputar con mayores posibilidades de éxito el poder a la clase dominante.
En consecuencia, aparece hoy como una necesidad política imperativa y urgente el trabajar por hacer realidad esa posibilidad, desarrollando un decidido esfuerzo por unificar en un solo cauce de acción política aquél enorme torrente de indignación popular. En esa perspectiva puede resultar provechosa la idea de resucitar la iniciativa, frustrada en el pasado, de llamar a formar un gran Movimiento del Pueblo Trabajador.
Esto quiere decir, un movimiento que unifique a las múltiples y diversas expresiones políticas y sociales del pueblo insurrecto que clama por un cambio social profundo capaz de satisfacer sus grandes anhelos de justicia. Un movimiento basado en las asambleas territoriales y otras múltiples formas de organización y lucha del pueblo, en los diversos colectivos políticos, en los coordinadores de movimientos sociales, etc.
Si no se dan ahora los pasos necesarios para ello, es posible que después ya sea demasiado tarde.