Comunicado nº 21 de Anemoi
El día primero de julio entro en vigor la llamada «Ley Mordaza» que con mucha mayor propiedad debería llamarse Ley Mordaza e impunidad absoluta del estado o, con más precisión: «Ley de represión y liquidación de los derechos civiles, sociales y políticos de los ciudadanos». Aún así, con esos añadidos sucesivos que nos acercan a la realidad oculta por los discursillos aristocráticos pero altamente disuasivos de Morenés, los melifluos y aromados de incienso del opusdeísta Fernández Díaz, los silencios entre guiños pasmados de Rajoy, la rojigualda de camuflaje de Pedro Sánchez, el desdén de un Borbón que asegura su destierro concentrando en asamblea y apelando al honor y las glorias de toda la rancia aristocracia viviente, terrateniente, bancaria, fondoinversionista, y poderosamente pudiente; y los silencios también, medias verdades y mentiras descaradas de Falsimedia, nos encontramos con que hemos formulado un eufemismo que amortigua el verdadero carácter de la Ley.
Amortigua, sobre todo, su perfecta coherencia con el mecanismo criminal de la política de recortes, trasvase de dinero a los bancos y liquidación de los derechos de los trabajadores, pensionistas y sectores populares.
El «fondo en negro» de la fotografía es el hambre -sobre todo la de cientos de miles de niños- las carencias sanitarias y educativas, la represión laboral de las mujeres y la situación de inseguridad, pobreza o pobreza extrema de millones de familias. El marco múltiple de esa foto en negro -que identificamos inmediatamente con la recesión- es un precioso conjunto de «brotes verdes», «tasas positivas de crecimiento económico», «España locomotora de Europa» y varias memeces por el estilo que van bien para la propaganda en la «guerra contra los pobres» que estamos viviendo.
El último enmarque, mucho más ancho que los demás, es el amarillo glorioso de la pirámide de renta del 5% de la población. Ahí están de fiesta y jolgorio permanente en atmósfera de impunidad y corrupción.
Ya fuera del cuadro el color de la realidad es el de las tinieblas de una enorme, pavorosa y criminal desigualdad.
El «despelote» de la línea de mando
La «Ley de represión y liquidación de los derechos civiles, sociales y políticos de los ciudadanos» (mal llamada Ley Mordaza), unida a la reforma del Código Penal y del Código Penal Militar da forma y rigor: policía, denuncias, sanciones administrativas más duras que las de los códigos penales, fiscales, jueces y todos los etcéteras que sean necesarios, a un paquetazo represivo que es, en realidad, una verdadera Ley de Excepción de carácter fuertemente franquista. Es el «feroz despelote de la línea de mando» cuyos eslabones y niveles describíamos más arriba.
Para asegurar la aplicación del «estado de excepción de facto», el Gobierno ha decidido que la única opción es la de asegurar la fidelidad de un aparato represivo que ha empezado a agrietarse y a dividirse peligrosamente. Las Fuerzas Armadas -piensa Rajoy- apestan a pueblo. La Guardia Civil apesta también a pueblo -piensa su línea de mando. Así pues, hay que limpiar al «Cuerpo» para que retome el aroma militarote de sus esencias franquistas que despide su amnistiado y «civilizado» Director Generali. Para ello nada mejor y «más legal» que reprimir a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que precisamente demanda la desmilitarización de esta institución multitareas y, además, se está saliendo de madre. Hace pocos días una pequeñísima unidad se atrevió a investigar y detener a un alto mando y a varios subordinados por sustracción de armas de depósitos militares y creación de depósitos clandestinosii. La actividad del instituto armado, fiel a sus tareas, se estaba centrando, peligrosamente, en la investigación rigurosa de los incontables casos de corrupción que afectan, fundamentalmente, al PP, al PSOE, a las FF.AA a la propia Monarquía -ejemplar, también en eso, es decir: al propio Régimen político. La «línea roja» había sido rebasada.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil harta de sanciones y represión
La noticia ha saltado a algunos periódicos durante el día de ayer. Los dos dirigentes más conocidos de la AUGC, al secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el secretario de Comunicación y portavoz de la organización, Juan Antonio Delgado, han sido expedientados por falta grave, nada menos. Cuco no se anda con remilgos:
El Comunicado de la Asociación -que reproducimos casi completo por su enorme interés y en solidaridad con los compañeros dice, entre otras cosas, lo siguiente:
«La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha decidido romper relaciones con la Dirección General de la Guardia Civil después de conocer la apertura de dos nuevos expedientes por falta grave a sus representantes. El motivo, en este caso, es su participación en la concentración que el pasado 4 de marzo se realizó frente al Ministerio del Interior, una concentración autorizada que se convocó para protestar contra la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles.
Los dos nuevos expedientes tienen como protagonistas al secretario general de AUGC, Alberto Moya, y al secretario de Comunicación y portavoz de la organización, Juan Antonio Delgado. (…) El mensaje por parte de la Dirección General a los guardias civiles que no tienen miedo de reclamar sus derechos laborarles es diáfano: el que se atreva a protestar sufrirá severas represalias por ello. Al más puro estilo mafioso.
Estos dos expedientes se suman a los conocidos el pasado martes, abiertos también por falta grave a los siete vocales de AUGC que se negaron a entrar en el Pleno del Consejo celebrado en la mañana del 24 de marzo como medida de protesta ante el desprecio y la falta de derechos que padecen los trabajadores del Cuerpo, circunstancia ésta que se viene agravando en los últimos años, y ante la que nuestra organización ha decidido plantarse con firmeza.
La apertura de estos expedientes a la cúpula de la organización decana de las asociaciones profesionales, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil y que cuenta con más de 30.000 guardias civiles afiliados, constituye un ataque frontal al movimiento asociativo aperturista que aspira a una Guardia Civil a la altura de un Estado democrático, y no un reducto de privilegiados que buscan mantener su rancio estatus a través de la remilitarización y las medidas represoras que ésta conlleva.
Con esto, la Dirección demuestra, además, una alarmante dejación de funciones, entregando el rumbo del Cuerpo al núcleo duro del Generalato. Se confirma así la tendencia involucionista vivida en la Guardia Civil a lo largo de estos últimos cuatro años de Gobierno del PP, que ha dejado la gestión del Ministerio del Interior en manos de su línea más reaccionaria. Muestra de esta actitud es la ausencia del Director General del Cuerpo en los dos últimos plenos del Consejo, un desprecio que deja a las claras el respeto que Fernández de Mesa tiene hacia los trabajadores de la institución que dirige.
Por todo ello, AUGC ha tomado la determinación de no seguir participando en esta pantomima. En adelante serán los tribunales españoles y europeos los escenarios donde los guardias civiles seguiremos exigiendo los derechos que nos corresponden como trabajadores y ciudadanos en un Estado democrático, ya que como tal no parece reconocerlo ni la Dirección General ni el Ministerio del Interior.
También creemos que es nuestro deber dar a la conocer a la sociedad española las condiciones dictatoriales que padecen los trabajadores de la institución que más valoran. Queremos informarles de que el guardia civil que se juega la vida para ayudarle en la carretera, en su pueblo o ciudad, o en la montaña, puede ir a la cárcel por una simple discusión con su jefe; o que ese mismo guardia civil que le protege cada día puede ser mañana desterrado social y familiarmente a miles de kilómetros de su casa por el mero hecho de reclamar sus derechos laborales.
En este sentido, recordamos que la apertura de un expediente por falta grave a un guardia civil puede conllevar, entre otras sanciones, la pérdida de destino, lo que en la práctica supone el destierro profesional, social y familiar del trabajador. Éste es el talante negociador de la Dirección General con los representantes de los guardias civiles, un talante que responde a la actitud que ha mantenido el actual Gobierno durante los últimos cuatro años, más dedicado a la remilitarización de la Guardia Civil que a eliminar la brecha laboral que se ha abierto entre esta institución y el resto de los cuerpos policiales que trabajan en España.
Seguiremos informando de las novedades que vayan produciéndose con la apertura de este expediente y sus posibles consecuencias».
Nada cabe añadir, salvo nuestra expresión de solidaridad.
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