La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denuncia, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, las «presiones de la CEOE a la judicatura» a la hora de aplicar la reforma laboral de 2012. «Se nos acusa de haber forzado la voluntad del legislador, interpretando la ley en sentido contrario a ésta, lo que, […]
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denuncia, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, las «presiones de la CEOE a la judicatura» a la hora de aplicar la reforma laboral de 2012. «Se nos acusa de haber forzado la voluntad del legislador, interpretando la ley en sentido contrario a ésta, lo que, se afirma, genera inseguridad jurídica», apuntaron desde JpD haciendo alusión al Informe sobre singularidades socioeconómicas del mercado laboral español publicado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La asociación manifestó que la reforma laboral «adolece, al margen de las concretas políticas que implementa, de unadeficiente técnica legislativa«. «Se trata de una normativa llena de lagunas y contradicciones», añadió en la nota.
Desde Jueces para la Democracia denunciaron que «las reducciones exponenciales de la plantilla y de los medios» son la causa del «colapso de la jurisdicción» y de las «demoras inasumibles para los justiciables». «Nos encontramos ante un panorama ciertamente desolador», remacharon.
Ante las críticas recibidas, basadas «en la acusación de que estamos torciendo la voluntad del legislador, especialmente en el enjuiciamiento de los despidos colectivos, (…) haciendo interpretaciones forzadas», Jueces para la Democracia denunció que «esa acusación es totalmente insostenible». Amparándose en los datos del CENDOJ, la asociación sostiene que «los Tribunales Superiores de Justicia han dictado, entre 2012 y 2014, un total de 237 sentencias sobre despidos colectivos, de las que 107 se han estimado y 130 han sido desestimadas, un 55% del total». «En cuanto al Tribunal Supremo, hasta la fecha ha dictado 79 sentencias, con 11.900 trabajadores afectados, de las cuales se han declarado ajustados a derecho 31; no ajustadas a derecho 9 y nulos 18″, detallaron.
Además, JpD asegura que «apenas el 1,2% del total de extinciones han tenido una sentencia en la que se declara su nulidad o su condición de no ajustada a derecho». «¿Son esos los datos de los que pueda desprenderse una posición ultraproteccionista de los y las jueces de lo social hacia los trabajadores?».
Desde la asociación de jueces concluyeron que «la presión a los magistrados y magistradas para que se decanten a favor de una de las partes, y no, precisamente, la que menos poder contractual tiene» pretende, en opinión de JpD, «eliminar cualquier atisbo de control sobre el poder empresarial».