Según el programa (no gubernamental) «Somos Defensores», 178 defensores de derechos humanos (de los que 108 eran mujeres) fueron víctimas de algún tipo de agresión en Colombia entre julio y septiembre de 2015. El informe revela la cifra de 17 asesinatos, 133 amenazas, tres atentados, 15 detenciones arbitrarias, tres casos de uso arbitrario del sistema […]
Según el programa (no gubernamental) «Somos Defensores», 178 defensores de derechos humanos (de los que 108 eran mujeres) fueron víctimas de algún tipo de agresión en Colombia entre julio y septiembre de 2015. El informe revela la cifra de 17 asesinatos, 133 amenazas, tres atentados, 15 detenciones arbitrarias, tres casos de uso arbitrario del sistema penal, otros seis de hurto de información y una desaparición. Respecto a la autoría de las amenazas, agresiones y muertes, «Somos Defensores» señala principalmente a los grupos paramilitares (66% de los casos) y la fuerza pública (8%). Además, la gran mayoría de las agresiones (129) se produjeron Bogotá D.C.
Estos números se difunden mientras avanzan en La Habana las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-ERP, iniciadas hace tres años. Según la defensora de derechos humanos Mariangélica Rojas, «hay una voluntad política por parte del gobierno de que no se visibilicen los asesinatos y desapariciones de líderes sociales». Miembro de la Comisión de Paz del Congreso de los Pueblos y vocera de la organización juvenil Tejuntas, Mariangélica Rojas, de 22 años, ha participado esta semana en diferentes actividades organizadas por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia.
-Hace tres años que se inició el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (julio de 2013), el conflicto se saldó con 220.000 personas asesinadas entre 1958 y 2012, 25.000 desaparecidos y 5,7 millones de desplazados. Ocho de cada diez muertos fueron civiles. ¿Qué evaluación hace el movimiento social de las conversaciones de La Habana?
Se valora positivamente la negociación política entre los actores que han estado en confrontación directa armada. Que se hayan logrado diferentes acuerdos sobre la cuestión agraria, participación política, narcotráfico, el más reciente sobre la víctimas y la «jurisdicción especial» para juzgar los delitos más graves son puntos importantes de avance. Pero el marco de negociación tiene también unos límites establecidos. Por ejemplo, la Mesa de Diálogo no «toca» el modelo económico ni reforma el número de efectivos de la fuerza pública. Reconociendo esos límites, como movimiento social se afirma que una vez alcanzado el acuerdo habrá que afrontar nuevos retos.
-¿Qué ítems consideras que están ausentes en la «agenda» de negociación entre el gobierno de Santos y las FARC, y que deberían discutirse?
No tanto incluirse en la «agenda», porque reconocemos sus límites, pero hay aspectos muy relevantes que no se abordan, como la revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y con Europa, o la propuesta de la «locomotora» minero-energética y todo lo que han significado las titulaciones mineras en Colombia. Es cierto que en materia agraria se han alcanzado acuerdos importantes, como los planes de acceso a la tierra de los campesinos, pero si no se revisan los TLC no habrá garantía de rentabilidad para quienes trabajan la tierra.
-¿Están influyendo los movimientos sociales en las conversaciones de paz, han logrado que algunas de sus propuestas se tomen en consideración?
La participación ha sido muy poco efectiva. Desde la instalación de la Mesa de La Habana, se creó un mecanismo de participación que consistió en una página de Internet donde la sociedad colombiana puede enviar sus ideas y propuestas. No creemos que sea un mecanismo del todo efectivo, frente a todo lo que podía hacerse llegar. Ahora bien, en el punto de la negociación sobre las «víctimas», sí hemos evaluado positivamente la participación. Hubo foros regionales y un foro nacional de víctimas, en los que pudieron plantear sus exigencias. El hecho de que las agrupaciones y los líderes sociales que representan a las víctimas asistieran a la Mesa de La Habana se vio como un paso importante. En el resto de puntos la sociedad colombiana ha quedado a un lado, a la espera…
-¿Se llevará a la práctica lo acordado en La Habana? ¿Cómo se verificará el cumplimiento de los acuerdos? Mientras tienen lugar las negociaciones, continúan las agresiones y asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos…
Ésta es una de las principales inquietudes del nuevo momento en que va a entrar Colombia. Si definitivamente hay un desarme, ¿qué pasará con los excombatientes y qué pasará con los movimientos sociales, cuando continuamos siendo perseguidos? En este punto -la verificación- y también respecto a la participación, se viene moviendo la Mesa Social para la Paz, cuya idea y proceso surgió en 2012 y que se formalizará en 2016. Se trata de una aglomeración de diferentes experiencias de la sociedad civil: movimientos sociales, sindicatos, iglesias, ONG… y gente interesada en la «construcción» de la paz. La Mesa Social para la Paz nace a partir del entendido de que hay un vacío de participación y sub-representación de la sociedad colombiana en la mesa de diálogo.
-Defensores de derechos humanos han sido asesinados después de que denunciaran amenazas; ha habido también casos de familiares de estos líderes sociales que, un tiempo después, fueron víctimas de atentados. ¿Puede concluirse que reina la impunidad en Colombia?
Existe la impunidad porque todo el tiempo llegan amenazas, que se remiten en nombre de los «urabeños», las «águilas negras» y otros reductos paramilitares. Hay amenazas que no se concretan en la muerte o desaparición de personas, pero que marcan un precedente. El hecho de que constantemente lleguen amenazas al movimiento social, implica una persecución sistemática. Intentan infringir miedo. Tampoco se generan garantías de protección para las personas amenazadas, ni se ataca a los entes que aparecen firmando este tipo de amenazas. Cuando se producen asesinatos o desapariciones de líderes sociales, se invisibilizan y en muchos casos se legitiman.
-¿Quién es el responsable de este silenciamiento?
Creo que hay una voluntad política por parte del gobierno de no visibilizar la persecución política. Si alguno de estos casos se llega a conocer, suele legitimarse diciendo: «Algo tuvo que haber hecho, o tendrá un nexo con alguien y por eso le asesinaron». Eso, cuando la agresión o el crimen llega a conocerse, pero normalmente los medios de comunicación no los difunden. La información suele circular únicamente por las organizaciones sociales.
-¿Qué episodios rescatarías -entre los muchos denunciados- en cuanto a vulneración de los derechos humanos en 2015?
En enero de este año fue asesinado Carlos Pedraza, un líder juvenil de Bogotá y el centro-oriente colombiano, de 29 años. Salió de su casa, se montó en un bus y no se supo nada más de él hasta dos días después. Su cuerpo fue encontrado a 60 kilómetros de la capital con un tiro de gracia en la cabeza. Un elemento de interés es que recibió amenazas ante su casa sin que recibiera protección. Después del crimen hubo un silenciamiento, tampoco se dio ningún pronunciamiento gubernamental ante el asesinato, y la realidad es que va a acabar el año sin que se hayan aclarado los hechos.
El pasado 8 de julio fueron arrestados 13 líderes sociales. El gobierno, la policía y los medios de comunicación les señalaron como responsables de unos atentados ocurridos en Bogotá. Cuando empezó el proceso legal, no se mencionó ningún cargo relacionado con las explosiones, sino con una protesta estudiantil. Pero antes de que se iniciara el proceso judicial ya hubo un veredicto: «Estos son los 13 que pusieron una bomba». Un juez estableció medidas de aseguramiento, por lo que los detenidos estuvieron dos meses en la cárcel; otro juez revisó el caso, resolvió que estas medidas no eran necesarias y los dejó en libertad. La conclusión es que hubo una falta de garantías totales a la defensa y a los detenidos se les puso en riesgo ante la sociedad colombiana, al mostrar sus rostros y atribuirles los atentados.
-Otro posible ejemplo, entre tantos, es el de Feliciano Valencia, un líder indígena muy reconocido en Colombia y en las comunidades, detenido en septiembre de 2015…
Se le acusa de secuestrar a un militar. La Constitución colombiana de 1991 reconoce a los indígenas la autonomía para aplicar la jurisdicción en sus territorios, pues bien, hace cinco años las comunidades indígenas del Cauca detectaron la «infiltración» de un militar, a quien atraparon, quitaron las armas y aplicaron la justicia indígena en el año 2008. La respuesta del gobierno fue la detención de un líder importante como Feliciano Valencia, por el secuestro de este mando militar. Se trata de una falta de respeto a la justicia indígena como mecanismo autónomo. Feliciano Valencia se halla en la cárcel después de una condena a 18 años. Es un caso que tampoco se ha visibilizado.
-En el primer semestre de 2015 el programa «Somos Defensores» registró 34 asesinatos a defensores de derechos humanos (un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior) y 332 amenazas (un incremento del 216% respecto a 2014), además de 25 atentados y cuatro detenciones arbitrarias. ¿A qué motivos responde este aumento de las violaciones de los derechos humanos?
Aunque ha sido histórica la lucha por la defensa de los bienes naturales y por el territorio de campesinos, indígenas y negros, la confrontación va a ser más directa e invisibilizada cuando llegue el momento de los acuerdos. Sobre todo porque se pretenderá, incluso a escala internacional, la imagen de que si se ha alcanzado un acuerdo con la insurgencia, eso significa que el país se halla en relativa calma; y así se quita el foco del problema. Pero este razonamiento es el que ha venido posibilitando el auge de las respuestas paramilitares. Por otro lado, en 2014 y 2015 se cumplen los años de condena aplicados a los paramilitares desmovilizados. De hecho, este año han salido a la calle diferentes cabecillas paramilitares después que se cumplieran las sentencias pactadas en 2005 y 2006. Ciertamente han continuando delinquiendo, formando agrupaciones por toda Colombia y aumentando su presencia.
-Una de las explicaciones que se ha dado al interés del presidente Santos por los Acuerdos de Paz es forjar un clima adecuado para que las transnacionales hagan sus negocios en Colombia. Pero ¿Es compatible la «pacificación» con los métodos que aplican en ocasiones estas empresas: contratación de sicarios, protección de grupos paramilitares o actuación de empresas de seguridad privadas?
Históricamente, los indígenas, los campesinos y la gente común se han movilizado, por ejemplo, en contra de los proyectos mineros o los desplazamientos de población. La voluntad por parte del gobierno de asegurar que Colombia sea un lugar donde poder invertir las multinacionales, generará la agudización del conflicto en lo social. Además, desde hace un tiempo existe una unidad específica de las Fuerzas Armadas de Colombia dedicada a la protección de las multinacionales. Lo que antes hacían de manera «informal» los paramilitares, ahora lo realiza una unidad adscrita al ejército.
-Por último, en agosto-septiembre de 2015 se convocaron las Jornadas de Indignación Campesina, Étnica y Popular. ¿Cuál es el estado de salud, a tu juicio, del movimiento social actualmente en Colombia?
La movilización más importante fue la de la Cumbre Nacional Agraria, que nació a principios de 2014 como espacio de articulación entre los diferentes sectores del mundo agrario (negros, indígenas y campesinos, entre otros). La Cumbre surgió como consecuencia de un paro nacional realizado en Colombia, con tanta fuerza que logró una mesa única de negociación con el gobierno. Después de año y medio, el gobierno «desactivó» las negociaciones y dejó de prestar atención a la Cumbre Agraria. En agosto-septiembre la Cumbre se desplazó a Bogotá, «tomó» pacíficamente el Ministerio de Agricultura y presionó para la «reactivación» de la mesa de diálogo. Éste es un ejemplo de fortalecimiento del movimiento popular, como actor que puja por espacios de negociación con el gobierno. Las conversaciones de paz en La Habana generan una situación no de retroceso, pero sí de estar a la expectativa. Parar un poco para observar lo que viene…
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