Puede que los antecedentes se sitúen en alianzas militares como la OTAN (1949), o en discursos como el de Kennedy en el Independence Hall de Filadelfia (1962), cuando afirmaba: «Nosotros (Estados Unidos) no contemplamos a una Europa fuerte y unida como un rival, sino como a una compañera. Ayudar a su progreso ha sido un […]
Puede que los antecedentes se sitúen en alianzas militares como la OTAN (1949), o en discursos como el de Kennedy en el Independence Hall de Filadelfia (1962), cuando afirmaba: «Nosotros (Estados Unidos) no contemplamos a una Europa fuerte y unida como un rival, sino como a una compañera. Ayudar a su progreso ha sido un objetivo básico para nuestra política durante 17 años». O que se prefiera rastrear unos orígenes más inmediatos en 2007, cuando la Unión Europea y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para avanzar en la Integración Económica Transatlántica. De cualquier forma, el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión) entre la UE y la gran potencia norteamericana ha movilizado a la izquierda política y las organizaciones populares, sobre todo por la amenaza de una regulación a la baja en materias como los derechos laborales, los sistemas de salud, la alimentación o el medio ambiente.
Algunos autores han definido el TTIP como la gran «utopía corporativa», otros prefieren hablar de una nueva «OTAN económica». El libro de la profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de València y directora de la Fundación por una Europa de los Ciudadanos, Adoración Guamán, propone en su libro recientemente publicado por Akal un título no menos sugerente: «TTIP. El asalto de las multinacionales a la democracia». Los dos gigantes económicos -Estados Unidos y la UE- suman entre ambos bloques el 30% del comercio y el 47% del PIB mundial, pero los Tratados de Libre Comercio (TLC) no constituyen un hecho excepcional. Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), en abril de 2015 había 406 TLC en vigor y otros muchos en fase de negociación. El TTIP empezó a negociarse oficialmente a partir de 2013 y continúa en fase de discusión. De este modo lo define Adoración Guamán: «Es un ejemplo de la automutilación del poder estatal y de la ofensiva contra los derechos vinculados no sólo al ámbito social, sino también a la esfera democrática de la ciudadanía».
Al igual que sucede en las guerras, la primera batalla que se libra es la de la propaganda. La Comisión Europea ha difundido estudios que apuntan que la desregulación y la liberación comercial se traducirá en un crecimiento de la economía en la UE por valor de 119.000 millones de euros (0,5% del PIB) y de la economía estadounidense en 95.000 millones de euros (0,4% del PIB). Se llega incluso a afirmar que, gracias al TTIP, cada familia de la UE aumentará sus ingresos en 545 euros, mientras que en las norteamericanas el incremento será de 655 euros. En el libro publicado en la colección A Fondo de Akal, dirigida por el periodista Pascual Serrano, se aportan cifras que desmienten la versión oficial, por ejemplo las del economista e investigador Jeronim Capaldo sobre el impacto del TTIP. Según estos análisis «alternativos», podrían perderse unos 600.000 puestos de trabajo en la UE (90.000 en el sur de Europa); además, se produciría una mengua de los ingresos públicos por las rebajas fiscales y un incremento de la inestabilidad financiera.
Adoración Guamán da cuenta en el libro de la opacidad, el secretismo y la falta de transparencia que han envuelto las negociaciones sobre el TTIP, también de la presencia notable de corporaciones y grupos de presión. Con independencia de las estadísticas sobre número de reuniones y actores presentes, filtración de documentos o maniobras de la Comisión Europea para dosificar la información, hay ejemplos grotescos como el protagonizado por el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, durante su tarea de control: «Me han quitado el bolígrafo, cualquier papel sobre el que pudiera escribir y el móvil (…). El tiempo máximo es de dos horas, y durante ese lapso el funcionario te controla permanentemente».
«TTIP. El asalto de las multinacionales a la democracia», de 180 páginas, disecciona los diferentes apartados del tratado de libre comercio y profundiza en su contenido, de manera que la lectura ayuda a evitar tópicos e interpretaciones simplificadoras. Uno de los capítulos que la autora aborda es el de la liberalización del comercio de servicios y la apertura de la contratación pública a empresas extranjeras. Se trata de un sector al que las transnacionales pretenden dar un «bocado» importante, ya que fue uno de los menos afectados por las liberalizaciones de los años 80 y 90. Las palabras definen muchas veces mejor que los hechos y las intenciones el sentido de estos procesos. «Nuestra compañía apoya el Servicio Nacional de Salud (británico) en su empeño por reforzar las oportunidades que ofrece la libre elección del paciente, el pago por resultados y la externalización de los servicios (…)». Estas palabras proceden de United Health Group, empresa estadounidense que ha invertido y buscado un nicho de negocio en la sanidad pública británica.
Otro motivo por el que el TTIP constituye una amenaza es la regulación a la baja de los derechos laborales, ya que con estos acuerdos comerciales primaría la legislación estadounidense, más favorable al empresario que la europea. «Podría acelerarse una ya existente americanización del Derecho del trabajo, la rebaja de los estándares europeos y el aumento de la desigualdad social». «Desde que comenzó a negociarse el tratado, numerosos estudios han puesto de manifiesto las enormes diferencias existentes entre las regulaciones de Estados Unidos y la Unión Europea», explica Adoración Guamán. Tal vez en este punto resida la esencia del TTIP y el motivo de la opacidad en las negociaciones: «La pretendida homogeneización reguladora representa un riesgo serio y enfrenta múltiples dificultades, dado que la convergencia va a encauzarse necesariamente hacia el mínimo común denominador». Así, Estados Unidos es uno de los países que menos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha ratificado, incluidos algunos convenios que se consideran capitales (entre otros, los relacionados con la libertad sindical). La docente pone el ejemplo de la saña con la que la multinacional estadounidense de comercio electrónico Amazon castiga a los empleados cuando opera en Alemania, según un reportaje emitido por la televisión germana en 2013. ¿Podrían extenderse estos procedimientos?
Muchos de los aspectos capitales del TTIP están escondidos entre tecnicismos y una jerga economicista que oscurece los objetivos reales. Pero estudiosos y activistas de los movimientos populares han realizado una notable labor para descifrar este lenguaje esotérico y advertir de los peligros del tratado comercial. Uno de los casos más palmarios es el de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), regulados en la UE mediante una amplia normativa sobre cultivo, utilización y etiquetado. Estados Unidos, con una legislación más laxa, pide a la Unión Europea que suavice las regulaciones, pues se consideran éstas una «barrera» comercial. Al calor de las negociaciones, Ecologistas en Acción ha denunciado que la UE ha propuesto un nuevo Reglamento que agilice la entrada de transgénicos. Tampoco resulta alentador, apunta Adoración Guamán, que Estados Unidos no haya ratificado el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, de 2011, el más importante sobre productos químicos. Los riesgos se han hecho visibles en el sector de la alimentación a través de ejemplos famosos, como el de los pollos limpiados con lejía o la carne hormonada, que podrían propagarse por la Unión Europea. Sin embargo el «principio de precaución», más arraigado en la UE que en Estados Unidos, podría atenuar los efectos de esta competencia a la baja.
Si entre la complejidad de los borradores, documentos y propuestas hubiera que seleccionar algún capítulo que resumiera la esencia del TTIP, éste podría ser el de los Mecanismos de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS). La investigadora de Corporate Europe Observatory, Pia Eberhardt, lo ha definido como un mecanismo que permite a los inversores extranjeros demandar a un Estado ante un tribunal privado de arbitraje y eludir el sistema judicial estatal. Las empresas pueden recurrir a estos tribunales cuando consideren perjudicadas sus inversiones/beneficios por una ley o por determinadas políticas, sean de carácter social o ambiental. El ISDS, que obliga a los estados al pago de multas millonarias, no es un fenómeno nuevo. La estadística ayuda a revelar el sentido del mecanismo. Tal como recuerda Adoración Guamán, el 75% de las demandas se han presentado contra países del Sur o «emergentes», entre los que destacan Argentina, Ecuador y Venezuela. Si se observa la nacionalidad de los inversores demandantes, el 75% proceden de Estados Unidos o algún país de la UE. Además, el exorbitante coste del procedimiento lo convierte en un negocio en sí mismo, al que se superpone la «puerta giratoria» entre políticos y despachos de abogados. Un tribunal de estas características reconoció a la empresa norteamericana Metalclad el derecho a una compensación de 16,2 millones de dólares, cuando México suspendió la construcción de una planta de eliminación de residuos en un municipio declarado «área de conservación natural».
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