«El brote de violencia en Barcelona eleva el temor a un vacío de autoridad», titulaba el diario El País en la portada del 27 de mayo. El editorial de páginas interiores desarrollaba la misma idea a partir del siguiente titular: «Gobernantes ausentes. Las autoridades apenas gestionan la crisis de orden público en Barcelona». En torno […]
«El brote de violencia en Barcelona eleva el temor a un vacío de autoridad», titulaba el diario El País en la portada del 27 de mayo. El editorial de páginas interiores desarrollaba la misma idea a partir del siguiente titular: «Gobernantes ausentes. Las autoridades apenas gestionan la crisis de orden público en Barcelona». En torno a los hechos ocurridos en el barrio de Gracia, el rotativo se refiere a «grupos de guerrilleros armados» y agrega: «Los altercados han sido graves por su duración. Y también por su violencia extrema, a raíz del desalojo de una antigua oficina comercial bancaria ocupada desde hace años por colectivos de filiación anarquista».
El 28 de abril el diario La Razón publicaba en la sección de la Comunidad Valenciana una información sobre el movimiento Okupa en el barrio del Cabanyal (Valencia), con el siguiente titular: «Okupas ‘organizados y asesorados jurídicamente en cien casas del Cabanyal'». El cuerpo de la noticia reproduce las palabras de la concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, del PSOE, en torno a personas «que están muy organizadas en grupos, con estudios y con padres con muchísima educación». La regidora lamenta la lentitud de los tribunales ante las decenas de denuncias interpuestas por Okupación, que están «criando polvo en los juzgados». Gómez espera que se produzca «algún desalojo este año», informa La Razón, «o hago una sentada en la puerta de justicia».
Los antecedentes del conflicto se remontan como mínimo a 1998, cuando la mayoría municipal del PP promovió el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, que además de partir en dos esta histórica barriada marinera, suponía el derribo de 1.650 viviendas y unas 570 edificaciones. Décadas de lucha vecinal, ausencia de inversiones y la degradación del barrio -con una llamada «zona cero» particularmente deteriorada- encontraron un punto de pausa en el verano de 2015, cuando la nueva mayoría municipal -formada por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- derogó el PEPRI. Si el gobierno de Rita Barberá (PP) optó por la piqueta, el urbanismo agresivo y las soluciones de fuerza, el nuevo consistorio prefiere palabras como «rehabilitación» y «regeneración urbana». El pasado 7 de junio la Generalitat Valenciana (PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) y el Ayuntamiento firmaron un convenio que movilizaba 12 millones de euros en dos años para la «reedificación» de 50 viviendas demolidas y la rehabilitación de otras 250, según informaciones de Europa Press. Es sólo una parte de las inversiones anunciadas en la barriada marítima.
Fuentes municipales certifican que en el barrio del Cabanyal hay actualmente unas 150 viviendas «ocupadas ilegalmente», habitadas en una treintena de los casos por el Movimiento Okupa y el resto por colectivos con escasos recursos. En ese contexto, ¿qué sentido cobran las palabras de la Concejal de Protección Ciudadana y la idea de que «el problema más urgente para el barrio es la seguridad y los problemas causados por el Movimiento Okupa»? Miembros de éste colectivo en el barrio del Cabanyal aseguran que se trata de una estrategia de «criminalización mediática», que sigue todos los protocolos utilizados en los últimos años. El primer paso, explican, consiste en trazar una división entre la okupación política, aquella que llevan a término los movimientos sociales, y por otro lado la que responde a la falta de recursos. «De cara a su electorado queda mucho peor la criminalización de los pobres». El objetivo de estas informaciones es «legitimar posteriores desalojos y actuaciones represivas en el Cabanyal», afirman fuentes del movimiento okupa.
El 29 de mayo el diario Levante-EMV abría la sección local con la siguiente noticia: «Grupos organizados ‘okupan’ el Cabanyal con planos y manuales para entrar en las casas». «Los desalojos son respondidos con amenazas», agrega el subtítulo. La información se basa en fuentes policiales y de la Concejalía de Protección Ciudadana. El periódico da cuenta de un informe solicitado por el ayuntamiento a la policía con el fin de hacérselo llegar a la autoridad judicial, en el que se distingan los casos de ocupación que responden a la «exclusión social», con otros «que tienen un carácter delictivo y que hay que combatir inmediatamente» (en referencia a la Okupación como movimiento «alternativo»). El periodista informa, a partir de las fuentes policiales, que los okupas «son los que están ahuyentando a la gente que quiere instalarse en el Cabanyal». Y asegura que la policía «se ve impotente para actuar frente a la hostilidad de estos grupos», algunos de ellos «verdaderamente violentos» (según la calificación policial). Algunas de estas personas, añade el rotativo, proceden incluso del extranjero, animados por la degradación del barrio y «con intención de delinquir». Ya asentados, se vinculan a «fiestas raves, tráfico de drogas y molestias nocturnas».
Miembros del movimiento okupa responden que la idea de «grupo organizado» así como el resto de la información tienen una intención criminalizadora. Además, consideran que la Okupación no es un delito sino una opción política, que entre otros lugares se ha desarrollado en el barrio del Cabanyal. Primero, como forma de resistencia en las viviendas (municipales) que el ayuntamiento del PP había adquirido para después derribarlas, y así desplegar su proyecto urbanístico. Con el nuevo tripartito municipal, se okupa para enfrentarse a las operaciones especulativas y a la «gentrificación», explican estas fuentes, entendida como proceso de sustitución de los vecinos en situación más precaria por personas de estratos más pudientes. Otra de las razones para okupar es más general, de filosofía política: «nos negamos a la explotación que suponen los trabajos en precario para pagar alquileres a precios abusivos, mientras políticos y empresarios especulan con el precio de la vivienda».
Una persona que participa en el Espai Veïnal del Cabanyal, asamblea de vecinos que reivindica un barrio para «todas las personas», sostiene que el plan de rehabilitación que promueve el actual consistorio representa una sustitución de población «puerta a puerta». Ya no se trata de un proceso de «gentifricación», como el planteado por el PP, basado directamente en romper la trama urbana del barrio y ampliar la avenida de Blasco Ibáñez (una de las principales vías de la ciudad) a costa del Cabanyal. Sin embargo, con las iniciativas de «rehabilitación» y nuevas infraestructuras del actual ayuntamiento, «¿los pobres del Cabanyal podrán comprarse una casa en el nuevo barrio?», se pregunta el activista. Constata además un incremento en el número de inmobiliarias y en su volumen de negocio, el aumento en la compra-venta de viviendas sobre todo por parte de ciudadanos extranjeros, y los nuevos proyectos de alojamientos para turistas.
El Espai Veïnal ha denunciado en el último año, con la entrada del tripartito, multas de la policía local a gente sin recursos -sobre todo población rumana y gitana- por «engancharse» a la red eléctrica. También sanciones por almacenar chatarra -principalmente a vecinos rumanos-, «cuando el reciclaje de ferralla es su principal medio de subsistencia». «En algunos casos no sabían qué estaban firmando», añade un vecino de la asamblea. El activista recuerda casos en que a personas que recogen chatarra la policía local les ha requisado la bicicleta, así como multas por tender ropa o practicar la venta ambulante. «Se trata de hacer ver como que la policía local actúa frente a la gente que no tiene un trabajo regularizado», resume este miembro del Espai Veïnal.
«Una pareja de ‘okupas` impide crear un centro de servicios sociales en el Cabanyal». El diario Levante-EMV encabezaba de ese modo la página 13 el pasado martes 31 de mayo. «Los jóvenes habitan un edificio de la Calle La Reina de titularidad municipal donde el consistorio quiere poner ese servicio», dice el antetítulo. La información subraya la intención «mediadora» del consistorio «para acabar con las ocupaciones ilegales, no las de familias excluidas». Un joven okupa del Cabanyal responde, ante estas informaciones, que la mediación es un «chantaje», ya que no se produce entre iguales, ni es voluntaria, ni beneficia a las dos partes. «Realmente te están diciendo: tienes la oportunidad de irte, y así no te desalojaremos por la vía judicial». Sobre la antigua escuela, actualmente okupada, en la que el ayuntamiento planea un centro de servicios sociales, el Espai Veïnal enuncia su versión: «Hay otros edificios del barrio que ofrecen los mismos requisitos arquitectónicos y de localización; si han elegido éste es precisamente porque está okupado».
El pasado cinco de junio el periódico El Confidencial publicaba un reportaje con el siguiente titular: «Okupación y cabreo vecinal: el Cabanyal no quiere convertirse en otro barrio de Gràcia». Tampoco se recurría a la perífrasis en el antetítulo: «La rehabilitación de las zonas degradadas del barrio de Valencia no termina de arrancar y los ocupantes antisistema van consolidando su presencia. Una bomba de relojería». Sobre los okupas, «el ecosistema es de lo más peculiar», valora el periodista. «Durante el día apenas se dejan ver, pero cuentan con una seudoestructura social propia», agrega. Uno de los colectivos que cita el artículo es «Samaruc», al que define como «bar en el que pasar buenos ratos» y además sin licencia. El colectivo Cabanyal Z, que gestiona el espacio aludido, responde en un comunicado que «Samaruc» es un centro social que durante quince años ha trabajado como centro de mujeres, espacio de charlas y proyecciones. Todo ello sin ánimo de lucro. Hoy es punto de encuentro de las personas que apoyan el proyecto Cabanyal Z, que desarrolla el audiovisual de ficción para el cambio social. Las fuentes del Espai Veïnal y del Movimiento Okupa consultadas para este artículo aseguran que ningún periodista se ha puesto en contacto con los colectivos antes de redactar las informaciones.
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