En octubre de 2015 tuvo lugar el Primer Encuentro Ciudadano para auditar las cuentas del ayuntamiento de Madrid. Cuatro meses después activistas y políticos de diez municipios madrileños constituyeron la Red de Municipios por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Uno de los miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) de Madrid, […]
En octubre de 2015 tuvo lugar el Primer Encuentro Ciudadano para auditar las cuentas del ayuntamiento de Madrid. Cuatro meses después activistas y políticos de diez municipios madrileños constituyeron la Red de Municipios por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Uno de los miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) de Madrid, Alfredo Sánchez, explica que una primera fase el movimiento se centró en el estudio de la deuda estatal. La estadística evidencia las razones de esta decisión. En junio de 2016 la deuda pública española representaba el 100,9% del PIB y, del monto global (1,1 billones de euros), 938.971 millones de euros correspondían a la administración estatal, 273.843 millones de euros a las autonomías y sólo 35.269 millones de euros a los ayuntamientos, según los datos del Banco de España. «Intentábamos realizar informes sencillos para la población sobre por qué la deuda es ilegítima», destaca Alfredo Sánchez en jornadas #Auditfest organizadas por la PACD en Barcelona.
El informe Análisis de la Deuda del Estado Español (junio de 2015) arrojaba conclusiones demoledoras. El Estado asumió como consecuencia del «rescate» bancario una deuda «indirecta» de 166.368 millones de euros al ayudar y avalar a las entidades financieras (créditos fiscales, préstamos del BCE, avales del estado a la emisión de deuda bancaria y a la deuda «senior» emitida por la SAREB o banco «malo»); y además una deuda «oculta» por valor de 1.069.941 euros (avales implícitos del estado a los depósitos bancarios, garantías del FROB en los procesos de privatización o los esquemas de protección de activos). La suma de la deuda «indirecta» y «oculta» por las ayudas al sector bancario ascendía a 1,2 billones de euros, lo que equivalía al total de la deuda pública directa (datos de diciembre de 2013). «Ningún medio de comunicación se ha hecho eco de esta deuda», subrayaba el estudio de la PACD.
Tras las elecciones de mayo de 2015 Ahora Madrid accede al gobierno de la ciudad, con un programa que en el punto 2.1 se comprometía a «auditar la gestión económica, los procesos de privatización y la deuda municipal». Se utilizaban en el programa electoral los verbos «analizar» y «evaluar» en relación con la situación de la economía municipal, «a fin de establecer las condiciones de reestructuración de la deuda». Sin embargo, sostiene Alfredo Sánchez, no se decía que se tratara de una auditoría «ciudadana», por lo que la PACD desarrolló una propuesta que sí incluía esta idea. Y en un mes se la trasladó al consistorio. Hasta el momento sólo han podido conversar con una concejalía, la de Economía y Hacienda que dirige Carlos Sánchez Mato. «Como es lógico, porque Carlos proviene de la PACD», apunta el activista. De hecho, «creo que actualmente es el único en el Ayuntamiento de Madrid que cree en la auditoría ciudadana». Lamenta asimismo que no se haya producido ningún avance en materia de participación.
El 27 de agosto de 2015 Sánchez Mato y Rita Maestre anunciaron en rueda de prensa la puesta en marcha de la Auditoría de la Deuda. La nota de prensa difundida por el consistorio incluía dos puntos de interés: «La Auditoría posibilitará que los madrileños tomen parte en su elaboración» y los resultados se someterán a «mecanismos democráticos vinculantes de participación ciudadana». Además se constituyó la Subdirección General de Auditoría de Deuda y Políticas Públicas, adscrita a la Concejalía de Economía y Hacienda. En mayo de 2016 se reunió por primera vez el Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas del Ayuntamiento de Madrid, coordinado por la profesora de Economía de la Universidad Complutense, Bibiana Medialdea, y formado en casi su totalidad por funcionarios municipales. El uno de junio se constituyó la Comisión de Investigación sobre Deuda, Contratación y Políticas Públicas, con el fin de investigar la gestión y el endeudamiento durante los tres mandatos de Ruiz-Gallardón y Ana Botella. En la Comisión participan Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos.
La deuda del Ayuntamiento de Madrid pasó de 990 millones de euros (finales del año 2000) a 7.733 millones de euros en 2012; se convirtió así en el consistorio más endeudado del estado español. Para afrontar las exigencias de la Administración central, el Ayuntamiento de Madrid llegó a dedicar uno de cada tres euros de sus cuentas al pago de las deudas. Los tres partidos que integran la Comisión de Investigación denuncian el «desorbitado incremento de los sobrecostes» por el sistema de contratación desarrollado, sobre todo, en las empresas municipales. Ponen como ejemplo del «despilfarro» la gestión en Mercamadrid, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Caja Mágica o Madrid Espacios y Congresos (Madridec). Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos caracterizan lo sucedido del siguiente modo: «Prácticas irregulares, cláusulas abusivas, condiciones lesivas para los intereses municipales y una deficiente gestión generalizada, que obligaron a un ‘plan de reestructuración’ del sector empresarial municipal».
Uno de los ejemplos más notorios es el de la venta en los años 2012 y 2013 de más de 1.800 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a fondos «buitre». El pasado 14 de septiembre la Agencia Efe daba cuenta de las conclusiones del informe de la Comisión sobre la deuda en el ayuntamiento: un «expolio» en el que la Comunidad de Madrid fue «colaboradora necesaria», y que se saldó con un «agujero» de 162 millones de euros para las arcas municipales. Los pisos se vendieron al grupo Fidere (fondo de inversión Blackstone) por valor de 128 millones de euros, cuando el precio real se situaba en 291 millones de euros. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid informó en su día que la venta realizada por la EMVS no respetó las instrucciones internas de contratación y se realizó sin tasación previa. Alfredo Sánchez recuerda asimismo que la PACD de Madrid denunció la «ilegitimidad» de la deuda generada por la construcción de la M-30, y exigió «responsabilidades legales». Lo hizo en octubre de 2015, a propósito de la noticia sobre la compra por parte del gobierno de Ruiz-Gallardón de productos financieros (Swap) para garantizarse tipos de interés fijos en los pagos de préstamos a tipo variable. La adquisición de los Swap encareció todavía más el exorbitante precio final de la M-30.
La PACD de Madrid pone como ejemplo de «ilegitimidad» el soterramiento de la M-30, actuación iniciada en pleno «boom» inmobiliario y de la obra pública, tras la elección de Ruiz-Gallardón como alcalde de Madrid en 2003. La cifra presupuestada en un principio (1.700 millones de euros, en 2004), se elevó a 2.500 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid, entonces en manos del PP, cifró el coste final en 5.600 millones de euros, pero la oposición rebatía estos números, sumaba los intereses y redondeaba el coste en 10.400 millones. «Las principales empresas beneficiarias fueron las multinacionales de la construcción ACS y Ferrovial», subraya la plataforma. La obra se financió con recursos municipales, de la administración central y de la UE, pero principalmente con préstamos de los bancos privados. A este balance financiero se suma la emisión de humos por la acción de las máquinas, la contaminación de polvo en suspensión por las obras, la eliminación de miles de árboles y los vertidos al cauce del río Manzanares, entre otros impactos. En marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid declaró ilegales las obras de nueve tramos de la M-30, al no realizarse las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
La nueva mayoría en el consistorio madrileño ha decidido poner la lupa en el desaguisado, pero «falta toda la parte de la participación ciudadana», insiste Alfredo Sánchez. «El Ayuntamiento podrá pronunciarse sobre la legalidad de los contratos, pero la ‘legitimidad’ -la consideración de si eran necesarias o no las obras- tendría que recaer en los vecinos de Madrid». La PACD pidió hace unos meses una reunión con la Concejalía de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, encabezada por Pablo Soto, pero no ha recibido respuesta. «El término ‘auditoría’ da mucho miedo en el ayuntamiento madrileño», resalta el activista de la plataforma. ¿A qué obedece esta posición timorata en el gobierno de Ahora Madrid? «Aquí se junta todo, hay una combinación de gente de lugares muy diferentes: los hay más y menos radicales; incluso plantear la desobediencia a la ‘ley Montoro’ (o de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) tendría oposición en el grupo de Gobierno». Otro factor nada baladí es que Manuela Carmena necesite para gobernar a los nueve regidores del PSOE. Dada la imposibilidad de avanzar, en los primeros meses de 2016 la PACD viró de estrategia («decidimos ‘pasar’ del ayuntamiento»). Los activistas decidieron aplicar la máxima «divide y vencerás», y se determinaron a batallar en los distritos. Ello requería atender a una consideración previa: el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (y sus organismos autónomos) suma cerca de 4.500 millones de euros en el ejercicio de 2016, mientras que el destinado a los distritos es de 538,6 millones de euros.
Pero a los activistas no les importaba tanto el volumen de la deuda que pudiera auditarse, como el que la población se empoderara. La PACD de Madrid elaboró una metodología de trabajo para su desarrollo en los distritos, y se pensó en comenzar por Arganzuela. Se adelantó, sin embargo, el distrito de Usera, que tomó la iniciativa de modo independiente a la plataforma. Los grupos se hallan en la fase de acopiar información y de análisis. En Usera han decidido investigar los contratos para los cursos de formación en los centros culturales; «la idea es que no se conviertan en auditorías financieras al uso, estrictamente contables; sino en discutir la legitimidad también a partir de criterios sociales, ambientales o de género», explica Sánchez. Por ejemplo, en el caso de los cursos de formación, ¿a qué sectores de la población se dirigen y a quién se excluye? Para el trabajo en los distritos, consideran que ha de superarse un «cuello de botella»: en la calle se considera que los procesos de auditoría remiten a cuestiones muy técnicas, reservadas a economistas y abogados. Según Alfredo Sánchez, lo fundamental es «vivir en un barrio y tener los ojos bien abiertos».
El Ayuntamiento de Madrid ha destinado 60 millones de euros a inversiones decididas por elección popular, que comenzarán a ejecutarse en 2017. Son los denominados Presupuestos Participativos. «Por lo que en la realidad observo, la auditoría ciudadana supone el contrapunto a estos Presupuestos Participativos», afirma Sánchez. En las charlas repite que la democracia ha de fundamentarse en la formación ciudadana, la participación y el control. Sin embargo el activista considera que, en muchos casos, los vecinos piden inversiones, por ejemplo un carril-bici, pero después no se controla la ejecución del gasto, ni se rinden cuentas. Opina asimismo que los criterios de contratación y a qué empresa se realizan las adjudicaciones, no debería establecerlos el ayuntamiento sino la participación popular. Por otro lado la cuestión de los ingresos «está absolutamente olvidada, tal vez porque los Presupuestos Participativos sean una idea novedosa, y en la que queda mucho por avanzar; por tanto, para ‘enganchar’ a la gente, resulta más fácil para los políticos hablar de inversiones que de cómo financiarse». El miembro de la PACD tampoco evita la autocrítica: «Tenemos que hacer una reflexión colectiva sobre por qué no llegamos a la población». «No hay cuestiones supertécnicas, aquí todo es político», remata.
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