Desde que el 17 de diciembre de 2014 se inició formalmente el proceso de normalización de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, comenzaron también las elucubraciones sobre la fecha y las circunstancias en las que se producirían los cambios en torno a la política migratoria entre ambos países. La Ley de Ajuste […]
Desde que el 17 de diciembre de 2014 se inició formalmente el proceso de normalización de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, comenzaron también las elucubraciones sobre la fecha y las circunstancias en las que se producirían los cambios en torno a la política migratoria entre ambos países. La Ley de Ajuste Cubano, por ser la de más alcance y anclaje normativo, ha tenido el mayor seguimiento; al tiempo que la política de «pies secos /pies mojados» y el programa «Cuban Professional Medical Parole» también ocuparon lugar en el mapa de los cambios por venir.
El anticipo -fundamentado- de las transformaciones en, al menos, una parte de las regulaciones migratorias se verificó en los índices de llegadas de nacionales cubanos a las fronteras de Estados Unidos, una parte considerable en situación irregular. Entre el 2014 y el 2016 se duplicó la cifra de migrantes con ese destino y los últimos dos meses de 2016 recibieron a casi 10 mil cubanos en aquel país. El hecho, sin embargo, no es una completa novedad.
La noticia -cuyo anuncio se esperaba que coincidiera con la inmediatez de su aplicación, tal como fue- sucedió el pasado 12 de enero y comienza a generar abundantes opiniones y análisis sociopolíticos desde diferentes plazas públicas. Es posible que en los próximos días se produzcan miradas más analíticas de lo que es un cambio de considerable importancia para la normalización de relaciones entre los gobiernos y para las vidas de las personas que habían elegido la migración hacia Estados Unidos como camino individual y colectivo debido a razones de naturaleza económica, familiar o política.
Hasta el momento, los analistas buscan realizar prospectivas sobre las acciones del entrante gobierno de Donald Trump en torno a este tema; intentan complejizar el escenario aportando elementos sobre sus consecuencias para las personas, esto es, poner rostro a las consecuencias de la medida; y anticipan los impactos hacia adentro de Cuba y de Estados Unidos. Solo algunos de esos aportes consideran que la coyuntura hace parte de un largo ciclo migratorio desde Cuba hacia Estados Unidos que ha tenido diferentes olas -de las cuales la última es la que, probablemente, esté culminando con la reciente novedad, al menos en lo que se refiere a Estados Unidos como destino-; que ha conformado algunos de los más importantes núcleos de tensión diplomática; y que ha dejado en el mar y en la selva a incontables vidas que intentaron, por rutas irregulares, sortear la imposibilidad de una migración segura al país que los recibía, esperando este que ello comunicara una señal de la inestabilidad política en la Isla.
Del lado cubano, por su parte, aún están pendientes los análisis que lean el hecho al interior del proceso de cambios que ha incluido, desde 2012, la modificación de las regulaciones migratorias como parte de una demanda de largo aliento de sus nacionales. A pesar de esas transformaciones -bien recibidas por los actuales o potenciales migrantes- lo regulado y comunicado en ese orden aun requiere ampliarse a favor de la consideración del carácter trasnacional de la ciudadanía; por tanto, las nuevas relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos debería reactivar el debate sobre la ciudadanía allende las fronteras territoriales, sobre la conservación de derechos de los migrantes como ciudadanos cubanos, y sobre los flujos de ida y vuelta de la nación con sus hijos e hijas.
Cuba Posible ha contribuido al análisis de los procesos migratorios cubanos convocando a voces provenientes de la academia y de la sociedad civil. Entre los resultados de esos diálogos hemos compartido dossiers y artículos que han aportado argumentos de profundidad para pensar Cuba, sus ciudadanías trasnacionales, los contextos normativos de sus migraciones, etcétera. Recomendamos especialmente volver sobre estos debates para colocar la coyuntura en la línea de largo aliento a la que pertenece. Esta vez, solicitamos a académicos y a académicas a pensar el hecho desde múltiples dimensiones: «puertas adentro» de Cuba y de Estados Unidos, en el ámbito de la normalización de relaciones entre ambos gobiernos, y en el marco de los análisis globales sobre la migración y sobre la relación entre procesos migratorios y derechos humanos. Jorge Duany, María Isabel Alfonso, Carlos Alzugaray y Carmen Gómez aportan algunos argumentos para contribuir al análisis de la circunstancia presente y, también, para pensar en el mediano plazo las raíces y las ramas de un tema central para la sociedad cubana. Cuba Posible agradece a estos primeros análisis y anuncia la próxima publicación de otros sobre el tema.
– ¿Considera que la derogación de la política de «pies secos/pies mojados» constituye un cambio sustancial en la historia de las negociaciones migratorias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos? ¿En qué sentidos?
Jorge Duany: La eliminación de la política de «pies secos/pies mojados» representa el giro más drástico en la política de Estados Unidos hacia el éxodo cubano en las últimas tres décadas. El cambio forma parte del proceso de «normalización» de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y específicamente del nuevo acuerdo migratorio entre los gobiernos de ambos países, que tiende a equiparar el tratamiento legal de los inmigrantes cubanos con los de otras naciones. En los próximos años, es probable que se reduzca el número de cubanos que intentan entrar a territorio estadounidense sin visas de inmigrantes. Aunque se mantiene en vigor la Ley de Ajuste Cubano, está por verse cómo se implantará y si tendrá un impacto sustancial sobre el número de cubanos que se acogerán a dicha ley en el futuro.
– ¿Cómo este hecho podría cambiar el mapa de los procesos migratorios cubanos hacia Estados Unidos?
Jorge Duany: De momento deja en un limbo a miles de cubanos que se encuentran actualmente en otros países latinoamericanos (desde México hasta Ecuador) en situación irregular. Algunos de esos cubanos podrían optar por regresar a Cuba, mientras otros podrían permanecer indefinidamente en esos países sin autorización legal. El «mapa» de los procesos migratorios hacia Estados Unidos podría reducirse, una vez más, al Estrecho de la Florida que une y separa a la Isla del continente norteamericano. Es decir, la dispersión que habían experimentado las rutas migratorias de los cubanos en años recientes podría enfocarse nuevamente al puente aéreo entre La Habana y Miami, como reflejo de las limitaciones legales impuestas por el gobierno estadounidense a la migración irregular de cubanos. Todavía hay que esperar para saber si la Administración Trump mantendrá la nueva política hacia la migración cubana, o si la revertirá, junto a otras decisiones ejecutivas tomadas por la Administración Obama.
– ¿Cómo evalúa el contexto político estadounidense en el que se deroga la política de «pies secos/pies mojados»?
María Isabel Alfonso: La derogación de la política de «pies secos/ pies mojados» y del programa «Cuban Professional Medical Parole» llegan como el toque final de las regulaciones puestas en marcha por la Administración Obama -la mayoría a partir de su segundo mandato-, encaminadas a propiciar la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Han sido ocho años de cambios sin precedente en la complicada historia de las dos naciones. Mucho quizás, a procesar, por el presidente electo Donald Trump quien, a muy poco tiempo de su toma de posesión, lejos de zanjar las anchas zonas de impopularidad cultivada durante su candidatura, alarga, segundo a segundo, su ya amplia lista de enemigos.
El panorama político en que llegan estas últimas políticas está lejos de ser el ideal. Con Trump ha comenzado la ruptura con el paradigma de un Estado responsable y de un ciudadano con derecho a protecciones (fin de «Obamacare»; crítica a la educación pública; desestimación de las personas con discapacidades, etc.). Los miembros de su gabinete -militares retirados y ejecutivos corporativos en su mayoría-, con el ex-gerente de la Exxon Mobil, Rex Tillerson, como Secretario de Estado, han ido visibilizando, aún antes de entrar en acción, una profunda hostilidad hacia el gobierno de Cuba y un total desconocimiento de las dinámicas en la Isla.
La retórica dominante ha sido que el gobierno cubano ha hecho pocas concesiones después de iniciado el proceso de normalización y que, por tanto, debe considerarse la reversión de la misma. Aún más, al ser acosado por el senador Marco Rubio durante su audiencia de confirmación, Tillerson alegó que de ser necesario revisaría los criterios bajo los cuales se excluyó a Cuba de la lista de países terroristas, y que vetaría la introducción de enmiendas que propusieran la eliminación del embargo, ratificando así la narrativa de «concesión» adoptada por Trump. La relación con Rusia, al tener prioridad tanto para Trump como para Tillerson -quien, por demás, recibió de Putin en 2013 la «Orden de la Amistad» – dados sus intereses comerciales con ese país y por ser uno de los blancos principales de ataque del establishment hacia ambos oficiales electos, deja a Cuba nuevamente colgada por la brocha, como tema «sacrificable» de menor prioridad.
Sin embargo, al menos una de las dos medidas -la eliminación de la política de «pies secos/ pies mojados», lejos de causar disonancia, se alinearía quizás con los fuertes elementos anti-inmigrantes de una Administración que se ha mostrado particularmente ensañada con la entrada de inmigrantes a Estados Unidos de manera ilegal, aspecto clave contenido en la eliminación de dicha política hacia los cubanos. El propio Trump, cuando fue cuestionado al respecto por Tampa Bay Times en febrero del 2016, admitió: «No creo que sea justo. Es decir, ¿por qué sería esto algo justo? No creo que lo sea. Nosotros tenemos un sistema para traer personas al país, y lo que deberíamos hacer es traer a aquellos que sean personas excelentes, que tengan récords de logros… Tenemos a personas esperando para venir a América por años, y es muy justo cuando tenemos a gente que solo tienen que cruzar la frontera y lo hace de manera ilegal.»
Su silencio (hasta ahora) sobre el tema es, quizás, signo de que está pensándolo dos veces antes de lanzar sus acostumbradas invectivas, ahora contra las últimas medidas estipuladas por el presidente Obama. Pero, en realidad, como ha señalado recientemente Phil Peters, Obama más bien le ha hecho un favor a Trump.
– ¿Qué cree que comunica este hecho, «puertas adentro» de Estados Unidos?
María Isabel Alfonso: Incluso dentro del clique congresional cubanoamericano, la reacción a la medida ha sido poco uniforme. Algunos de estos políticos (en especial Carlos Curbelo y Marco Rubio, en su momento) se han manifestado explícitamente en contra de los privilegios migratorios hacia los cubanos que no sean capaces de probar persecución política, llegando a proponer el «Cuban Immigrant Work Opportunity Act of 2015«, un primer paso para la derogación de la Ley de Ajuste Cubano. Ros-Lehtinen, en declaraciones, evitó hablar del cambio de política migratoria y se enfocó en el programa de parole médico, tema en el que sí han coincidido. Curbelo, quien sirve al distrito 26 de la Florida, critica no tanto la eliminación de «pies secos/ pies mojados», sino la forma en que el presidente Obama llegó a tal resolución, esto es, como resultado de un proceso de negociación con el gobierno de Cuba, aspecto en el cual también hay consenso entre estos políticos.
Esta coincidencia entre zonas opuestas del espectro político (gobierno cubano, congresistas y senadores cubanoamericanos, el propio Trump) en torno al tema migratorio cubano, envía un claro mensaje al establishment gubernamental norteamericano: existen, más allá de las agendas ideológicas, puntos de confluencia factual entre los dos países, los cuales son susceptibles de ser negociados -si por ninguna otra razón, por mero pragmatismo- desde posiciones de diálogo intergubernamental, y no desde la mentalidad de la «subalternidad» ni de la concesión. Cuba no tendría que hacer concesiones en un tema como éste, por ejemplo, pues es Estados Unidos el que se beneficia de una política migratoria ordenada, sea con el país que sea.
Tal pragmatismo, que le ahorraría al gobierno federal 2,45 miles de millones de dólares a lo largo de 10 años, según reportes, podría ser aplicado a otras áreas. Por ejemplo, una carta enviada recientemente por 100 empresas agrícolas de Estados Unidos al Presidente electo, enfatiza en la caída de los ingresos en este sector, y las ventajas del desarrollo de las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba de productos y maquinaria agrícola. Las anunciadas políticas proteccionistas de Trump, dirigidas a empoderar la industria interna y a disminuir las importaciones, irían mano a mano con el relajamiento de restricciones, y no tendrían que negociarse desde la concesión, sino desde el pragmatismo.
Otro nivel de lectura más avanzada de los hechos requeriría del nuevo establishment una gran dosis de voluntad política para entender el proceso que se ha venido desarrollando durante estos últimos 8 años entre Estados Unidos y Cuba. Significaría comprender, primeramente, que más allá de lo improcedente e inapropiado de esperar «concesiones» por parte de un gobierno al que se le han impuesto sanciones unilateralmente, el pueblo cubano ha atravesado por un camino de radicales transformaciones, en lo económico, en lo político, en lo social, contando, por ejemplo, como más de medio millón de cuentrapropistas en estos momentos; con limitaciones, es cierto, pero con mucha voluntad. Implicaría entender que estas transformaciones no hubiesen sido posibles sin un cambio de estructuras y mentalidad del propio gobierno cubano, a contrapelo con el mito que estos políticos han construido (que el gobierno cubano no ha dado nada a cambio de las concesiones). Supondría entender el hito histórico marcado por Obama, al lograr que Estados Unidos trate a Cuba con respeto, acaso por primera vez, más allá de los escollos y los desacuerdos; que la soberanía no es negociable, como tampoco lo es el nacionalismo, puntos en los que todos los cubanos coinciden; que solo una relación desde el bilateralismo provocará cambios positivos para ambas naciones. Esto es lo que comunican los hechos, «puertas adentro». Que haya receptores atentos y dispuestos a escuchar del «otro lado» es, en realidad, la mayor preocupación.
– ¿Cuáles serían los escenarios que la administración Trump podría plantear al contexto migratorio abierto con la derogación de esa política?
Carlos Alzugaray: Entre los muchos temas que constituyen el centro del conflicto entre Estados Unidos y Cuba y sobre los cuales se deben negociar acuerdos para llegar a la normalización (bloqueo, Guantánamo, subversión, reclamaciones) el migratorio es probablemente el más peculiar. Tanto es así que se han producido tres crisis migratorias (Camarioca en 1965, Mariel en 1980, Balseros en 1994). También es el único tema sobre el cual hubo conversaciones y acuerdos intergubernamentales previos con administraciones de distinto signo: el de 1984 con la Administración Reagan, y el de 1994-1995 con la Administración Clinton. Estos acuerdos se produjeron en un contexto adverso: no había relaciones diplomáticas entre ambos países y Estados Unidos se negaba a reconocer la legitimidad del Gobierno cubano.
Por otra parte, la posición del Gobierno cubano, que esencialmente consiste en defender la idea de que si bien los flujos migratorios son un fenómeno natural entre países subdesarrollados y desarrollados, pero que los mismos deben producirse de manera legal y ordenada, coincide con lo que Donald Trump ha convertido en uno de los temas clave de su futura Administración. El acuerdo alcanzado el 12 de enero del 2017 es totalmente consecuente con ambas posiciones. Por tanto, yo me atrevería a afirmar que Trump mantendría los acuerdos y continuaría las conversaciones migratorias bianuales a fin de avanzar en el tema. Podría darse también, aunque es menos probable, que el Presidente incluya la derogación de la Ley de Ajuste Cubano en su agenda con el Congreso.
– Es un hecho que la Ley de Ajuste Cubano y la política de «pies secos/pies mojados» hacen parte de una política de excepcionalidad en las regulaciones migratorias de Estados Unidos. La derogación de la última coloca a los cubanos frente a condiciones similares a las de otros migrantes, sin embargo, ¿podría decirse que con ello efectivamente los cubanos tendrían la misma condición que el resto de los migrantes?
Carlos Alzugaray: En el debate sobre la eliminación de la política de «pies secos/pies mojados» se olvida, a menudo, que los cubanos tenemos otro privilegio en materia migratoria con Estados Unidos. Somos el único país del mundo para el cual hay una lotería especial que, de acuerdo con los acuerdos migratorios de 1994 y1995, obliga a Estados Unidos a otorgar al menos 20,000 visas anuales con el objetivo de emigrar. Hay otra lotería, pero es para el resto del mundo. Por cierto, vale la pena recordar que a ese acuerdo se llegó por insistencia del gobierno cubano que siempre argumentó que para normalizar el flujo migratorio, las autoridades norteamericanas debían comprometerse a otorgar, al menos, esa cantidad. Es cierto también que últimamente el gobierno norteamericano ha estado otorgado mucho más que 20 mil, en el entorno de 30 a 35 mil.
– ¿Cómo leer la derogación de la política de «pies secos/pies mojados», y los cambios que ella condiciona a la Ley de Ajuste Cubano, de cara al panorama mundial de los procesos migratorios y, específicamente, a la relación entre migraciones y derechos?
Carmen Gómez: Podríamos pensar que derogar esa política nos podría llevar a la situación anterior en donde no existían trabas (pues en verdad «pies secos/pies mojados» es una política restrictiva y de trabas), pero no es así; la derogación implica una modificación de las reglas del juego y, en cierta medida, supone a mi entender un estacazo muy fuerte a la Ley de Ajuste en sí, sin que se diga explícitamente.
Desde mi punto de vista, la Ley de Ajuste perdió gran parte de su sentido hace muchos años y, de igual forma, ha estado siendo mantenida de manera artificial, permitiendo el acceso a derechos, sí, pero desde una lógica de interés político debido a las relaciones de tensión entre Cuba y Estados Unidos. Su implementación ha supuesto, igualmente, la conformación de efectos perversos pues el acceso a derechos tenía un precio. La imposibilidad de llegar regularmente a Estados Unidos debido a una política de visas fuertemente restrictiva, ha empujado desde hace décadas a la mayoría de personas que quería llegar a este país y acogerse a la Ley de Ajuste a hacerlo por cauces irregulares. No obstante, sin desconocer que dicha normativa está aplicada a un colectivo concreto, que tiene un evidente trasfondo político, y fomenta el tránsito irregularizado, visto en el conjunto de los procesos migratorios globales, en la práctica, la existencia de esta legislación ha funcionado como una política de acceso a derechos para poblaciones migrantes; una especie de gota de agua dentro del mar de políticas restrictivas y de cierre que caracteriza a Estados Unidos, mucho más después del 11 de septiembre de 2001.
A mi entender la modificación se puede leer desde dos ámbitos. El estrictamente político de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde los migrantes son utilizados como moneda de cambio en los pasos que se están dando para el restablecimiento de relaciones entre los dos países. Y uno estrictamente migratorio, en el que podemos ver que las condiciones que permiten su derogación están en la línea restrictiva y «securitista» de cualquiera de las políticas que hoy en día se llevan a cabo en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. Desde este último ámbito, que es sobre el cual puedo hablar con más propiedad, creo que la modificación de la política debería desincrustarse del propio «caso cubano» para ser leía en un trasfondo más profundo, pues forma parte de una política más amplia que no tiene estrictamente que ver con la dimensión política de las relaciones con Cuba y sí con la construcción de una política migratoria de Estado en las que no existen excepciones a la regla y donde toda población migrante es sujeto de irregularidad. Lo que nos dicen los estadounidenses es que ahora los cubanos deberán pasar por los mismos obstáculos que el resto (ya lo hacían, en verdad, en el trayecto centroamericano y mexicano, pero ahora también deberán hacer frente al muro y a las condiciones de precariedad de una vida irregularizada).
Hay dos aristas más que me parece que deben ser señaladas si pensamos en la relación que tiene la derogación con el tema de migración y derechos. Muchas poblaciones en América Latina, incluso dentro de Cuba, ven con buenos ojos esta «equiparación de condiciones», pero hay una ceguera enorme en esos discursos, en dos sentidos. Por un lado, en la idea de que la población cubana «tiene que ser tratada como cualquier otra población migrante» olvidamos que esa equiparación se hace «desde abajo» y no «desde arriba». Resulta frustrante que el subalterno acabe aplaudiendo unas políticas que no lo hacen salir de la subalternidad, sino que hace que todas las poblaciones acaben encarceladas en la precariedad perpetua que supone estar irregular en un país.
Equiparar debiera ser desde arriba, favoreciendo el acceso a derechos, pero no es esto lo que se acaba reclamando. Por otro lado, y muy ligado a lo anterior, se utiliza la situación diferente del colectivo para profundizar en un discurso que confunde derechos con privilegios. «Hay que acabar con los privilegios de la población cubana». La población cubana tenía acceso a derechos sin excesivas trabas, pero el discurso hegemónico con respecto a la migración naturaliza -incluso en la misma población migrante, incluso en los propios cubanos- el pensamiento de que tener una vida digna en un país diferente al de origen es un privilegio que concede el Estado, y no un derecho humano que deberíamos disfrutar simplemente por el hecho de ser seres humanos.
En definitiva, creo que la modificación de la política migratoria con respecto a los cubanos, tiene un efecto evidente y directo con respecto al colectivo en la pérdida de derechos, pues obliga a pasar de una situación en la que esos derechos existían a una situación en la que esos derechos van a desaparecer. Tiene también un efecto en la política migratoria estadounidense, pues está en la línea de reforzamiento del paradigma de control y de reforzamiento de fronteras; y también con respecto a las poblaciones migrantes en general, pues el acabar con la excepcionalidad a través de la equiparación de todas las poblaciones por lo bajo ha sido bienvenida, y a mi entender, eso acaba legitimando el irrespeto a los derechos de las poblaciones migrantes en su conjunto, pues el objetivo no es que todas accedan a derechos y una vida digna, sino que ninguna tenga la posibilidad de hacerlo.
EN ESTE DOSSIER:
Jorge Duany: (La Habana, 1957). Doctor en Estudios Latinoamericanos con concentración en la Antropología en la Universidad de California, Berkeley. Máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Bachiller en Psicología de la Universidad de Columbia. Director del Instituto de Investigaciones Cubanas y Catedrático de Antropología en la Universidad Internacional de Florida. Autor, entre otros, de: Un pueblo disperso: dimensiones sociales y culturales de la diáspora cubana (Aduana Vieja, 2014); Blurred Borders: Transnational Migration between the Hispanic Caribbean and the United States (University of North Carolina Press, 2011); La nación en vaivén: identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico (Callejón, 2010); The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island and in the United States (University of North Carolina Press, 2002); El Barrio Gandul: economía subterránea y migración indocumentada en Puerto Rico, con Luisa Hernández Angueira y César A. Rey (Nueva Sociedad, 1995); Los cubanos en Puerto Rico: economía étnica e identidad cultural, con José A. Cobas) (Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1995) y Los dominicanos en Puerto Rico: migración en la semi-periferia (Huracán, 1990).
Carlos Alzugaray: (La Habana, 1943). Diplomático, profesor y escritor. Licenciado en Diplomacia. Licenciado en Historia. Máster en Historia Contemporánea. Doctor en Ciencias Históricas. Estudios en la Universidad de La Habana y la Universidad de Sofía de Japón. Miembro del Servicio Exterior de Cuba. Misiones Diplomáticas de Cuba en Japón, Bulgaria, Argentina, Canadá, Etiopía y la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo (1961-1996). Jefe de Departamento, Subdirector y Asesor del Canciller en el Ministerio de Relaciones Internacionales de Cuba. Rango de Embajador en 1994. Profesor, Jefe de Departamento, Coordinador de Estudios Estratégicos y Vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (1982-2007). Profesor Titular (1997). Profesor Investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (2007-2012). Profesor e investigador invitado en universidades de Estados Unidos, Canadá, México, España e Italia. Miembro de la UNEAC. Miembro del Consejo de Dirección de Cuba Emprende. Asesor de New Cuba Consulting. Co-presidente de la Sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (2016). Autor de 3 libros y más de 100 ensayos. Premio de la Crítica. Finalista o mención de los Premios Literarios Casa de las América y de la UNEAC.
María Isabel Alfonso: Licenciada en Letras Hispanas en la Universidad de La Habana. Doctora en Lenguas Romances en la Universidad de Miami. Autora de numerosos artículos sobre las dinámicas socio-culturales de los años 60s en Cuba ―en específico, sobre las Ediciones El Puente― en revistas académicas cubanas, norteamericanas y canadienses («Cruzando El Puente en las encrucijadas de la historia» (La Gaceta, 2005); «Las Ediciones El Puente y los vacíos del canon: hacia una nueva poética del compromiso» (capítulo introductorio a Ediciones El Puente en La Habana de los años 60, Ediciones El Azar, 2011); «Raza, género y Ediciones El Puente: un capítulo olvidado de la historia literaria cubana» (Temas, 2012); «Radical Poetics of the Sixties in Cuba: The Case of Ediciones El Puente and Its Revolutionary Existentialism» (Public, 2015). Su libro Ediciones El Puente y los vacíos del canon literario cubano fue publicado por la Universidad Veracruzana en el 2016. Actualmente investiga sobre sociedad civil y prácticas culturales, tema sobre el cual versa su documental Rethinking Cuban Civil Society/ Repensar la sociedad civil cubana, y sobre el cual ha publicado también numerosos artículos. Es profesora en St. Joseph’s College, Nueva York, y fundadra y miembro de CAFÉ (Cuban Americans for Engagement), una organización que ha contribuido al restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE. UU.
Carmen Gómez: Doctora en Sociología por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, 2010. Profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de FLACSO Ecuador. Sus trabajos se encuentran insertos en la línea de Sociología de la globalización, desigualdades sociales y migraciones internacionales, con particular interés en las regiones de América Latina, Magreb y Oriente Medio.