Una breve síntesis histórica La oligarquía asesinó a Gaitán en 1948 porque éste se había apoderado del partido liberal para ponerlo al servicio del pueblo. Además, era inminente su elección como Presidente de la República. Después del crimen, los verdaderos liberales gaitanistas fueron mermados a sangre y fuego durante los siguientes años, lo que generó […]
Una breve síntesis histórica
La oligarquía asesinó a Gaitán en 1948 porque éste se había apoderado del partido liberal para ponerlo al servicio del pueblo. Además, era inminente su elección como Presidente de la República.
Después del crimen, los verdaderos liberales gaitanistas fueron mermados a sangre y fuego durante los siguientes años, lo que generó que muchos de ellos se organizaran para resistir y, más adelante, con la influencia del Partido Comunista se convirtieran en las FARC.
Los dirigentes liberales se coaligaron con los conservadores desde 1957 para impedir cualquier resurgimiento de la rebelión. Le llamaron «Frente Nacional».
Paralelamente, utilizaron a Alfonso López Michelsen con su Movimiento Revolucionario Liberal MRL para canalizar y controlar a los liberales gaitanistas y a los comunistas que no se fueron para el monte.
Simultáneamente apareció el único movimiento político que no estuvo de acuerdo con la lucha armada que se denominó el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR.
En 1970, el inconformismo y la rebeldía buscaron otros canales de expresión apoyando al General Rojas Pinilla a quien le robaron las elecciones mediante el fraude y, entonces, apareció el Movimiento 19 de abril M19.
Durante las dos décadas siguientes el movimiento social y popular se fortalece en muchas regiones y ciudades de Colombia. Surgen infinidad de movimientos cívicos por todo el país y las diversas fuerzas insurgentes mantienen y amplían su presencia en muchos territorios (FARC, ELN, M19, EPL, Quintín Lame y otros grupos).
En 1990 la oligarquía impulsa procesos de paz con algunas guerrillas (M19, EPL, MAQL, PRT, CRS) y se convoca la Asamblea Constituyente de 1991 prometiendo la democratización del país. Su plan fue aplicar el primer paquete neoliberal (apertura económica y privatización de empresas públicas) usando la cobertura de ese proceso. Lo logran totalmente, engañando al pueblo con leyes y normas que nunca se cumplen.
En 2002 la oligarquía se unifica alrededor de Álvaro Uribe Vélez, después del fracaso de los diálogos del Caguán con las FARC (1998), para intentar la derrota militar de las guerrillas que no habían participado en los anteriores acuerdos. Los insurgentes habían logrado fortalecer sus fuerzas -especialmente en lo logístico y militar- aprovechando la existencia del narcotráfico, la minería legal e ilegal y las economías paralelas, que les garantizaban un permanente financiamiento de la actividad subversiva pero habían perdido influencia política debido a la degradación de la guerra que afectó a amplios sectores populares.
En 2012 Juan Manuel Santos, siguiendo las órdenes del gobierno de los EE.UU. encabezado por Barack Obama, quien diseñó un cambio de política frente a Cuba y América Latina, inicia los diálogos de La Habana con las FARC para terminar el conflicto armado.
Finalmente en noviembre de 2016, después de más de 4 años de negociaciones (después de la derrota del Plebiscito) se acuerda una Reforma Constitucional mediante el método del «fast track» (vía rápida en el Congreso Nacional) y las FARC inician su proceso de desmovilización.
El momento actual y las alternativas políticas a la vista
En los últimos 27 años la nación colombiana ha acumulado una serie de problemas que son resultado del modelo de desarrollo imperante. Se destacan los siguientes: la apropiación monopólica de la riqueza nacional por poderosos conglomerados capitalistas transnacionales, la desindustrialización y la reprimarización del aparato productivo, la destrucción de importantes recursos naturales y de fuentes hídricas, la quiebra fiscal del Estado y la descomposición del mismo por efecto de la corrupción político-administrativa, la inmensa desigualdad social y económica, la delincuencia y la inseguridad disparadas a todos los niveles que están asociadas al desempleo y la pobreza que afecta a amplios sectores de la población rural y urbana.
Como consecuencia de lo anterior, existe una fuerte y generalizada percepción entre la ciudadanía que se requieren cambios sustanciales para reencauzar al país en la búsqueda de bienestar para las mayorías de la población; mucho más cuando estamos a un paso del fin del conflicto armado con las guerrillas insurgentes.
Es por ello que en las elecciones de 2018 se definirán dos aspectos fundamentales que están totalmente relacionados: a) la derrota política de los enemigos declarados y camuflados de la terminación del conflicto armado, y b) la derrota de los políticos clientelistas y corruptos. Estos son sectores políticos imbricados, superpuestos, solapados y entrelazados, que quieren mantenerse en el gobierno para aplicar el segundo paquete neoliberal (entrega de territorios, zonas francas y turísticas, riquezas naturales, biodiversidad y mercados al gran capital transnacional).
Las burguesías (transnacional, burocrática y emergente) quieren repetir la experiencia de 1991, en donde a la sombra del «proceso de paz» mantuvieron su poder político atrayéndose a la izquierda y a los movimientos políticos organizados por los insurgentes desmovilizados pero sin ceder en aspectos estructurales (modelo económico y estructura del Estado), como lo demostraron a lo largo de la negociación con las FARC.
Sin embargo, todo apunta a que ésta vez esa fórmula no les va a funcionar. A pesar de contar con la ayuda indirecta de los terratenientes reaccionarios y otros sectores guerreristas que amenazan con sabotear y desconocer los «acuerdos de paz», ha surgido un movimiento político («alianza anti-corrupción»), que representa principalmente a los sectores más avanzados de los trabajadores y de las clases medias de las ciudades. Las fuerzas que lo integran se han deslindado de las fuerzas «santistas» y «uribistas» para elegir en 2018 un gobierno que impulse una verdadera democratización del país, se cumplan y desarrollen plenamente los acuerdos con las FARC y se inicie un proceso de transformación del país que sea soporte de una verdadera paz.
La necesidad de un debate abierto y tranquilo
Hoy se ha empezado a desarrollar un debate al interior de las fuerzas democráticas y de izquierda -no tan abierto ni con la seriedad y ecuanimidad que requiere el momento- sobre la estrategia a impulsar. Diversos artículos de prensa han empezado a circular y a plantear las diversas opiniones sobre este importante asunto.
Quienes sobredimensionan el peligro de que el «uribismo» regrese al gobierno plantean que hay que constituir una alianza con sectores políticos del establecimiento (liberales, de la U, conservadores, etc.) para darle continuidad al proceso de paz.
Quienes aspiran a derrotar simultáneamente a «santistas» y «uribistas» argumentan que existen las mejores condiciones políticas para vencer plenamente a todos los políticos corruptos, ganándose a todas las fuerzas sanas de la Nación y motivando a los amplios sectores abstencionistas. Ellos están convencidos que esa tarea es la única garantía de cumplir plenamente los acuerdos de paz y avanzar por nuevos caminos.
Este debate debe profundizarse y aclararse. Hay que organizar foros donde representantes de amplios y diversos sectores políticos se encuentren y discutan de cara a la sociedad. Se debe hacer con apertura mental y respeto mutuo, sin rencores y cobros de cuentas pasadas, con espíritu de verdadero entendimiento, sin sectarismos ni revanchismos innecesarios. Sólo así podremos avanzar por caminos de unidad o de disenso civilizado.
Seguir por la senda de los ataques arteros reviviendo rivalidades y enfrentamientos del pasado, no es la actitud consecuente de quienes dicen estar comprometidos con la paz y la reconciliación.
Blog del autor: https://aranandoelcieloyarando
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